• De lo que más se habla en Ecuador es de la inseguridad.

Este 20 de agosto, el país celebra elecciones anticipadas y sus ciudadanos acuden a las urnas en medio una ola de crímenes sin precedentes en lo que alguna vez fue una nación relativamente pacífica.

El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los ocho candidatos a la presidencia, y de otros políticos no ha hecho más que acentuar la percepción de que la violencia está fuera de control.

Pero el país petrolero llega a las elecciones con otros problemas estructurales graves y una imagen presidencial muy gastada tras tan solo dos años y tres meses en el poder.

Cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea en mayo pasado, haciendo uso por primera vez en el país del artículo 148 de la Constitución, conocido de forma coloquial como “muerte cruzada”, la desaprobación de su gestión era -según la consultora local Cedatos- del 64,4%.

Otro sondeo publicado el mes pasado por la consultora Perfiles de Opinión ubicó el rechazo al presidente en un 81,61%.

Estos números pueden explicar, en parte, por qué Lasso no se postuló como candidato a las elecciones de este domingo, aunque la Constitución se lo permitía, y por qué su partido -CREO- no presentó candidatos a la Asamblea.

Pero a qué se debe ese desgaste en un mandato que comenzó, además, con un amplio reconocimiento a nivel nacional por la gestión de la vacunación contra la epidemia de covid-19.

La inseguridad no es la única respuesta. Focalizado en reducir la deuda pública y recuperar el favor de los mercados internacionales, el gobierno de Lasso heredó una situación económica difícil que lejos de mejorar se fue agravando.

Como parte del acuerdo con el FMI del anterior presidente, Lenin Moreno, el país se comprometió a reducir su déficit fiscal por lo que los sucesivos presupuestos han recogido recortes del gasto público y aumentos sustanciales de la recaudación a cargo de la clase media.

Pero el descenso de los recursos petroleros, la caída de la inversión extranjera y un bajo crecimiento económico son factores que dejaron al gobierno de Lasso sin margen de maniobra para hacer frente a los enormes desafíos sociales del país, dicen los expertos.

Como reflejo de esto, a los estallidos de violencia en las cárceles y los crímenes en las calles se sumó una crisis socioeconómica que tiene su principal reflejo en las cifras de pobreza y desempleo.

Pobreza e informalidad

En su último informe a la nación, el presidente destacó que en su gobierno “el Ecuador ha dado un buen ejemplo en el manejo de la economía”.

También subrayó que 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza y que se crearon alrededor de 500.000 empleos.

Pero los números en esta materia siguen siendo preocupantes.

Según el instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en diciembre 2022, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,2% y la pobreza extrema en el 8,2%.

Y, de acuerdo con Unicef, el país es el segundo de América Latina y el Caribe con mayor incidencia de desnutrición crónica infantil con el 27,2%.

El 70% de la población activa, la que está en edad de trabajar, se mueve entre el desempleo y la informalidad, lo que les mantiene lejos del sistema en cuanto a protección y prestaciones sociales.

Es decir, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), solo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal.

Es uno de los niveles más bajos desde 2017 y afecta sobre todo a los jóvenes.

Todo esto ha hecho que la sociedad ecuatoriana se haya vuelto, una vez más, una sociedad dispuesta a migrar, tanto por canales regulares como irregulares.

“Lasso olvidó que en tiempos de estrés, como los de pandemia, hay que usar políticas expansivas que ayuden a la economía, pero él hizo lo contrario. Hubo mucha restricción en obra pública, inversión pública e inversión social”, le dice a BBC Mundo Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA.

“En resumen sus políticas restrictivas lo que han hecho es acentuar la crisis”, añade Albuja, y achaca este error del Ejecutivo a su inexperiencia en la administración pública.

Una crítica que se repite mucho entre los analistas.

Para Luis Córdova Alarcón, director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central de Ecuador, el gran problema de este gobierno ha sido la “improvisación y la falta de implementación del presupuesto”.

Córdova Alarcón pone como ejemplo el Ministerio del Interior, “que apenas ha logrado ejecutar el 8% de su presupuesto anual en este 2023. El año anterior pasó algo muy parecido”.

El profesor y abogado atribuye esto a la falta de gestión pública.

“Tenemos un gobierno que no contaba con un equipo conocedor de la gestión pública. Su llegada desde el sector privado ha dificultado que entiendan la lógica de lo público y del desarrollo de políticas públicas. Por eso no han logrado implementar las políticas”, dice.

“Entre la espada y la pared”

“Cuando asumió el cargo, el plan de Lasso era realmente tratar de consolidar la posición fiscal, reducir la deuda pública y, por lo tanto, estar en una mejor posición en 2025, cuando el calendario y la cuantía de los pagos de la deuda externa suban sustancialmente”, explica Eileen Gavin, analista principal de Mercados Globales y Americas de Verisk Maplecroft.

“Lasso heredó una deuda y una posición fiscal pospandémica bastante complicadas y asumió el cargo comprometiéndose a lidiar con esto”.

“Ha estado entre la espada y la pared tratando de cumplir con todas estas demandas realmente apremiantes en el frente de seguridad, económico y en el social al tiempo que reducía la deuda pública”, añade Gavin en conversación con BBC Mundo.

Y se puede decir que en esto último, Lasso cumplió al reducir el déficit fiscal -según ha indicado el gobierno- de 7.500 millones a menos de 2.000 millones de dólares.

“Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB”, dijo el presidente en su informe a la nación, en el que también destacó que el país terminó 2022 con la segunda inflación más baja de la región (3,7%) y que -según las previsiones del FMI- este año crecerá en un 3%, “un porcentaje que representa casi el doble del promedio regional calculado en 1,7%”.

Pero según Veronica Artola, subdecana de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador, “el tema macroeconómico no ha permeado a las familias”.

Y pone como ejemplo, la reforma tributaria del año pasado, que “cargó mucho a la sociedad y sobre todo a la clase media. Fue un impacto muy fuerte”.

Albuja coincide que el Ejecutivo debería haber bajado los impuestos para estimular la economía, el consumo y la demanda.

“Yo lo compararía con ‘el efecto (Mauricio) Macri’ en Argentina, que por querer estabilizar las cuentas macroeconómicas, causó más prejuicio”, sostiene el analista y de Asesores AAA.

Inversión extranjera y precios del petróleo

Otro de los problemas a los que se enfrenta Ecuador es que la inversión extranjera directa como porcentaje del producto interno bruto, según datos del Banco Mundial, llega solamente al 1% de media en los últimos 20 años.

Comparado con sus vecinos de la región, Colombia y Perú, llegan al 4-5%, Chile al 9% y Panamá se acerca al 10%.

Y lo que podría haber ayudado al país a equilibrar sus cuentas -los precios más altos del petróleo a nivel mundial- solo benefició al país en un corto periodo de tiempo.

“Ecuador ha tenido cierto apoyo de los precios del petróleo para cimentar su liquidez. Pero este año, los precios han vuelto a caer”, recuerda Gavin.

La analista de Verisk Maplecroft añade que también se registraron problemas con la producción de crudo dentro del propio Ecuador que evitaron que el país haya podido aprovechar al máximo los aumentos en la cotización petrolera.

“Además, parte de la producción ecuatoriana va a China en pago de préstamos anteriores firmados bajo el gobierno de (Rafael) Correa. Por lo tanto, el país no puede maximizar completamente su potencial petrolero”, concluye Gavin.

Por eso cree que el nuevo gobierno no podrá tampoco poner en marcha un presupuesto con grandes estímulos.

“El próximo presidente se encontrará con un país sin crecimiento económico, altamente endeudado, con un mercado laboral restringido, y completamente marcado por la migración y la dependencia de las remesas”, ratifica Albuja.

Las remesas, empujadas por la salida masiva de ecuatorianos al exterior, han aumentado en los últimos años.

Si en 2020, el país recibía US$3.200 millones, en 2021 ascendió a US$4.400 millones y en 2022 alcanzó los US$4.800 millones.

Pero mientras los migrantes generaban estos ingresos, la otra cara de la moneda es la crisis económica y el conflicto social que han servido de marco para esa migración.

En junio de 2022, el paro nacional y las protestas contra Lasso, impulsadas entre otros por el movimiento indígena, causaron según el Banco Central del Ecuador (BCE) pérdidas y daños por US$1.115,4 millones.

El futuro

La pregunta que resta hacerse en este contexto en Ecuador es si el país necesitará otro préstamo del FMI.

“Probablemente, si lo necesita. Pero el gobierno saliente era un gobierno minoritario y no tenía apoyo en la Asamblea Nacional. Y, por lo tanto, aprobar cualquiera de las reformas que requeriría el FMI a cambio de otro acuerdo habría sido bastante complicado”, dice Gavin.

Por otro lado hay que recordar que Ecuador ha incumplido con su deuda 11 veces a lo largo de la historia.

El mismo Correa declaró ilegal parte de la deuda contraída con el FMI y se negó a devolverla en 2009 y, por lo tanto, “los inversores en deuda tienen recuerdos muy vívidos de eso”, dice la analista y concluye:

“Toda esta inseguridad, toda esta inestabilidad política es negativa para el sentimiento de los inversores. Es negativo para el comportamiento del consumidor”.

Si Lasso no tenía un apoyo mayoritario en la Asamblea y heredó un país en pandemia con una situación económica compleja, el gobierno entrante tendrá otro problema para enfrentar los desafíos que implican la crisis social y de inseguridad que sufre el país.

La “muerte cruzada” que provocó estas elecciones anticipadas determina que las nuevas autoridades elegidas no comiencen un mandato de cero, sino que terminen el período del presidente que invocó el artículo 148.

Aunque podrán volver a candidatearse, tanto los binomios presidenciales como los asambleístas elegidos este domingo saben que tienen menos de dos años para cambiar esta situación adversa si quieren tener un futuro político, y un país menos convulso.