El gobierno de Venezuela da 72 horas al personal de Derechos Humanos de la ONU para abandonar el país
El gobierno de Venezuela da 72 horas al personal de Derechos Humanos de la ONU para abandonar el país
El canciller chavista venezolano, Yván Gil, anunció la expulsión del personal de la oficina de la ONU del país.
- El gobierno de Venezuela anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio a su personal 72 horas para salir del país.
Yván Gil, canciller del Ejecutivo de Nicolás Maduro, acusó en un comunicado a los empleados de la Oficina de haber tenido hacia Venezuela una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, y les exigió que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional”.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo: “Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”.
El anuncio de la expulsión de los representantes de la ONU en materia de derechos humanos se produce tras una ola de detenciones a críticos de alto perfil que ha llevado a la oposición y a observadores internacionales a afirmar que el país vive una escalada represiva impulsada por el gobierno.
El último episodio fue la detención el pasado viernes cuando estaba a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Caracas de la periodista y activista Rocío San Miguel, a la que la Fiscalía venezolana atribuye ser parte de un plan para asesinar al presidente Maduro.
Varias entidades de Naciones Unidas mostraron su preocupación por el paradero de San Miguel y reclamaron a las autoridades que se respeten sus derechos y se le asegure el debido proceso.
La detención de la periodista y activista Rocío San Miguel alimentó nuevas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Por otra parte, la televisión estatal venezolana cuestionó unos recientes comentarios del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, que criticó el programa oficial de entrega de alimentos a familias de pocos recursos llamado CLAP.
“Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación”, dijo el funcionario en una nota de prensa de su oficina.
El programa CLAP es una de las medidas de apoyo a la población de las que más suele jactarse el gobierno públicamente.
La decisión contra la oficina de la ONU supone un paso inusualmente hostil.
El comunicado del gobierno acusa a la oficina del Alto comisionado de haberse convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Caracas anunció también “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento” firmada con la Oficina.
Desde que el pasado octubre el gobierno venezolano y la oposición alcanzaran en Barbados un acuerdo para la celebración de elecciones competitivas en el país avalado por Estados Unidos, varios activistas opositores y miembros del equipo de María Corina Machado, candidata de la unidad antichavista, han sido detenidos.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado en varias ocasiones la existencia en el país de abusos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
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