El debate en Colombia pasa de lo político a lo judicial

El debate en Colombia pasa de lo político a lo judicial

Gustavo Petro en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, Colombia. SEBASTIAN BARROS (GETTY IMAGES)

– El presidente Gustavo Petro aprovecha el acuerdo de Aval sobre Odebrecht para señalar que otros políticos recibieron financiación de un grupo comprometido en hechos de corrupción, mientras surgen acusaciones del apoyo de un narcotraficante a su campaña

“Bonita manera de intentar ocultar las confesiones del principal grupo económico del país sobornando políticos. No es con nuestra honra señores de Noticias Caracol”, escribió en la noche del domingo el presidente Gustavo Petro.

El presidente tuitero respondía así a un informe de investigación del noticiero más visto de Colombia, que muestra que la pareja de un narcotraficante impulsó su campaña presidencial en el departamento del Casanare, en las llanuras del oriente del país. Petro ha quedado golpeado desde que su primogénito señaló la existencia de ingresos no reportados a esa misma campaña, en la costa Caribe. Pero menos de 12 horas antes del informe de Noticias Caracol había pasado a la ofensiva: tras el acuerdo entre el poderoso Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos en la que el conglomerado acepta su responsabilidad en el pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht, el presidente había dicho también en Twitter: “A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos.”

El informe de Noticias Caracol es claro. La noche previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en mayo de 2022, se realizó un evento de dos horas en favor de Petro en una vivienda a las afueras de Yopal‚ la capital de Casanare. En el evento, en el que se pedía el voto por el hoy presidente, los organizadores agradecieron entre otras personas a “Sandra Navarro”. Tres semanas después, las autoridades capturaron en esa misma casa a Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, quien había sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico una década antes. Había regresado al país en 2015 y estaba siendo investigado en Colombia por continuar con su negocio ilícito. López negoció con la justicia y aceptó los cargos, por lo que en marzo fue condenado a 15 años de prisión. Su pareja es Sandra Navarro Trujillo, quien también fue capturada, pero quedó en libertad.

Navarro y su hermana Angélica formaron parte de los comités de la Colombia Humana, la coalición de partidos y movimientos políticos que avaló la candidatura de Petro, durante la campaña. Su gran aliado era Fabio Vargas, quien había actuado como vocero de la Colombia Humana en el departamento en 2021. Noticias Caracol reveló videos de Vargas en fiestas en la misma casa, con López y Navarro, en las que queda claro que eran celebraciones políticas en las que cantantes vallenatos lanzaban proclamas de apoyo a Petro. De hecho, el noticiero también revela un audio en el que Vargas es recriminado por haber acercado a Sandra Navarro a la campaña, y él responde defendiendo la inocencia de su amiga.

Petro respondió con varios argumentos. Dijo que él no hizo una manifestación en Yopal, algo que no afirma Noticias Caracol. Asegura que la encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro. También que la junta nacional del movimiento suspendió la asamblea del movimiento en esa ciudad en febrero de 2023, nueve meses después de la fiesta, ante las denuncias de que sería infiltrada por políticos de derecha y narcotraficantes. Por último, afirmó que la campaña nunca recibió aportes en ese departamento. En todo caso, esta situación pone la lupa sobre la complejidad de las elecciones en Colombia. Como explicaba recientemente la experta en temas electorales Alejandra Barrios a este diario, en una campaña presidencial es prácticamente imposible hacerle seguimiento a muchos aportes hechos en efectivo o en bienes, y los candidatos no pueden saber todo lo que ocurre a su favor o en su contra.

Más allá de eso, el caso entra en un terreno judicial que ya estaba marcado por las denuncias contra Petro por las revelaciones de su hijo, por lo que ya hay una investigación en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como por las pesquisas del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de su campaña. El presidente designó un penalista para afrontar cualquier investigación en su contra. Los golpes que ha dado y ha recibido muestran que la política, como tantas veces en Colombia, depende de nuevo de lo jurídico. El mismo Petro parece tenerlo tan claro que su mensaje sobre Odebrecht venía acompañado de la propuesta de una reforma a la justicia, lo que en un Gobierno cuya principal apuesta han sido las modificaciones normativas (a la salud, los impuestos, la educación superior o las pensiones) promete reavivar un debate sobre el funcionamiento de la rama judicial que fue central en los dos Gobiernos anteriores y no llegó a ninguna parte. Petro también ha reiterado que uno de sus grandes logros ha sido presentar una aplaudida terna de mujeres para reemplazar a Francisco Barbosa, su gran crítico, en la Fiscalía General.

Que el debate pase de lo político a lo judicial es mala noticia para un mandatario, más si su empeño es transformar a un país. Incluso si los casos no son sobre el Gobierno o el presidente, crean zozobra. Y si sí lo son, le restan margen de gobernabilidad. Más cuando el Gobierno está tan golpeado como el de Petro, como reveló no solo su discurso del simbólico 7 de agosto sino la decisión de los miembros de su Gabinete de leer ese día una carta pública en la que le mostraban su apoyo. El hecho de que los subalternos recuerden que están del lado del jefe que los designa y los remueve a discreción -hecho que se debería dar por sentado- es, al final, una muestra de fragilidad.