La Cancillería chilena define en estas horas la suerte de la embajadora de Chile en Reino Unido del Gobierno de Gabriel Boric, Susana Herrera, enredada por un proyecto por cinco millones de dólares que presentó a la Gobernación del Biobío, en la zona sur del país, para levantar fondos públicos y privados por cinco millones de dólares.

De acuerdo a un reportaje del domingo del periódico chileno La Tercera, la Cancillería frenó esta iniciativa que impulsó Herrera sin seguir los trámites regulares ni informar a sus superiores. Esta nueva polémica sucede en medio del caso Convenios, una trama de corrupción que tiene al oficialismo contra las cuerdas, por traspasos de dineros públicos a fundaciones ligadas principalmente al Frente Amplio, la coalición original del mandatario.

Es una causa que investiga la Fiscalía y que ha provocado la salida de siete funcionarios del Gobierno. Entre ellos, Giorgio Jackson, el principal aliado del presidente, que renunció hace dos viernes a su cargo de ministro de Desarrollo Social.

La decisión del Gobierno está tomada: Herrera, arquitecta y diseñadora de muebles de madera, no tiene ninguna opción de continuar como embajadora, aseguran desde el ministerio. En estas horas solo se definen los términos de su salida, porque el lunes no estuvo disponible para renunciar. Desde que asumió en octubre pasado, ha tenido una gestión polémica, marcada por su falta de experiencia diplomática y formación en relaciones internacionales, en una plaza importante para la política exterior chilena como Londres. En la Cancillería se le describe como una persona cándida, entusiasta, pero que no entiende de política.

Su nombramiento, como todos, es de exclusiva prerrogativa del presidente en ejercicio, que para designarla habría considerado el hecho de ser mujer, de regiones –ella es de Concepción, justamente en la región del Biobío- y que no milita, aunque es cercana a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), un partido pequeño del oficialismo.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, sostuvo este lunes una larga reunión con Herrera en las dependencias del ministerio de Santiago de Chile, liderado por el canciller Alberto van Klaveren. Tras el encuentro, la subsecretaria sostuvo: “Tomaremos una decisión y un curso de acción en las próximas horas”.

El reportaje del fin de semana informó que la embajadora recibió, en primera instancia, una dura advertencia por parte del ministerio de Relaciones Exteriores, para que se inhiba en el futuro de realizar gestiones para reunir recursos ante la Gobernación de Concepción u otras reparticiones del Estado, sin tener una aprobación previa del ministerio y sin que la cartera fuera la intermediaria.

El proyecto de Herrera buscaba la restauración de los terrenos afectados por los incendios en el verano pasado, basándose en la “bioeconomía circular e infraestructura de madera para la formación de capacidades locales sostenibles en la región del Biobío”, informa La Tercera.

La propia Herrera lo calculó en cinco millones de dólares y, entre otros asuntos, incluía un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana. Herrera envío una carta el 13 de junio pasado –tres días antes de que explotara la primera arista del caso Convenios en el norte de Chile– al gobernador Rodrigo Díaz, donde le pedía la entrega de financiamiento.

La embajadora contaba en la misiva que se trataba de una iniciativa trabajada en colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), una fundación creada por el Rey Carlos III y el reputado estudio de arquitectura Zaha Hadid. Lo hizo sin preguntarle a nadie de la Cancillería chilena, saltándose todos los conductos regulares de un ministerio altamente profesional, independiente del Gobierno de turno.

La carta de Herrera tenía el membrete de la embajada y estaba firmada por ella como representante de Chile en el Reino Unido. “Este proyecto puede marcar un hito en la relación entre nuestros países, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los territorios, los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades.

Este enfoque ha sido el núcleo de mi labor como embajadora de Chile en el Reino Unido”, remarca Herrera en la misiva reproducida por el periódico chileno. “Entiendo que un proyecto de esta envergadura y con tal impacto requiere la colaboración de numerosos actores públicos y privados, pero sobre todo de las autoridades regionales. Por esta razón, me permito solicitar su apoyo directo en la búsqueda de financiamiento necesario para hacer realidad esta gran oportunidad para nuestra región”, agrega Herrera en el texto dirigido a Díaz.

El gobierno regional del Biobío, liderado por Díaz, ha estado en la mira de la Contraloría y de la Fiscalía por los millonarios traspasos de recursos públicos a distintas fundaciones.

El proyecto denominado Living Lab Biobío fue diseñado por la propia Herrera junto al biológo marino y consultor ambiental Alberto Fuentes Larenas, lo que llamó la atención de la Cancillería, porque los embajadores son los que habitualmente transmiten a Chile las iniciativas elaboradas por diversas organizaciones, las que se acercan a las misiones diplomáticas en búsqueda de ayuda. No al revés, como ocurrió en esta ocasión. Fue Herrera y Fuentes Larenas los que valorizaron las distintas etapas del proyecto y luego realizaron gestiones ante CBA, el estudio de arquitectos y la Gobernación de Concepción.

“Tiene que renunciar”

La mañana del lunes, antes de la reunión entre Herrera y la subsecretaria De la Fuente, la Cancillería chilena emitió un comunicado: “El Ministerio de Relaciones Exteriores está pendiente del desempeño de sus embajadores y embajadoras, así como del cumplimiento de los objetivos fijados para sus misiones en el exterior. Para llevar adelante un control de gestión, la Cancillería cuenta con mecanismos que le permiten actuar con la celeridad requerida para resguardar los intereses de nuestro país. En este caso, esos mecanismos están activados, y se están recabando todos los antecedentes necesarios. No podemos referirnos a instrumentos o detalles específicos, ya que se trata de procedimientos que exigen reserva”, aseguró el ministerio de Van Klaveren.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, en un tono similar a la de Cancillería, dijo: “Ella está en evaluación, política y también administrativa. La Cancillería está recabando toda la información y los antecedentes”.

Las presiones para que la saquen han provenido del propio oficialismo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue categórica: “Tiene que renunciar”. Para la senadora, no resulta posible “seguir relativizando las faltas a la transparencia, a la probidad”. En la misma línea se manifestó el diputado socialista Tomás de Rementería, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Herrera solo ha sido defendida por la FRVS, un partido pequeño del oficialismo chileno que postuló a Herrera al cargo de embajadora. “Descarto absolutamente cualquier irregularidad o cualquier beneficio personal, directo o indirecto, que la embajadora haya tratado de perseguir. Aquí había un objetivo muy noble: instalar una opción de desarrollo ecosustentable en una comuna [municipio] que fue arrasada por los incendios (Santa Juana). Lamentablemente, eso no se va a llevar a cabo por la cantidad de sospechas que se instalaron”, aseguró la presidenta de esta fuerza política, Flavia Torrealba.

Herrera no tiene una trayectoria pública conocida en Chile. En 2021 postuló para lograr un puesto en la primera constituyente, por el movimiento Independientes No Neutrales, pero no fue electa. Tampoco obtuvo un cupo cuando, a fines del mismo año, buscó llegar al Parlamento por la FRVS, porque consiguió el 1,72% de los sufragios.