García Marín coincide: “Es un país que vive fundamentalmente del turismo, pero menos del 20% del territorio cuenta con alcantarillado y apenas entre el 5 y el 10% del agua pasa por una planta de tratamiento. Todo va al mar y los suelos. Todas las comunidades tienen un vertedero, incluso queman la basura a la puerta de la casa. Lo que no pueden quemar, lo echan en cualquier parte”. Un paseo por Santo Domingo o la cercana localidad de San Cristóbal lo confirma. Esta realidad no le es ajena a Indhira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental. “Cualquier dominicano tira basura en cualquier lugar. Es una cuestión de educación ciudadana”, comenta.

Para la viceministra es importantísimo que se avance con el cierre de Duquesa aprovechando la conciencia ciudadana y política que generó el incendio de 2020 y que “todavía no se ha olvidado”. Su ejemplo, opina, servirá para impulsar el cierre y reacondicionamiento de otros vertederos; además de acicate para mejorar los hábitos de separación y reciclaje en los hogares, y de aceptación del pago por la gestión. “Los residuos siempre se han visto como un problema municipal. Y lo municipal, en un país presidencialista, no siempre recibe la atención suficiente”, comenta. Pero en un país tan pequeño [11 millones de habitantes, según el Banco Mundial] y con una población creciente, dice, “cada vez es más difícil esconder la basura donde la gente no la vea”.

El futuro incierto de los haitianos

Como Esterio, un millar de buzos trabajan informalmente en el vertedero realizando una labor de separación de materiales reciclables que no se hace desde los hogares. Y como él, que no tiene opción de trabajar formalmente en otro sector al carecer de documentación en regla, en torno al 80% son también haitianos sin papeles. “Antes se podía vivir aquí [en República Dominicana], pero ahora hay más racismo y sin papeles no puedes salir a la calle”, dice Esterio. El buzo ha oído hablar de los planes de cierre de Duquesa, pero no conoce los detalles. Tiene más preguntas que respuestas y no sabe qué pasará con él y todos los demás. “Va a ser un problema, porque ¿qué haremos? ¿A robar o pasar miseria?”.

“Con el cierre, la gente pierde de lo que vive”, reconoce Falkner, del BID. “El 80% de los recolectores son haitianos, y la mayoría no documentados. La aspiración es asegurar a estas familias una existencia digna: trabajo, sueldo, atención, acceso a salud, educación y una infraestructura básica para vivir”, agrega, sugiriendo la puesta en marcha de formaciones y de “regular el trabajo de reciclaje”. Sin embargo, para que esa formalización laboral sea posible, es necesario regularizar a quienes lo realizan. “Lo primero es hacer un censo y mapeo para ver quién hay y qué trabajo hace”, y avanza, sin detallar, que habrá un programa financiado en parte con una donación del Fondo de la Organización Internacional de las Migraciones para el Desarrollo.

“La planta podrá emplear a algunos de los actuales buzos”, asegura la viceministra. Pero reconoce que no a todos. “El sector del reciclaje tiene muchos actores que los pueden absorber si los capacitamos”, apostilla. Pero rehúsa pronunciarse por los planes específicos para los haitianos que carecen de permiso legal. Cualquier anuncio de un proceso de regularización en el marco del cierre de Duquesa podría levantar polémica.

La migración desde el país vecino es motivo de controversia en República Dominicana. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado a las autoridades de aplicar una política racista y xenófoba. En diciembre de 2022, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades de República Dominicana que redoblasen sus esfuerzos “para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o en la condición de inmigrante” y que “se detuvieran las deportaciones a Haití, dada la crisis humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta aquel país”. Y añadía: “Me preocupa ver que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde la República Dominicana”.

Las autoridades dominicanas han negado todas estas acusaciones. Y en lo concerniente al futuro de los buzos de Duquesa, la viceministra se limita a decir que “el componente social del proyecto va a ser un proceso único en el país”.

El Movimiento Nacional de Recicladores ha tratado de acercarse a los trabajadores de Duquesa para acompañarles en ese proceso de cierre. “Para que las cosas no se les compliquen”, apunta Robinson García, presidente de esta asociación. “El cierre es positivo desde el punto de vista medioambiental, pero hay gente que lleva ahí 20 o 30 años trabajando. Tiene que haber un plan de para una transición justa: ‘Yo te saco del vertedero y esto es lo que vas a hacer ahora’. Es responsabilidad del Gobierno”, añade. “Si no, se resuelve el problema ambiental y se crea otro problema”. La organización se ha ofrecido a las autoridades para ayudar en la formación de los buzos y garantizar esa transición justa. “Que los recicladores sean los socios de la planta de reciclaje, no solo empleados”, es una de sus propuestas. Pero hasta ahora no les han comunicado cuál será su papel, si es que lo tienen.

En su defensa de los trabajadores, la entidad se ha encontrado que los dominicanos y extranjeros con permisos en Duquesa ya están organizados. Los haitianos que no tienen papeles, afirma García, no se pueden sumar al movimiento asociativo. “Tarde o temprano van a enfrentar dificultades y como podamos les vamos a defender. Pero llegará un momento en el que ya no podamos”, lamenta.