• Cuando en los años 2000 en Ecuador se incrementó la violencia y se agravaron los homicidios, el gobierno de Rafael Correa enfrentó a las pandillas callejeras con una política inédita.

Lejos de una guerra abierta contra el crimen, negoció con las bandas prominentes, las legalizó y apoyó a pandilleros voluntarios a formarse y trabajar.

Los Latin Kings, hoy declarados como “organización terrorista” por el presidente Daniel Noboa junto a otra veintena de grupos armados, recibieron la categoría de “grupo juvenil urbano”, muchos se afiliaron a movimientos políticos como el correísta Alianza País e, incluso, un ex latin king, Ronny Aleaga, llegó a ser asambleísta nacional.

Tras aplicarse la medida se redujeron los asesinatos. El Banco Mundial recoge que Ecuador pasó de 18 a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2008 hasta 2018.

Ahora, seis años después, Ecuador vive un “conflicto armado interno”, grupos criminales se fortalecieron hasta penetrar las instituciones y el número de homicidios por cada 100.000 personas superó la cuarentena según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Recientemente, voces críticas del correísmo han vinculado esta crisis como una posible consecuencia de esas políticas del expresidente.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia en Argentina, la actual ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que los pactos de paz de Correa fueron una “entrega del país”.

El pasado agosto, en plena conmoción por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, exvicepresidente durante el gobierno de Lenín Moreno, dijo que la situación era “fruto de quienes dijeron que había que pacificar a las pandillas”.

Correa, quien apoyó recientemente la declaración de conflicto armado interno de Noboa contra el crimen organizado, se defendió de las críticas.

A la ministra Palencia le dijo que parecía “no saber dónde estaba parada” y a Sonnenholzner le respondió que comparar a las bandas de los 2000 con “las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico de hoy era una supina ignorancia o una monumental mala fe”.

El expresidente lleva varios días en redes sociales respondiendo a acusaciones similares.

Analistas consultados coinciden en que las bandas con las que lidió Correa eran distintas a las que hoy aterrorizan al país.

Cómo eran las pandillas ecuatorianas en los 2000

“Es difícil comparar las bandas callejeras de entonces con los grupos de crimen organizado que hoy penetran el Estado”, dice David Brotherton, experto en bandas latinas de la Universidad Municipal de Nueva York.

Según Brotherton, las bandas callejeras ecuatorianas emergieron en los 90 en las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil.

En 2008, la policía nacional encontró que solo en la provincia de Guayas existían 400 de estos grupos.

De especial preocupación eran los Latin Kings and Queens, a quienes se le atribuían casi un tercio de los 18 homicidios por cada 100.000 habitantes de 2008.

Hasta entonces, coinciden Brotherton y el sociólogo ecuatoriano Gaitán Villavicencio, la política antipandillas ecuatoriana se centraba en la persecusión y la mano dura.

Las pandillas se nutrían básicamente de jóvenes marginalizados y sin trabajo que encontraron en la criminalidad no solo una fuente de ingresos sino también una “vía de expresión cultural”.

Además de los Latin Kings, bandas como Los Ñetas y los Masters of the Street (Los amos de la calle) también tenían prominencia nacional.

Un plan inédito… y controvertido

Correa adoptó un enfoque distinto al hasta entonces habitual para combatir el crimen en América Latina, “mayoritariamente enfatizado en la policía como solución reactiva al incremento de crímenes del continente”, dice Brotherton.

“Buscó mecanismos para legalizar, institucionalizar y reconocer la existencia de estas pandillas para que se les diera una salida socioeducativa”, explica Villavicencio.

“Se estableció una especie de nuevo contrato social en que el Estado se comprometía con la ciudadanía a través de mayores recursos en bienestar, salud y educación, y a cambio, esperaba que los ciudadanos cumplieran con sus obligaciones y responsabilidades construyendo cohesión comunitaria y reforzando la relación entre Estado y sociedad civil”, analizó Brotherton en un estudio sobre los efectos de este programa.

Los resultados de este inédito plan fueron halagados 10 años después por organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y reflejados en la “más sostenible caída de homicidios en el mundo”, estudió Brotherton.

Cuando la prensa internacional visitó Ecuador en 2018 para conocer los frutos de esta iniciativa, un gángster de los Latin Kings, Manuel Zúñiga, reconoció que al principio hubo divisiones entre los pandilleros, pero que de a poco fueron legalizándose cada vez más integrantes, incluso rivales de los Latin Kings.

Aunque si bien disminuyeron los homicidios, otros índices clave en materia de seguridad eran preocupantes.

La legalización de las pandillas no erradicó la violencia entre grupos juveniles y, recuerda Brotherton, “bajo el mandato de Correa no se consiguió aliviar ni impedir el empeoramiento de la crisis carcelaria, cuya población incrementó significativamente en los últimos años de su gobierno”.

Como señaló el investigador Jorge Núñez de la Universidad de Cuenca en Ecuador, las cárceles se convirtieron, sin desearlo, en un centro de reclutamiento del Estado para las bandas.

Villavicencio opina que “la coopción política de expandilleros distorsionó” la política de Correa y que tampoco “diseñó una estrategia para tratar mejor a las bandas que pudieran aparecer posteriormente”.

También se puso en duda la sostenibilidad presupuestaria de este enfoque, que acabó desmantelándose con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia en 2017 y después de duros recortes exigidos por el Fondo Monetario Internacional debido al delicado déficit público del país.

Cómo se fortalecieron las “organizaciones terroristas” de hoy

Es precisamente a partir de 2017 donde los analistas se enfocan para explicar el deterioro de la seguridad ecuatoriana y el fortalecimiento de las pandillas que hoy Noboa cataloga como “organizaciones terroristas”.

Tras los recortes públicos con la salida de Correa, Villavicencio y Brotherton explican que muchos jóvenes reencontraron en la delincuencia su sustento económico.

Solo que esta vez ya no nutrían bandas callejeras, sino poderosas asociaciones aliadas con prominentes carteles de la droga mexicanos y colombianos al mando de un negocio altamente rentable como el narcotráfico.

Ecuador es cada vez más protagonista en el mercado internacional de narcóticos y se erige como centro clave regional en almacenar, procesar y distribuir estupefacientes.

Las cárceles son el centro de mando de los grupos criminales, entre los que destacan Los Choneros, Los Lobos, Los Lagartos o Los Tiguerones.

Con frecuencia, éstos libran sangrientos enfrentamientos entre ellos por la hegemonía del negocio, pero también luchan contra el Estado, las instituciones y la sociedad.

El desafío al Estado fue propiciado por “la penetración de una cantidad enorme de armamento desde Estados Unidos. Los Choneros no eran tan grandes, pero con la entrada de los carteles se masificaron”, dice Brotherton.

“Recortes del Estado y políticas neoliberales crearon una situación donde los carteles llegaron, adoptaron a jóvenes excluidos y ahora hacen lo que quieren”, añade el investigador.

“Sin iniciativas para la creación de empleo, el único salvavidas para los jóvenes fue la informalidad o, en este caso, la ilegalidad. Si te fijas en los detenidos, son predominantemente jóvenes, menores de 29 años”, complementa Villavicencio.

“Mano dura” vs “mano blanda”

Varias organizaciones, incluida las Naciones Unidas, señalan a América Latina como la región más violenta del mundo.

Ha sido la tónica por décadas y durante este tiempo los gobiernos latinoamericanos dan bandazos entre políticas de “mano dura” y “mano blanda” para combatir la criminalidad.

Nayib Bukele en El Salvador tiene actualmente uno de los índices más altos de popularidad en la región, especialmente por su lucha implacable contra las maras que, a pesar de recibir varias condenas por vulneraciones de derechos humanos, disminuyó el alto número de homicidios que azotaba al país.

De un modo que recuerda a la estrategia de Bukele, Noboa decretó un estado de excepción y declaró un “conflicto armado interno” que habilita a las fuerzas armadas a actuar contra las bandas como si fuese una guerra.

Sin embargo, Brotherton ve complicado que el “efecto Bukele” se propague en Ecuador.

“El Salvador es mucho más pequeño, con solo seis millones de habitantes, por los 17 millones de Ecuador que, además, tiene una situación topográfica y fronteriza mucho más compleja. Es prácticamente imposible que aquí se replique la estrategia de Bukele”, comenta el experto.

Villavicencio tampoco cree que a estas alturas funcione el enfoque “pacífico” que ejecutó Correa por el poder que ya adquirieron los grupos criminales.

“No sería viable, salvo que depongan las armas y se sometan a la tutela del Estado”.