• Hace siete años, el huracán María entró en las costas de Dominica provocando lluvias torrenciales y destrozando en pocas horas casi todas las viviendas de esta pequeña isla del Caribe.

El país, que es más conocido por sus verdes montañas que por sus playas, quedó prácticamente sin electricidad, el suministro de agua estuvo interrumpido durante meses y las comunicaciones tardaron más de un año en restablecerse por completo.

En aquel momento, el gobierno se enfrentó a la necesidad de buscar de manera rápida una fuente de ingresos que le permitiera en poco tiempo reconstruir parte de la isla.

Para eso, recurrió a un antiguo recurso: la venta de ciudadanía.

“Invitamos a personas y familias de todo el mundo a invertir en nuestro país y, a cambio, prometemos proporcionarles la ciudadanía de Dominica, un estatus que conlleva un sinfín de oportunidades que trascienden las fronteras”, propuso el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, en el sitio oficial del gobierno.

El llamado Programa de Ciudadanía por Inversión le permite a los extranjeros acceder con mayor facilidad al sistema financiero internacional e ingresar a países como Estados Unidos sin necesidad de una visa.

“Este mecanismo es atractivo para los pequeños estados insulares debido a que es un modo de obtener divisas en países que, por lo general, tienen que importar casi todo lo que consumen”, le dice a BBC Mundo Kristin Surak, autora de The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires (Harvard University Press, 2023).

El programa de venta de ciudadanía le generó a la isla ingresos por más de US$1.200 millones de 2017 a 2020, lo que representa una parte significativa de los recursos del Estado, según la información de Dominica divulgada en el informe del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción (Occrp), una organización internacional de periodismo de investigación sin fines de lucro.

La información oficial del país da una cifra menor.

Pero el saldo que deja la venta de ciudadanías no es solo positivo sino que también incluye una dura crítica por parte de las autoridades de otros Estados por cuestiones de seguridad internacional.

Por su parte, Dominica argumenta que el programa es seguro y que ha aumentado los controles y el criterio de elegibilidad.

Tres décadas de historia

La venta de la ciudadanía no es nueva en Dominica. Tampoco en el mundo.

Existen al menos 20 países con disposiciones legales que permiten la venta de la ciudadanía, pero solo la mitad de ellos tienen programas realmente activos y cinco están en el Caribe, dice la especialista.

Dominica es uno de ellos. Desde 1993 existe el Programa de Ciudadanía por Inversión, que la posiciona como uno de los programas de ciudadanía económica más antiguos del mundo.

“Al comienzo, surgieron muchos problemas. Se suponía que el programa iba a desarrollar un hotel que nunca se terminó. Los inversores pagaban, pero nunca se veían los cambios en el país, lo que desencadenó varias demandas judiciales”, dice Surak, profesora en London School of Economics (LSE), especializada en el estudio de políticas de movilidad global.

Pero no fue hasta el huracán María, cuando el país se comprometió a convertirse en “la primera nación resistente al clima” del mundo, que la venta de la ciudadanía se convirtió en la principal fuente de ingresos de este país.

El programa se ha disparado en los últimos años, con ingresos que alcanzan el 30% de todo su PIB y que exigen una inversión inicial de al menos US$200.000 por cada uno de los postulantes, según la información oficial.

“Poco a poco, Dominica empezó a depender cada vez más de este programa. La pregunta es si todo el dinero en términos de ventas de ciudadanía realmente está destinado a desarrollar el país”, dice la investigadora.

Dominica, al igual que gran parte de las pequeñas islas, se han convertido en actores claves en el ámbito internacional en la promoción de las políticas climáticas más ambiciosas, como en el Acuerdo de París, porque saben que son las más vulnerables.

Según declaraciones oficiales, el país ha recaudado más de US$1.000 millones desde 2009 a través de su esquema de ciudadanía por inversión.

En la actualidad, existen dos modos de que los “inversores respetables” alcancen legalmente la ciudadanía.

Por un lado, por medio de una contribución directa de US$100.000 al Estado por medio del Fondo de Diversificación Económica. Por otro, invertir un mínimo de US$200.000 en proyectos inmobiliarios aprobados por el gobierno.

Una vez que los inversores obtienen la nacionalidad dominicana, pueden trabajar e incluso desarrollar un negocio en el país caribeño, según aseguran desde el gobierno. Pero también, acceder al sistema financiero internacional.

“Muchas personas que optan por la ciudadanía por inversión buscan mejores opciones de viajeporque son de países como Pakistán donde solo se puede llegar a unos 40 países sin visa”, explica Surak, quien reconoce aspectos positivos y negativos del programa en Dominica.

A diferencia del camino tradicional hacia la ciudadanía en países de todo el mundo, donde exigen varios años de residencia, la ciudadanía de Dominica se pude asegurar sin siquiera pisar la isla, según el informe de 2023 del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción (Occrp).

Las críticas al programa

A primera vista, la medida trae amplios beneficios para la pequeña isla del Caribe. Sin embargo, en el último tiempo han empezado a llegar las críticas sobre la facilidad de acceder tan rápidamente a una ciudadanía.

La comisión de la Unión Europea planteó preocupaciones de seguridad sobre el comercio y propuso la suspensión de su régimen libre de visado para los países que venden ciudadanía, comunicaron en un informe de 2023.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró en otro informe que la ciudadanía por inversión “amenaza la viabilidad” de los flujos financieros para la reconstrucción y el desarrollo posteriores a los desastres.

Los periodistas del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción encargados de esa investigación detectaron, por medio del registro de 7.700 nombres de personas que compraron el programa de “ciudadanía por inversión”, que muchos de los nuevos “dominicanos” más tarde resultaron investigados, acusados o condenados por delitos en otros países.

Dominica responde diciendo que la ciudadanía está prohibida para aquellos solicitantes que cuenten con antecedentes penales, que estén bajo investigación penal sin divulgación y a quienes se les ha negado la ciudadanía en otro país o una visa para Estados Unidos.

También aseguran que quedan excluidos quienes hayan presentado información falsa y quienes hayan participado en actividades que puedan “dañar la reputación de Dominica”.

Mientras que las solicitudes de ciudadanos de Bielorrusia, Irán, el norte de Irak, Corea del Norte, Rusia, Yemen y Sudán están sujetas a una “evaluación adicional, a limitaciones o prohibiciones explícitas”.

Pero, lo que señalan los críticos es que existen problemas con la ley pueden surgir después de adquirir la ciudadanía como han verificado en el informe del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción.

La respuesta del gobierno a ese argumento ha sido clara: “Si alguien se convirtiera en ciudadano hoy y mañana por la mañana la persona va y hace algo y se encuentra en problemas con la ley, no se puede culpar al programa por eso”, según respondió el primer ministro Roosevelt Skerrit ante la prensa local.

Si bien Dominica ha tomado medidas para fortalecer la integridad del programa como en la ampliación de poderes de revocación y los criterios de elegibilidad, Dominica ahora depende mucho más que a mediados de la década de 1990 de la venta de ciudadanía.

“En definitiva, es hablar de la desigualdad. Me refiero, a las desigualdades entre el lugar donde naces, sobre el que no tienes elección, y la desigualdad de riqueza de quién puede comprarla o no”, sintetiza Surak.

“También muestra la desigualdad de estos pequeños países con los más ricos. En definitiva, ¿qué haces cuando tienes que importar todo y no tienes muchos recursos naturales?”.