La masacre en la cárcel conocida como Guayas 1 llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar en emergencia por 60 días el sistema penitenciario.

Desde febrero de 2021, más de 420 reclusos han sido asesinados en medio de violentos enfrentamientos que dejan escenas de cuerpos decapitados e incinerados.

A la par del operativo en Guayaquil se desataron focos de violencia en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y su capital del mismo nombre.

El gobierno lo atribuyó a su combate contra los grupos criminales que operan desde las prisiones y se disputan las rutas para el narcotráfico.

“El estado de excepción en los centros de privación de libertad para enfrentar al crimen organizado y poner orden en las cárceles ha generado la reacción de grupos delictivos en Esmeraldas”, señaló la Secretaría General de Comunicación (Segcom) en un comunicado.

Reclusos de Esmeraldas protagonizaron este martes un amotinamiento que deja “15 guardias y dos funcionarios administrativos retenidos”, según la Segcom.

¿No hay control a grupos criminales?

Alertas de bomba en gasolineras y un artefacto explosivo desactivado en una sede de la Fiscalía llevaron al gobierno local a suspender la jornada laboral y escolar en la ciudad de Esmeraldas, de 220.000 habitantes.

Reportes de medios locales mostraban negocios cerrados y personas movilizándose a pie por falta de transporte.

El gobierno también informó de un bus y dos vehículos incinerados en las vías. Delincuentes tomaron una cantidad no especificada de rehenes, que luego fueron liberados gracias a la acción de la policía.

“Esmeraldas viene convirtiéndose en un régimen de gobernanza criminal desde hace mucho tiempo, ahí hay un control directo y abierto de grupos criminales”, dijo a la AFP Luis Córdova, director del centro de investigación sobre conflicto y violencia de la estatal Universidad Central.

Guayaquil, por otro lado, “se convirtió en un epicentro de violencia que llamó la atención a muchos en los dos últimos años por la ciudad y como puerto”, explicó Córdova.

Con salida al Pacífico, Guayaquil es centro de operaciones del narcotráfico en Ecuador, un país ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.

Desde mayo de 2021, cuando asumió Lasso, el país lleva decomisadas 455 toneladas de drogas. Ese año se registró el récord anual de incautaciones de estupefacientes, unas 210 toneladas.

Los familiares aclaman la paz

A raíz del enfrentamiento en la cárcel Guayas 1, más de un centenar de guías penitenciarios fueron retenidos en cinco prisiones del país. El balance más reciente del gobierno señala que 120 de 137 agentes de seguridad penitenciaria fueron liberados.

Los reclusos de 13 centros carcelarios que el domingo se declararon en huelga de hambre pusieron fin a la medida.

En Guayaquil, familiares clamaban por información este martes. Algunos llevaban globos blancos con la leyenda “Queremos paz”. Su temor es que los reclusos sean cambiados de celda o de prisión, lo que en el pasado ha desatado choques violentos en los centros penitenciarios.

“No queremos traslados, no queremos más muertes”, expresó una mujer que buscaba a su esposo y pidió omitir su nombre.

El Observatorio de Prisiones, una red de académicos e investigadores, criticó en la red social X las medidas de Lasso.

“La militarización de las prisiones no es otra cosa que hacer del sufrimiento humano un espectáculo político”, agregó la organización, que busca la defensa de los derechos humanos para los reclusos.

Un reciente censo estableció que en las 36 cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas, hay una población de 31.321 presos. La mayoría están por narcotráfico.