El infierno de las violaciones de niñas en comunidades awajún de Perú no es “una práctica cultural”

El infierno de las violaciones de niñas en comunidades awajún de Perú no es “una práctica cultural”

Centro de salud de Huampami, capital de la cuenca del Cenepa, en la región awajún, en 2015. P. P. Á.

– Dos ministros calificaron así las agresiones sexuales a menores indígenas por medio millar de docentes. Son un grave delito, que debería atenderse con celeridad

Solo en 2023, se registraron 21.000 casos de violencia sexual a menores de edad en Perú. Muchos otros no son reportados. Este mes de junio, el tema saltó a los titulares de todo el mundo cuando la profesora Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, interpuso una denuncia sobre los presuntos casos de violencia sexual de 524 docentes a escolares desde el 2010 hasta la fecha.

Según su denuncia, los delitos ocurrieron en la provincia de Condorcanqui (séptima provincia más pobre del país andino), en el Departamento de Amazonas. El asunto se agravó tras las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, apuntando que estas presuntas violaciones son “prácticas culturales”.

De estos profesores, solo 111 han sido destituidos. Cuatro casos han caducado y 72 han sido absueltos. Es decir, no se evidencian sanciones por los crímenes cometidos. Es por ello que se han pedido respuestas a los ministerios correspondientes. Sin embargo, y lamentablemente, sus respuestas dejen mucho que desear.

Lo expresado por ambos ministros muestra la insensibilidad de estos profesores que dañan cruelmente a las niñas y niños. No son “prácticas culturales” de ninguna manera. Las violaciones sexuales son un grave delito y siendo dirigidas a personas menores de edad deberían atenderse de manera oportuna y con la celeridad que corresponde. Todo ello en el marco del principio del interés superior de la infancia; sin embargo, en Perú, vemos todo lo contrario.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 149, establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario (usos y/o costumbres): esto, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se especifica que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

Según la Constitución, el Estado representado por estos ministerios y muchas otras instituciones tienen la imperiosa necesidad de velar por el bienestar de la niñez y todas las personas. Por el contrario, no deben solapar y tratar de justificar la inoperancia de operadores, fortaleciendo mucho más la corrupción. La región de Piura no es ajena a esta realidad, por eso es necesario exigir el debido proceso de los casos y promover la cultura de denuncia. Las niñas y los niños están aquí y están ahora.

En este sentido, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), a quien Manos Unidas acompaña desde 2018 en el proceso de denuncias que las mujeres de este pueblo originario vienen haciendo junto al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, también se ha pronunciado en contra de las declaraciones de los ministros peruanos, desmintiendo que la violencia sexual sea una práctica cultural, exigiendo que se disculpen públicamente y rectifiquen sus declaraciones.

Mediante la sensibilización, la capacitación y la prevención, se busca frenar la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños de los pueblos originarios, así como el desprecio y la indolencia con la que son tratados por las autoridades públicas. Un ejemplo son las actividades de Radio Cutivalú en el proyecto Tu vida no tiene precio, denuncia la trata en las regiones de Piura y Amazonas, que incluyen el reporte de casos, denuncias públicas, y la incorporación del tema en planes de tutoría de las instituciones educativas o en los comités de seguridad ciudadana.