El Gobierno de Gabriel Boric no logra levantar cabeza

El Gobierno de Gabriel Boric no logra levantar cabeza

Gabriel Boric durante una reunión con funcionarios en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. GOBIERNO DE CHILE

– La Administración de izquierdas ha sufrido dos derrotas electorales en menos de un año y enfrenta un gran escándalo de presunta corrupción en las filas oficialistas

El Gobierno de Gabriel Boric no solo tuvo una compleja instalación desde que llegó a La Moneda en marzo de 2022, sino que lo que ha seguido –sus primeros 16 meses– no ha sido mejor. La Administración de izquierdas, que no tiene mayoría en el Parlamento y que está apoyada en dos bloques, no logra recuperarse de un golpe cuando viene el otro. En septiembre del año pasado, un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución que el oficialismo apoyaba.

En mayo, el Partido Republicano, de la derecha conservadora, obtuvo un 35% de la votación y se quedó con la mayoría de los puestos del Consejo Constitucional que redacta una nueva Constitución. Todavía no se reponía políticamente de esta segundo derrota electoral, cuando se desató un nuevo incendio: un escándalo por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco que impactan a Revolución Democrática (RD), la principal fuerza del conjunto de partidos y movimientos del Frente Amplio, del presidente. El Gobierno de Boric, en definitiva, no logra levantar cabeza.

En la trama está involucrada una diputada, el que era su novio, el que fue su asesor y, entre los caídos, está la número dos del ministerio de Vivienda, todos militantes del RD. No es el partido del presidente Boric, que milita en Convergencia Social, pero esta fuerza política está liderada por el ministro Giorgio Jackson, un “compañero de ruta” del mandatario y parte de su círculo estrecho.

La Fiscalía investiga los delitos, la derecha pide cabezas y la Contraloría ha ingresado este jueves a la escena, con la orden de paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y las fundaciones, en una decisión categórica. Fue donde se originó el escándalo: el ministerio de Vivienda, en su secretaría regional de Antofagasta, en el norte del país, asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, ligada a RD y al círculo de la diputada. El dinero estaba destinado, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región, una zona fuertemente impactada por los problemas de vivienda.

Desde el punto de vista político, el problema mayor de esta trama radica en haber puesto en crisis al núcleo del presidente –el Frente Amplio– y la promesa de honestidad con que irrumpió en la política chilena hace menos de una década. “Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió”, decía Jackson hace menos de un año. Boric, ahora, ha sido claro: que caigan los que tienen que caer. Pero ni el manejo de la crisis por parte del Gobierno ni la conducta del partido involucrado, RD, han ayudado a circunscribir los hechos a Antofagasta y a un caso en particular. En pocos días, por ejemplo, esta formación política pasó de la defensa corporativa a una casa de brujas que impacta de lleno en una Administración que todavía ni siquiera llega a la mitad del mandato.

Tampoco ayudan al Gobierno frases como la del diputado Gonzalo Winter, del partido del presidente y muy cercano a él. “Ningún partido puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo”, dijo el parlamentario.

Lo que viene no parece auspicioso. En el Ejecutivo chileno se reconoce que la reforma tributaria –indispensable para el Gobierno, como bien aseguró Boric, en su Cuenta Pública ante el Congreso el 1º de junio–, está cuesta arriba. La investigación sobre los dineros entregados a la Fundación Democracia Viva han encendido el debate sobre el buen uso de los recursos fiscales. La oposición, a diferencia de 2022, no está retraída. Los resultados electorales de septiembre y de mayo pasado han fortalecido a las derechas, que se han mostrado categóricas en rechazar una reforma tributaria como la que busca el Gobierno.

Sin propuestas concretas para impulsar el crecimiento y ante la deficiente situación económica –Chile crecería entre 0,5% y 0,25% este año, según las últimas proyecciones entregadas por el Banco Central– tanto la derecha como el empresariado no dejan espacio al Gobierno y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha llevado adelante las negociaciones.

En el Congreso, en tanto, la oposición lograría botar al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que enfrenta una acusación constitucional que busca su destitución. Lo responsabilizan de la crisis educativa. De no sacarlo antes del Gobierno –como sucedió en enero pasado con la ministra de Justicia, Marcela Ríos– sería la primera acusación constitucional exitosa contra un ministro de Boric. La Moneda intenta mover todos sus hilos para evitar la destitución del profesor, pero se reconocen las grandes dificultades para lograrlo.

Mientras los chilenos observan un nuevo escándalo de parte de sus líderes –las tramas de estas características no han dejado se explotar desde los años 2000– no resulta evidente la fuerza que pueda capitalizar esta nueva trama. Salvo, claro, los que todavía no han estado en la primera línea del Poder Ejecutivo, como el Partido Republicano de José Antonio Kast.

De acuerdo a la encuestadora Cadem, difundida el fin de semana, la aprobación del presidente Boric ha caído por tercera semana consecutiva, llegando a 28%, mientras la desaprobación se mantiene en 65%. Según el mismo sondeo, un 50% supo o escuchó hablar sobre el caso de la Fundación Democracia Viva, un 86% cree que hay corrupción, mientras que 9% piensa que es un error administrativo. Además, de acuerdo a la consultora, un 78% desaprueba la forma en cómo el Gobierno ha gestionando esta crisis.

Es un cuadro desfavorable para la Administración chilena que difícilmente logre sacar adelante proyectos importantes al menos hasta fin de año. La oposición aguanta el aire a la espera del plebiscito constitucional de salida del 17 de diciembre que, sin embargo, tiene un resultado incierto. No sería raro que la ciudadanía –como han mostrado las encuestas– nuevamente rechace la propuesta de nueva Constitución.