Lima amaneció este jueves con 14.000 policías y militares apostados en las principales arterias de la ciudad para controlar el primero de los tres días de huelga anunciado por el gremio de transportistas. Se trata de la segunda gran medida de fuerza del sector tras un paro a fines de septiembre por una ola de atentados y extorsiones que padecen desde hace meses. Si bien en esta ocasión las empresas formales de transporte informaron que no pararían sus actividades, lo cierto es que las calles de Lima y Callao han carecido notoriamente de buses y miles de ciudadanos han tenido serias dificultades para asistir a sus trabajos. Una de las razones es que se trata de un sector altamente informal, donde el 86.82% (19.237 vehículos) son propiedad de terceros y no de empresas autorizadas, ha revelado el diario El Comercio.

Las clases en los colegios públicos y privados se suspendieron, al igual que en las universidades, aunque más de una optó por la cátedra virtual. El Seguro Social de Salud se vio obligado a reprogramar las citas médicas. “Estamos en condiciones de informar que toda la ciudad de Lima está en calma, no ha habido ningún acto de vandalismo, ni en contra del patrimonio. Las unidades que salieron a trabajar lo hicieron de manera tranquila”, dijo durante la mañana el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en un intento por minimizar el asunto.

No obstante, en varios puntos de Lima se reportaron quema de llantas, así como incidentes donde los huelguistas impidieron el paso de custers (pequeñas combis) y autobuses y los obligaron a bajarse. Producto de ello, los agentes del orden detuvieron a 13 personas hasta las primeras horas de la tarde. Aunque la Marina de Guerra habilitó buses para menguar el impacto, la medida no acabó con las aglomeraciones de personas ni los contratiempos. Yerbateros, uno de los principales terminales interprovinciales permaneció cerrado.

Ante la ola extorsiva que ha acabado con la vida de una veintena de choferes y cobradores, los principales gremios de comerciantes se plegaron al paro. Gamarra, un emporio textil donde laboran 80.000 personas, frenó sus actividades. También mercados de diversa índole, desde abarrotes hasta textiles, se sumaron a la medida de fuerza como Unicachi, Polvos Azules o Las Malvinas. Es cierto que algunos también lo hicieron por temor a los desmanes o represalias. “Invoco a los comerciantes de los mercados que decidieron no abrir el día de hoy por temor a que pueda haber un tipo de desorden ciudadano que afecte sus negocios, la ciudad está totalmente segura. Los pequeños incidentes que hubo ya se resolvieron”, dijo el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, para persuadirlos.

Miles de personas marchan hacia el Congreso, ubicado en el Centro de Lima, para exigir la derogación de la nueva ley de crimen organizado que excluye a la extorsión y, además, repercute en los allanamientos fiscales, pues exige que ahora el imputado y su abogado estén presentes antes de ingresar a un inmueble. La semana pasada la Junta de Portavoces del Congreso se negó a debatir su derogación. El Gobierno de Dina Boluarte, por su parte, ha presentado un proyecto de ley que incorpora el delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal y establece una sanción de no menos de 25 años de cárcel y no más de 35 a quienes generen zozobra en la población a través de los delitos de extorsión y sicariato. Para la oposición y diversos analistas en realidad es una medida de doble filo que busca criminalizar cualquier movilización ciudadana.

No se trata de la única movida de la presidenta Boluarte que ha despertado el rechazo de un grueso de la población. En la antesala al paro de transportistas, la sucesora de Pedro Castillo firmó la norma que le traslada la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de los delitos a la Policía y ya no al Ministerio Público. “Al gobierno de Dina Boluarte tampoco le interesa defender la legalidad, una perfecta títere que responde obediente a sus bancadas oficialistas”, ha señalado la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular.

A ello se suma una reciente declaración de la mandataria, durante la conmemoración del Combate de Angamos, donde para defenderse de su baja aprobación ha dejado entrever que podría criminalizar la labor de la prensa. “Tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo. La guerra de las mentiras, las fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen. Un viejo método que aplicaron los totalitarios”.

Para el ojo público, el Estado de Emergencia durante 60 días en trece distritos de Lima y uno del Callao, dictado por el Ejecutivo, no ha sido una solución. Los atentados han continuado. Veinticinco buses amanecieron calcinados en un almacén solo al día siguiente de la declaratoria. El último lunes un sicario se hizo pasar por un pasajero, en el Callao, y acribilló al chofer y a otras personas que estaban en la combi, matando a cuatro personas. Hace poco, en Villa El Salvador, el dueño de una Botica murió por no pagar cupo. Su viuda Maritza Velásquez, le reclamó airadamente a Boluarte: “Si nuestra presidente misma dice ‘el que delinque es porque no tiene ingresos fijos’, entonces cómo yo puedo pedir justicia para la muerte de mi esposo que me lo arrebataron”.