El Gobierno de Honduras ajustó 530 presuntos pandilleros capturados desde diciembre, con operativos similares a las polémicas, pero necesarias redadas barriales impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

En Honduras dos pandillas se dividen el territorio: Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Imponen sus reglas y obtienen dinero con drogas, sicariato, extorsiones y otros delitos.

Para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en esa nación un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en su vecino El Salvador.

El 31 de marzo la presidenta hondureña, Xiomara Castro, encabezó una reunión con jefes castrenses y los titulares del Congreso y la Corte Suprema, en la que decidieron instrumentar una “segunda etapa” de la cruzada antipandillas, con despliegue de militares en las calles.

Ahora, “Ejército, Fuerza Aérea y Naval colaborarán de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad” junto a la policía, dijo entonces el gobierno en un comunicado.

Crisis carcelaria

Las acciones del gobierno tuvieron una reacción. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.

Como respuesta, Castro ordenó una intervención que incluye un “desarme real” y combate judicial a las autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar a los establecimientos fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.

Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el Gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales.

Sin embargo, los enfrentamientos se han estado repitiendo casi a diario en diferentes penales, con una veintena de heridos en los incidentes.

Bukele, por su parte, ha encarcelado a más de 67.000 pandilleros, con redadas que abarcan municipios completos, donde policías y militares montan cerco por días o semanas. Sin embargo, sus métodos son criticados por la Iglesia Católica, la ONU, la prensa y organismos de derechos humanos. Lo que estas organizaciones no ponen el relieve son los derechos de las miles de víctimas a manos de los delincuentes.

En Honduras la campaña antipandillas no tiene ese mismo alcance y cosecha modestos frutos hasta ahora, según expertos. “Más de 530 miembros de estructuras delictivas organizadas han sido capturados durante los primeros meses del año”, dijo el portavoz de la unidad policial antipandillas, Mario Fu.

El estado de excepción fue inicialmente decretado por un mes, pero ha sido prorrogado sucesivamente ante los “buenos resultados”.

Originalmente la medida regiría en barrios de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, pero fue extendida a 123 de los 298 municipios del país.