“La justicia nos da la razón tras 47 años” : la condena en Chile a los asesinos del diplomático español Carmelo Soria durante el régimen de Pinochet
“La justicia nos da la razón tras 47 años” : la condena en Chile a los asesinos del diplomático español Carmelo Soria durante el régimen de Pinochet
La esposa de Carmelo Soria, Laura González, en 1998.
- Más de 47 años después del asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile, los responsables de este crimen fueron condenados.
La Corte Suprema de Chile ratificó el martes las sentencias a los 6 agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet) que secuestraron, torturaron y asesinaron a Soria.
Cuando ocurrieron los hechos, el 14 de julio de 1976, el economista y diplomático español era representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la ONU.
El economista y diplomático Carmelo Soria.
Sus asesinos recibieron finalmente las sentencias definitivas tras un larguísimo proceso.
Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, entonces jefes de la DINA, recibieron 15 años de prisión cada uno, mientras que los agentes Juan Morales Salgado, Guillermo Salinas Torres, René Quihot Palma y Pablo Belmar Labbé fueron condenados a entre 15 y 10 años.
La Corte Suprema también emitió otras dos condenas vinculadas a este caso: cuatro años de cárcel a Eugenio Covarrubias Valenzuela por presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento, y 600 días a Sergio Cea Cienfuegos por falsificación de instrumento público.
Secuestrado y torturado
Carmelo Soria Espinoza nació en Madrid en 1921, fue militante del Partido Comunista de España (PCE) y al inicio del régimen de facto de Francisco Franco (1939-1975) se mudó a Chile, donde pasó gran parte de su vida.
Su trabajo como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade, dependiente de la Cepal) le otorgaba inmunidad diplomática.
Esto le permitía ayudar a perseguidos políticos a buscar asilo en sedes diplomáticas durante el régimen de Pinochet (1973-1990).
La tarde del 14 de julio de 1976, Soria salió de su oficina en Santiago, sector de Providencia, en su automóvil marca Volkswagen cuando fue interceptado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA.
“La víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte”, recoge la sentencia.
Dos días después, el vehículo apareció con el cadáver del diplomático en su interior volcado en un canal en el este de Santiago, en lo que se considera una maniobra de los servicios secretos chilenos para encubrir el asesinato y hacerlo parecer un accidente.
Pese a la censura, la prensa de la época ya planteó dudas sobre el supuesto accidente.
“Las condenas son una miseria”
Carmelo Soria estaba casado con la médica Laura González Vera, hija del premio nacional de literatura José Santos González Vera, y tenía tres hijos: Laura, Luis y Carmen.
“El poder judicial nos da la razón”, expresó Carmen Soria en Facebook, tras “47 años sosteniendo una verdad silenciada”.
“He vivido todos estos años con mi familia peleando porque se castigue a quienes torturaron y asesinaron a mi padre”, agregó en conversación con BBC Mundo.
“Después de esperar 47 años, estas condenas muestran que la injusticia es enorme en Chile. El poder judicial y el Estado chileno se lavan las manos”.
“Pasaron 47 años porque las Fuerzas Armadas se han negado a decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes participaron en las torturas y asesinatos”, agregó.
Carmen Soria llevó a cabo en la década de 1990 una serie de acciones legales con las que logró unas primeras condenas a dos agentes, aunque finalmente estos quedaron libres al beneficiarse de la Ley de Amnistía promulgada en 1978 durante la época de Pinochet.
La familia de Soria siempre se negó a aceptar las compensaciones económicas del Estado chileno y siguió buscando justicia hasta que en 2019 los seis agentes recibieron las primeras sentencias: seis años de cárcel para cuatro de ellos y absolución para otros dos.
Ahora, sin embargo, la Corte Suprema los condenó ya de forma definitiva y con penas mayores.
Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann ya están en la cárcel cumpliendo condena por otros crímenes cometidos en la época del régimen militar.
Unas 40.175 personas entre ejecutados políticos, desaparecidos y víctimas de prisión y tortura sufrieron la represión de Pinochet, según datos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Chile.
La sentencia de la Corte Suprema llega semanas antes del aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al entonces líder Salvador Allende e instauró un régimen autoritario en el país por los siguientes 17 años.
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