La estampa de las fuerzas del orden en Perú es en los últimos días la de la Policía de Extranjería, apostada en los principales accesos a Lima, pidiéndoles documentos a los peruanos de las regiones como si fuesen extranjeros en su propio país. En otra escena se les ha visto formando batallones multitudinarios que recorren diversas avenidas de la capital para hacer gala de su poderío, aunque los uniformados sostengan que solo están practicando para el desfile cívico militar de Fiestas Patrias. La tercera toma de Lima, una marcha anunciada para el miércoles 19 de julio, marcará el retorno de las movilizaciones sociales y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya ha dado señales de temor e inquietud.

Desde mediados de junio, la presidenta de la República, sus ministros y las Fuerzas Armadas han difundido un discurso para deslegitimar las protestas que van desde razones económicas hasta insistir en el fantasma del terruqueo, ese dispositivo político que busca, sin pruebas, endosar a los adversarios políticos afinidad con prácticas terroristas y que según el historiador José Carlos Agüero “enajena a las personas y las hace baleables”. La escalada comenzó con una frase que, seguramente, formará parte de la antología de Dina Boluarte en Palacio: “¿Cuántas muertes más quieren? ¡Por amor de Dios!”, dijo durante una visita de su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Luego le tocó el turno al ministro del Interior, Vicente Romero, quien ha minimizado la indignación de las calles, con un argumento que también defiende el empresariado: que la economía no debe parar. “Más del 90% de la población quiere trabajar. Hay organizaciones que están detrás de esta nueva Toma de Lima, pero ya la propia población no responde”. Por su parte, Jorge Chávez, titular de Defensa, ha recurrido a la catadura moral de la población para predecir su fracaso: “Soy un convencido de que los ciudadanos de bien no se van a prestar a ello”.

Los altos mandos de la Policía Nacional han sido más radicales: por un lado, señalan que el cambio de Constitución es una demanda que originalmente surgió del grupo terrorista Sendero Luminoso y por el otro, infunden miedo en quienes manifestarán su descontento la próxima semana, asegurando que habrán infiltrados en la turba. “El cambio de Constitución, para que quede claro, sale de Sendero.

Ellos han ido acuñando esa frase en la mente de las personas. Hoy mucha gente lo reclama, pero no sabe de dónde viene eso”, ha señalado José Zavala, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). A su vez, Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ha comunicado sus certezas sin pestañear: “Tengan mucho cuidado por los que están a su costado, porque ya está comprobada la participación de miembros de Sendero Luminoso. No es terruqueo, con mucho profesionalismo lo decimos”.

En las redes sociales circula una campaña que hace eco de estas afirmaciones bajo el lema “este 19 chapa tu terruco. Ayuda a tu Policía Nacional”. En el afiche instan a filmar y fotografiar a “todos los revoltosos, terroristas, destructores de los bienes del Estado y la propiedad privada”. Pero también se trata de recursos. Hace poco se aprobó la transferencia de 12.2 millones de soles (unos 3,4 millones de dólares) del Ministerio de Economía y Finanzas hacia las Fuerzas Armadas para “impulsar la reactivación económica”. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, se trata “de una inyección económica para pagar los servicios prestados en los operativos relacionados por las marchas”.

Desde la región de Apurímac, el sociólogo Roberto Huaraca Altamirano, delegado del Comité Nacional Unificado de Lucha de Perú (CONULP), una de las organizaciones que se sumará a la marcha, sostiene que el terruqueo tiene un fin: que el Estado justifique crímenes. “No se puede matar así nomás, la justificación perfecta es que son terroristas. Ahora, ¿en la vida real existe esa presencia? No. Sendero fue derrotado en los noventas. Y si en la selva aún existen remanentes, es porque el Estado los necesita. Pero no tienen ideología y están dedicados al narcotráfico”, mantiene.

Según la Defensoría del Pueblo, la convulsión de los primeros meses de mandato de Dina Boluarte dejó un saldo 49 civiles muertos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, otros 11 civiles que fallecieron debido al bloqueo de carreteras, y siete militares y un policía que perdieron la vida en el contexto del conflicto. Aun con la pérdida de 68 vidas e informes lapidarios de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este Gobierno se ha mantenido en pie pese al clamor de la ciudadanía de un adelanto de elecciones generales. Acaso ese sea el único pedido en el que coincide la oposición: que Boluarte se quite la cinta presidencial y sea juzgada por su responsabilidad política como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, junto a los implicados.

No hay una agenda única en las calles. Es más, las divisiones se ven a leguas. Hay quienes piden la liberación de Pedro Castillo, alegando que su autogolpe de Estado del 7 de diciembre no se consumó y que el Congreso aprobó su vacancia con menos votos de los que dicta la ley. Otros tienen la consigna de que los actuales parlamentarios deben dejar curules e impulsan una Asamblea Constituyente.

También marcharán quienes rechazan las privatizaciones de las empresas nacionales y, además, exigen la salida de las tropas militares de los Estados Unidos que realizan “actividades de cooperación y entrenamiento” con las Fuerzas Armadas de Perú. Esa contraposición de ideales podría debilitar e incluso desmoronar la protesta. Pero el politólogo Omar Coronel explica que por encima de todo se debe priorizar la democracia. “Armar frentes nunca es fácil, pero es menos difícil cuando hay conciencia tanto de las diferencias como de las decisivas convergencias”.

A mitad de semana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió sus actividades presenciales hasta nuevo aviso. Su justificación: “Medidas de seguridad y en prevención de contingencias”. En enero pasado, estudiantes de esta universidad pública acogieron en el campus a cientos de manifestantes, provenientes de las regiones. A los días un contingente policial ingresó con tanquetas, en una detención masiva, donde no se les encontró ningún arma que pudiese incriminarlos.

Lo cierto es que el viernes por la tarde, un nutrido grupo de universitarios tomó San Marcos en rechazo a la disposición de la rectora Jeri Ramón, realizando pintadas en las facultades que, de alguna forma, significan el pistoletazo inicial de las movilizaciones. “¡Abajo el Gobierno central! ¡Ni tibios ni fachos! ¡San Marcos es del pueblo!”, son algunas de ellas

Concluye una semana movida para el Ejecutivo que inició con la reunión de líderes del grupo radical de ultraderecha La Resistencia con el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, en la sede del Ministerio. La Resistencia ha protagonizado diversos ataques hacia periodistas, miembros de ONG, autoridades electorales y grupos de izquierda. Uno de los más fétidos: el mes pasado le arrojaron bolsas con excremento al local del Instituto de Defensa Legal (IDL), en Lima. El encuentro produjo despidos y renuncias de algunas cabezas del Ministerio de Cultura, mas no de su principal autoridad, Leslie Urteaga. Para algunos analistas es un mensaje de provocación e impunidad de parte del gobierno.

El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dio una declaraciones confusas el último viernes, en las que desmarca al Ejecutivo de las protestas, pese a ser el Gobierno el responsable del control civil sobre las Fuerzas del orden. “Invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo”, afirmó. Ante esta invocación ha brotado una contracampaña llamada “Movilízate sin miedo” con un hashtag #nomásmuertosporprotestar. Los ojos dela comunidad internacional estarán nuevamente puestos en Perú el miércoles 19.