El debate para prohibir el matrimonio infantil divide al Senado colombiano en grupos inusuales

El debate para prohibir el matrimonio infantil divide al Senado colombiano en grupos inusuales

Dos niñas juegan en Caucasia, Colombia.

NATHALIA ANGARITA

– Oficialistas, independientes y opositores apoyan el proyecto que está en el orden del día de este miércoles en la Comisión Primera del Senado

El artículo del Código Civil que dio vía libre al matrimonio infantil en Colombia fue expedido hace 137 años. Era 1887, apenas un año después de que el país estrenara una Constitución Política que declaraba a la Iglesia Católica como base del Estado y sus leyes; una de ellas permite que los niños de 15 años puedan contraer matrimonio. Este miércoles, por décima vez en casi dos décadas, el Congreso intentará cambiar una normativa que tiene más de un siglo de vigencia para prohibir que los menores de edad puedan casarse, aunque tengan el consentimiento y la bendición de sus padres.

Ángela Anzola es la directora de la Fundación Plan, una organización de sociedad civil que acompaña casos de violencias a niños, niñas y adolescentes. Una de las grandes impulsoras de la idea aclara que la prohibición del matrimonio infantil está lejos de ser la solución a los problemas relacionados con los derechos de la niñez, pero lo que representa es el comienzo. “Sería un blindaje en términos de reglamentación con el que el país está en deuda.

Lo que sigue después es fortalecer la pedagogía a niños y niñas sobre sus derechos, su vida sexual y reproductiva y la capacidad de garantizarles una trayectoria educativa”. Justamente, el tema educativo llevó a que el Ministerio de esa cartera apoye el proyecto de ley. Este año emitió un concepto que lo califica como “urgente”.

De acuerdo con el más reciente informe de Unicef sobre matrimonio infantil en Colombia, publicado en septiembre de 2023, en el país se casaron 198 menores de edad en 2021. La organización del sistema de Naciones Unidas encargada de los derechos de la niñez califica esas uniones como “violaciones a los derechos humanos”, y recuerda que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU implica que para 2023 los Estados deben “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado”. Aunque la entidad no tiene datos de los últimos dos años, sus estadísticas registran que el 73,4 % de las niñas casadas siendo menores de edad en el país se habían unido a hombres que eran, al menos, 20 años mayores que ellas.

En este punto, advierte Anzola, está la nuez del problema: “Este es un proyecto con enfoque de género porque, aunque también hay niños casados siendo menores de edad, la problemática afecta especialmente a las niñas que terminan en contextos de violencia sexual y de género”. Lo dice porque en Colombia apenas el 8,1% de los matrimonios con menores de edad involucran un niño; casi el 92% son niñas.

Unicef explica en su informe que el matrimonio infantil es un eslabón de problemas más amplios. Uno es que las condiciones socioeconómicas difíciles de las niñas y adolescentes pueden derivar en casamientos con hombres mayores. Otro es que esos matrimonios llevan a otras dificultades en el acceso de las menores al sistema educativo, sobre todo en contextos rurales, lo que a su vez les impide trazar proyectos de vida. Y uno más es que las normas sociales de género, que se refuerzan en las culturas más conservadoras, frecuentemente pasan por los embarazos a temprana edad. Son lógicas circulares. “El embarazo adolescente es causa de las uniones tempranas y tales uniones infantiles generan embarazos adolescentes”, se lee en el documento.

Esos datos y realidades, además de otros, fueron leídos en el Congreso de la República el pasado 6 de agosto, cuando se inició la discusión del proyecto de ley en la Comisión Primera del Senado, un debate que se aplazó y se retomará este miércoles. La propuesta legislativa llegó, esta vez, de manos de congresistas de las bancadas independiente y de Gobierno, como Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Clara López (Pacto Histórico), pero en el pasado la han defendido políticos de todas las orillas. El primero en llevar el tema al Capitolio, en 2007, fue el conservador Gabriel Zapata Correa. En 2015, la propuesta volvió sobre la mesa por autoría del expresidente de derecha Álvaro Uribe Vélez, el mayor contradictor de Gustavo Petro, y otros senadores de su partido, como María del Rosario Guerra, Alfredo Ramos o Ernesto Macías.