Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia en vísperas de sus presidenciales

Ecuador enfrenta una creciente ola de violencia en vísperas de sus presidenciales

Soldados vigilan a presos durante un operativo en la Penitenciaría del Litoral.

Ecuador, actualmente considerado el segundo país con mayor criminalidad de Sudamérica, reeditó una sangrienta semana que inició el pasado domingo 23 de julio, cuando Agustín Intriago, alcalde de Manta, una turística ciudad costera del país, fue asesinado a tiros por la espalda cuando asistía a la inauguración de un evento deportivo.

Para el saliente presidente, Guillermo Lasso, lo ocurrido “marca un antes y un después para el Ecuador porque el crimen organizado pretende imponerse sobre la autoridad”. Lo cierto es que este recrudecimiento de la ola violenta sucede a pocas semanas de que los ecuatorianos acudan a las urnas.

La cita para elegir a un nuevo mandatario es el próximo 20 de agosto y el reto es cómo enfrentar la violencia y recuperar la paz en el convulsionado Ecuador. Este es el eje central de la oferta electoral que ocupan las ocho fórmulas para las elecciones presidenciales.

Y es que el panorama no es nada alentador. Un par de días antes del asesinato de Intriago, las fotos y videos de los cuerpos de dos policías, aun sangrando con heridas de proyectiles en la cabeza y tórax y que fueron atacados mientras desayunaban en un local, circularon viralmente el 21 de julio en todas las redes sociales como parte de la rutina criminal que vive diariamente el país.

A su vez, las macabras escenas de un nuevo enfrentamiento carcelario en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil donde reclusos decapitaban a otros, dejando un saldo de 31 muertos y la retención de al menos 100 guías penitenciarios en diferentes centros de detención, evidenciaban, una vez más, la falta de control del Estado, que ha permitido la muerte de cerca de 500 privados de libertad en los últimos dos años.

Es por esto por lo que muchos ecuatorianos claman por una “mano dura al estilo Bukele” para luchar contra la criminalidad asentada a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.

El primer desafío que tendrá el próximo gobierno será frenar el flujo del tráfico de drogas a través del territorio ecuatoriano, cuya dimensión se evidencia en las 201 toneladas incautadas durante el 2022, cifra que será superada este año, según las proyecciones oficiales.

Además, lograr el control del microtráfico, que ha inundado los barrios populares y centros educativos, frenar las extorsiones y las vacunas a comerciantes y particulares, controlar las cárceles, actualmente en manos de los grupos narcodelictivos, detectar y enfrentar la contaminación del narcotráfico en instituciones uniformadas, judiciales y otras estatales, y luchar contra la corrupción.

Ciudadanos como Genaro Alvear cuestionan al saliente mandatario Lasso por su “ineficiente” gestión y poca fortaleza para frenar la ola delictiva.

Alvear, padre de dos hijos que se alistan para migrar a Europa por la falta de oportunidades, considera que el mandatario se ha limitado a decretar infructuosos estados de excepción y ni siquiera ha comprendido que el antes y después del Ecuador se marcó con la muerte de los tres periodistas de El Comercio tras su secuestro (2018) por parte de un grupo armado de Colombia.

“Ese evento conmovió al Ecuador, pero también marcó el fin de una época del Ecuador de paz y el inicio de una escalada de violencia que develó la presencia de grupos delictivos y mafias extranjeras que ha destrozado nuestro país, nos ha marcado mundialmente como uno de los países más inseguros porque ahora las masacres y los muertos se cuentan por decenas”, resaltó.

Desde la mirada del Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo Jaramillo, asegura que la violencia en Ecuador “está institucionalizada” porque hay “una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos donde la inconducta ahora es algo normal”.

Por su parte, analistas como Fernando Carrión señalan que el narcotráfico es uno de los principales ejes de aumento de la violencia en ciertas zonas de la costa, donde se traslada y exporta droga.

Mientras que el jurista Ramiro García, por su parte, cita la tasa del 24,7 por ciento de pobreza en Ecuador como causa de desesperanza y frustración que lleva a la delincuencia y con las que llegarán los ecuatorianos a las urnas en tres semanas.

“La falta de oportunidades por el alto índice de desempleo, la falta de educación, la limitada infraestructura, la corrupción y la situación geográfica del Ecuador que ha facilitado el tráfico de drogas son elementos que han abonado para el aumento de la violencia y la inseguridad. Esto es una reedición del Medellín de los 90. Grupos de criminalidad organizada empeñados en doblegar a un Estado débil e indolente”, analizó García

Los datos estadísticos policiales, a los que tuvo acceso este medio, puntualizan un incremento del 98 por ciento en los índices de violencia criminal.

De enero al 25 de julio del año en curso, se han registrado 3.777 asesinatos, la mayoría por sicariato, ajustes de cuentas y enfrentamientos por el control del territorio para el narcotráfico y microtráfico.

Los ‘Lobos’, ‘Tiguerones’, ‘R7’, ‘Choneros’, ‘Gansters’, ‘Fatales’, ‘Lagartos’, ‘Killers’ son algunos de los grupos criminales cuyos líderes, en la última semana, aparecieron en sendas declaraciones desde las cárceles ofreciendo pactos de paz para evitar el desangre del país.

Los diagnósticos y las advertencias de la academia, analistas y especialistas no han encontrado oídos receptivos en el poder político en el gobierno nacional y por eso las condiciones de seguridad siguen deterioradas en el país y la violencia crece y se expande en el territorio, según lo señala el catedrático y experto en seguridad Luis Córdova.

Todo esto, según el analista, por una alianza criminal que “ha infiltrado hasta la médula a las fuerzas de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas”, pese a esto, el Gobierno mantiene en esas manos el diseño y estrategia de seguridad, en lugar de supervisarlas y exigirles rendición de cuentas.

Córdova no deja de destacar el “encubrimiento de funcionarios estatales, jueces y fiscales” como parte de la problemática, y enfatiza como factor añadido la falta de control en los flujos financieros de lavado de activos.

“¿Con qué plata compran las armas, municiones, bombas, contratan sicarios, etcétera?, con el dinero que proviene de sus economías ilícitas. Pero ¿cómo consiguen ese dinero las personas que están dentro de las cárceles? La evidencia periodística señala que ese dinero fluye a través del sistema financiero”, resalta.

En todo caso, las elecciones están convocadas para el próximo domingo 20 de agosto y, con una segunda vuelta prevista para el 15 de octubre entre los dos candidatos más votados si ninguno logra más del 40 por ciento de los sufragios y una diferencia de al menos diez puntos sobre el resto.

Para estos comicios se han presentado el líder de izquierda y ambientalista Yaku Pérez; Luisa González, de Revolución Ciudadana (que lidera el expresidente Rafael Correa); Xavier Hervas, del grupo Reto, y el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, de Suma.

También el periodista y exasambleísta Fernando Villavicencio, del movimiento Construye; el abogado Bolívar Armijos, del grupo Amigo, y el empresario y exasambleísta Daniel Noboa (hijo del magnate bananero Álvaro Noboa) de Alianza Democrática Nacional (ADN); y Jan Topic, del Partido Social Cristiano. El ganador completará el periodo 2021-2025.