• Este 15 de octubre, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir presidente pero, inmediatamente después de emitir su voto, muchos de ellos pasarán por otro trámite casi tan obligatorio como el primero.

Los electores se acercarán a los negocios informales que se ubican en los exteriores de los recintos de votación para plastificar su certificado de votación.

Después de haber votado, cada ciudadano recibe este documento del tamaño de una tarjeta de crédito que contiene los nombres y apellidos del votante, y en la mayoría de los casos su foto.

Por 25 o 50 centavos de dólar, pueden además plastificarlo para proteger ese pequeño papel de futuros deterioros, y así guardarlo celosamente junto a la cédula de identidad.

Los dos son documentos básicos para la mayoría de trámites en Ecuador, pero -a diferencia de la cédula- no está tan claro quién y cuándo puede solicitar el certificado de votación que uno plastifica con tanta prudencia.

Un poco de historia

En Ecuador se vota desde 1830, cuando el país se formó como una república independiente, tras separarse de la Gran Colombia.

Sin embargo, el voto estaba reservado para una minoría de la población, dice Adrián López, politólogo e historiador ecuatoriano.

“Los padrones electorales eran distintos en aquella época; hay estimaciones que dicen que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, solo votaba el 2% de la población y eso explica por qué hasta ese punto no era necesario tener un control sobre quiénes votaban y quiénes no”, dice López.

En ese momento estaban excluidos del voto las mujeres, los hombres no católicos, no alfabetos o que no tuvieran propiedades.

Fue hasta más de un siglo después cuando se empezó a expedir -y a solicitar- un documento que confirmara que el ciudadano había cumplido con su obligación de votar.

López explica que la Ley de Elecciones expedida en 1947 determinaba que los ciudadanos debían inscribirse para votar.

La inscripción era facultativa para las mujeres y obligatoria para los hombres en edad de votar, a excepción de los miembros del Ejército y de la Guardia Civil .

“La Ley de elecciones de 1947 ya establece el requisito de un comprobante de votación. Los primeros comprobantes van a ser papeles hechos a mano”, dice López.

Y dice que, a partir de la expedición de ese requisito, empezaron a surgir algunas normas, por ejemplo, en 1965, en el reglamento de la Ley de Caminos – equivalente a lo que hoy es la Ley de Transporte Terrestre-, se establecía que para matricular un vehículo se necesitará presentar ese certificado de votación.

Ahora, casi 80 años después, la mayoría de entidades públicas y privadas siguen pidiendo este certificado para realizar trámites, aunque el marco legal ha cambiado y hoy no existe una ley que obligue a las instituciones a pedirlo.

La normativa que no existe

A Sofía Cabrera le pidieron el certificado para hacer un trámite en el Servicio de Rentas Internas; a Carlos Rodríguez, para matricularse en la universidad; a Mauricio Camañero, para un préstamo bancario; a Daysi Peñaherrera, para acceder a un trabajo en el sector privado; a Daniel Barragán, en una embajada, para sacar una visa de turista.

Y así, siguen los nombres y los tipos de trámites para los que se solicita este papel que garantiza que los ciudadanos ecuatorianos han votado.

En mi caso, cuando he viajado sola con mi hijo menor de edad fuera del país, su padre y yo hemos tenido que presentar nuestros certificados de votación en la notaría. Sin eso, el trámite no se hace y el niño no puede viajar.

Pero los trámites personales no son los únicos para los que te piden este certificado.

Si una persona quiere constituir una compañía, uno de los requisitos que debe cumplir es presentar el certificado de votación, pero no solamente el de la última elección, si no el de las tres últimas.

Seguramente, el propósito es verificar que esa persona ha votado por, al menos, tres ocasiones seguidas en Ecuador. O que tiene arraigo, es decir, que vive en el país.

Sin embargo, y a pesar de que son tantas las instituciones que piden el certificado de votación, no existe una normativa que diga que hay instituciones que están obligadas a pedir ese certificado o en qué casos se debe pedir el documento que, de por sí, resulta extraño para otros países de América Latina.

El único país en el que se pide un documento similar es Uruguay, en donde el voto también es obligatorio. Allí, el documento ya no es un papel -como todavía lo es en Ecuador- pues, hace poco, se convirtió en un registro digital en la Corte Electoral.

Además, en ese país, sí hay una norma que indica en qué casos se debe pedir el documento, por ejemplo, inscribirse o rendir exámenes en universidades, recibir fondos del estado o ingresar a la función pública.

En el caso de Ecuador no está tan claro.

Enrique Pita, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, dice que “no ha habido ninguna reglamentación específica que relacione o que establezca la obligatoriedad de exigir el certificado de votación, simplemente creo que ha sido más por costumbre”.

Además, tanto por la ley de Optimización y Eficiencia de Trámites expedida en 2018 como por decisión presidencial en junio de 2021, las instituciones públicas debían dejar de requerir este u otro documento que reposara en las bases de datos del Estado.

Ese marco legal debería ser suficiente para evitar que las instituciones pidan este certificado, pero en la práctica no lo son.

La propia ley electoral vigente en Ecuador considera como una “infracción electoral leve” el no exigir a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de multa.

¿Qué pasa si un ciudadano no vota?

En Ecuador, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad y facultativo para las personas de más de 65 años; para los jóvenes entre 16 y 17 años y para los miembros, en servicio activo, de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Fuera de esas excepciones, los ciudadanos que están obligados a votar y no lo hacen, tienen que pagar una multa para obtener el certificado de votación: el monto, en 2023, es de 45 dólares, equivalente al 10% del salario básico en Ecuador.

Hay, además, algunos casos excepcionales para no haber votado y no pagar la multa. Por ejemplo, si el ciudadano puede probar que, a pesar de ser residente en Ecuador, estuvo fuera del país el día de las elecciones, puede presentar su pasaporte y estará exento del pago de multa.

Lo mismo ocurrirá si el ciudadano es médico, enfermero o tiene un puesto en el sistema de salud y el día de elecciones estuvo de turno, tampoco pagará la multa.

Algo similar si es que el ciudadano estuvo enfermo u hospitalizado —tendrá que presentar los documentos que así lo certifiquen— o si tuvo una calamidad doméstica grave —por ejemplo, su casa se incendió, murió un familiar cercano o tuvo un grave accidente de tránsito.

Sin una de esas justificaciones, todos los ciudadanos ecuatorianos entre 18 y 64 años deben votar este domingo 15 y no será raro que, tras hacerlo, busquen un comercio cercano y plastifiquen su documento.

Guardar “sueltos” -como se llama a las monedas de baja denominación en Ecuador- para pagar la plastificada del documento es una costumbre tan arraigada para los ecuatorianos como, al parecer, es para las instituciones de este país sigan pedir este documento para todo trámite.

Incluso sin legislación que lo avale.