• La conversación telefónica entre Richard Nixon y Henry Kissinger aquel domingo por la mañana empezó casi como una charla de amigos, con comentarios sobre un partido de fútbol a jugarse ese día.

Pero Nixon era entonces el presidente de Estados Unidos, Kissinger su consejero de Seguridad Nacional, y el diálogo entre ambos derivó rápido en el golpe de Estado que había ocurrido en Chile cinco días antes, el 11 de septiembre de 1973, así como en la dictadura militar que allí comenzaba.

“Lo de Chile se está consolidando”, le informó Kissinger, desestimando las críticas de algunos medios al derrocamiento de un gobierno democráticamente electo en ese país. “En la época de Eisenhower seríamos héroes”, comentó.

“Nuestra mano no se nota en este caso sin embargo”, observó Nixon.

“Nosotros no lo hicimos. Es decir, los ayudamos”, estableció Kissinger.

Ese diálogo, uno de los varios registros desclasificados por Washington a lo largo de los años, es parte de las evidencias sobre el rol que tuvo EE.UU. en la caída del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y el quiebre institucional y social que provocó.

Ahora, a medida que se aproxima el 50º aniversario de ese episodio trágico, una pregunta que surgió hace décadas vuelve a asomarse en distintos escenarios:¿Debería EE.UU. disculparse por haber propiciado el golpe en Chile?

Fuentes diplomáticas le indicaron a BBC Mundo que miembros del Congreso estadounidense están de hecho considerando impulsar una resolución que sugiera algún tipo de mea culpa de parte de Washington.

Consultado sobre esto, el embajador de Chile ante la Casa Blanca, Juan Gabriel Valdés, explica que su país ha puesto el énfasis en conocer los archivos de EE.UU. todavía secretos sobre el golpe, pero saludaría un gesto de arrepentimiento o disculpas de Washington aunque no lo reclama.

“Diría que para nosotros un gesto de esa naturaleza sería algo que apreciaríamos profundamente y que tendría un valor enorme para nuestra relación”, le dice Valdés a BBC Mundo.

“Nuestra complicidad”

Medio siglo después del golpe, la sociedad chilena aún se divide al opinar del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, quien gobernó el país con mano de hierro hasta 1990. Unos condenan el levantamiento armado y las violaciones a los derechos humanos posteriores, otros piensan que la intervención miliar salvó al país del rumbo que había tomado con Allende.

Y hay señales claras de que la herida causada por ese capítulo de la historia en Chile sigue sin sanar.

El presidente Gabriel Boric lanzó este miércoles un plan para que el Estado chileno comience a buscar a las más de 1.100 personas que siguen desaparecidas, una tarea que hasta ahora han realizado familiares de las víctimas y grupos de derechos humanos.

Esta misma semana, siete exmilitares fueron condenados por el secuestro y brutal asesinato del cantante Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973 —el mismo día de aquella charla entre Nixon y Kissinger— en el Estadio Chile, convertido en centro de detención y tortura tras la deposición de Allende.

Mientras, EE.UU. prosigue con la gradual publicación de documentos reservados que registraron lo que ocurría en Chile y exhiben cómo su propio aparato oficial actuó durante los años de Allende, un material solicitado a Washington por el gobierno de Boric.

“Es normal que un país que tuvo un trauma de esa naturaleza pueda tratar de reconstituir cómo ese trauma ocurrió y por qué”, explica el embajador Valdés.

Y señala que el gobierno de EE.UU., al que califica de “amigo”, respondió que trabajaría en desclasificar material que permanece secreto sobre el período del golpe en Chile.

“Queremos entender”, afirma el diplomático, “que al hacer públicos los documentos que nos van a entregar, EE.UU. está en el fondo declarando que eso no debería haber ocurrido nunca, porque los documentos que estamos leyendo son todos de una intervención absolutamente indebida, muchas veces brutal, en los asuntos internos de Chile”.

Los archivos que ya han sido desclasificados indican que, en el marco de la Guerra Fría, para EE.UU. la principal preocupación sobre Allende era la perspectiva de que su gobierno socialista (el primero en llegar al poder por la via democrática) pudiera “consolidarse y la imagen proyectada al mundo fuera la de su éxito”, según explicó el propio Nixon a su Consejo de Seguridad Nacional en noviembre de 1970.

Para impedirlo, muestran los archivos, Washington boicoteó la presidencia de Allende desde su elección ese año: realizó operaciones encubiertas intentando evitar que el Congreso chileno ratificara su victoria, apoyó a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) un plan fallido para secuestrar al comandante en jefe del Ejército chileno que defendía la Constitución, René Schneider, quien resultó asesinado, y tras la instalación del gobierno de Allende buscó sofocarlo debilitando la economía o financiando a la oposición.

La documentación disponible también indica que, con Kissinger como pieza clave, EE.UU. apoyó al régimen de Pinochet en sus primeros años, pese a la inquietud que sus graves violaciones de los derechos humanos generaban en el mundo, incluidos algunos despachos de Washington.

En respuesta a la solicitud chilena, el gobierno de Joe Biden reveló la semana pasada otros dos archivos secretos: los informes que Nixon recibió de la CIA el 8 y 11 de septiembre de 1973.

El primero advertía al mandatario de un posible intento de golpe militar en Chile y consignaba que Allende creía que “la única solución es política”.

El segundo, recibido el mismo día del golpe, indicaba que los militares chilenos estaban “decididos a restablecer el orden político y económico”, aunque podían carecer de “un plan coordinado eficaz que aprovecharía la amplia oposición civil”.

El Departamento de Estado de EE.UU. sostiene que la divulgación de estos documentos, junto con otros miles desclasificados antes, demuestra un compromiso de asociación con Chile y es coherente con los “esfuerzos conjuntos para promover la democracia y los derechos humanos”.

Esto fue saludado por quienes piden mayor apertura de Washington respecto a su actuación durante el golpe de Chile, aunque algunos consideran que resta más por hacer.

Joaquin Castro, el demócrata de mayor rango en el subcomité de asuntos exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EE.UU., cree necesario identificar y desclasificar los registros restantes sobre el tema para reconocer lo que pasó.

“Si Estados Unidos quiere tener una relación honesta con América Latina, tenemos que ser honestos sobre nuestra complicidad en hechos pasados y tomar medidas para no repetir nuestros errores en el futuro”, le dice Castro a BBC Mundo.

Castro visitó Santiago recientemente con una delegación de legisladores estadounidenses que incluyó a la representante Alexandria Ocasio Cortez, quien también ha pedido que Washington desclasifique documentos sobre el golpe en Chile y asuma “plena y públicamente responsabilidad” por su papel histórico en la región.

“Crear las condiciones”

La cuestión de si Washington tiene que disculparse por el derrumbe de la democracia chilena se planteó por primera vez poco tiempo después del golpe.

En 1977, un diplomático estadounidense ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Brady Tyson, expresó los “arrepentimientos más profundos” por el papel de su país en la subversión del gobierno de Allende.

Pero unas horas después el entonces presidente de EE.UU., Jimmy Carter, calificó como “inapropiada” esa declaración, mientras que el Departamento de Estado indicó que Tyson habló a título personal sin previa aprobación y lo llamó de regreso a Washington.

Eso reflejó cuán delicado podía volverse el asunto para alguien en la Casa Blanca: siendo candidato demócrata, el propio Carter había criticado a la administración republicana que le precedió porque “derrocó a un gobierno electo y ayudó a establecer una dictadura militar” en Chile.

Para justificar su posición como presidente, Carter citó la investigación de un comité del Senado de EE.UU. en 1975 sobre las acciones encubiertas en Chile, la cual no halló pruebas de un involucramiento directo de Washington en el golpe.

Peter Kornbluh, un experto del Archivo de Seguridad Nacional en Washington que ha investigado el asunto durante décadas, señala que si bien “los documentos de EE.UU. no muestran un papel directo del gobierno estadounidense, de la CIA, en el golpe mismo, sí muestran tres años de esfuerzos para desestabilizar Chile”.

“El registro desclasificado muestra que la intención de esas operaciones era asegurar el fracaso de Allende y crear las condiciones para que pudiera ser derrocado”, le dice Kornbluh a BBC Mundo.

Y añade que “en los tres primeros años de la dictadura de Pinochet, los más sangrientos, EE.UU. proporcionó ayuda económica y militar”.

Los tiempos cambiaron y en los últimos tiempos distintos países e instituciones se han disculpado poracciones del pasado.

Otro presidente de EE.UU., Bill Clinton, lo hizo en 1999 por el apoyo que su país dio a fuerzas militares y unidades de inteligencia de Guatemala que mataron a decenas de miles de personas en una guerra civil de 36 años, indicando que Washington “no debe repetir ese error”.

Más recientemente, bajo la presidencia de Barack Obama en 2010, EE.UU. también pidió disculpas a Guatemala por experimentos de la década de 1940 en que científicos de su país infectaron deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de personas del país centroamericano como parte de estudios médicos.

Pero EE.UU. “nunca ha asumido el costo” que causó la ruptura de la democracia en Chile, sostiene Mónica González, premiada periodista chilena y autora del libro “La Conjura: los mil y un días del golpe”.

“¿Cuál costo? No solo los más de 3.000 detenidos, desaparecidos y ejecutados. Están los 250 mil exiliados, las familias a las que les cayó una bomba de racimo al medio que nosotros las vemos todos los días, porque quedaron desperdigados”, dice González a BBC Mundo.

Ni Clinton, ni Obama

En el año 2000, al anunciar la liberación de miles de documentos desclasificados, el gobierno de Clinton sostuvo que el público podía “juzgar por sí mismo hasta qué punto las acciones de EE.UU. socavaron la causa de la democracia y los derechos humanos en Chile”.

“Las acciones aprobadas por el gobierno de EE.UU. durante ese período agravaron la polarización política y afectaron la larga tradición de Chile de elecciones democráticas y respeto por el orden constitucional y el Estado de derecho”, indicó la Casa Blanca en aquel momento.

Cuando Obama visitó Santiago siendo presidente en 2011 y un periodista le preguntó si EE.UU. pediría perdón por lo que hizo en Chile en los años 70, respondió que no podía “hablar de todas las políticas del pasado”.

“Es importante que aprendamos de nuestra historia, que comprendamos nuestra historia, pero que no nos dejemos atrapar por ella porque tenemos muchos retos por delante”, sostuvo Obama.

Su consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Dan Restrepo, dijo luego a periodistas que algunas acciones de EE.UU. en la región fueron “malas”, pero evitó entrar en detalles sobre Chile.

BBC Mundo intentó hablar con el gobierno de Biden sobre el papel que EE.UU. desempeñó en el país sudamericano hace medio siglo y si consideraría disculparse por lo hecho, pero hasta la publicación de este artículo no había obtenido respuesta de la Casa Blanca.

“A los gobiernos no les gusta disculparse ni admitir errores, ciertamente hay una posición nacionalista (o) legal”, dice Kornbluh. Pero añade que “50 años después corresponde expresar un profundo pesar por las operaciones encubiertas para socavar el proceso constitucional de Chile” y “por el papel de EE.UU. en apoyo al aparato de represión” de Pinochet.

“Creo que ambos hechos violan los valores del público estadounidense”, concluye el analista, “y son relevantes hoy porque muchos países, incluido el propio EE.UU., enfrentan la amenaza del autoritarismo y la pérdida de fuerza de las instituciones democráticas”.