• Un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo y regresarlos a suelo estadounidense

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo, junto con otros 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

La llegada de los deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez federal le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior.

“¡Uy!… demasiado tarde”, escribió el mandatario salvadoreño.

Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador “por un año”, renovable, lo que sugiere que podrían permanecer allí mucho más tiempo.

“EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros”, añadió.

El Salvador habría acordado aceptar albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año a un costo de US$ 6 millones de dólares, reportó la agencia AP.

El domingo, la Casa Blanca negó haber desobedecido la orden judicial.

Abierto desacato

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó la llegada de los pandilleros a El Salvador y agradeció a Bukele, calificándolo como “el líder de seguridad más firme de nuestra región”.

El sábado por la noche, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó paralizar, por 14 días, las deportaciones ordenadas por Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La ley faculta al gobierno detener y expulsar, en tiempos de guerra, a personas que amenacen la seguridad del país, sin tener que garantizarle a los afectados el debido proceso.

La última vez que el texto fue aplicado fue para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

El sábado, Trump declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando y amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU.”.

Y acto seguido, ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en el país que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

La resolución presidencial fue suspendida por el juez Boasberg, por considerar que la ley no es aplicable en este caso, pues EE.UU. no se encuentra en guerra.

Tras enterarse de que aviones con deportados habían despegado, el funcionario ordenó su regreso, informó The Washington Post.

Por su parte, este domingo la Casa Blanca negó que se haya desobedecido la orden judicial que impedía la deportación de estas personas.

La vocera del gobierno Trump. Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que los tribunales federales no tenían jurisdicción en las decisiones de política exterior del presidente de EE.UU. al tratar de desconocer los hechos.

“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados ​​físicamente de territorio estadounidense”, declaró Leavitt.

Por su parte, Rubio, en un comunicado, confirmó el domingo que las deportaciones se realizaron al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero, a su conveniencia, no mencionó el dictamen judicial.

“Enviamos más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua que El Salvador ha aceptado mantener en sus muy buenas cárceles, a un precio justo que también ahorrará dólares de nuestros contribuyentes”, anunció.

Por su parte, el gobierno venezolano, en un comunicado, rechazó la decisión de Trump, calificándola de «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos.

“Este es uno de los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”, señala el comunicado.

Sumado al rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, familiares de algunos de los venezolanos deportados hacia El Salvador le hicieron un llamado al presidente Buekele para que investigue individualmente cada caso.

En un video dado a conocer en las redes sociales, los familiares señalan que muchos de los deportados no pertenecen al Tren de Aragua y que se entregaron a las autoridades de EE.UU. debido a que no tenían medios para continuar su vida en este país.

Directo a la ‘megacárcel’

Un video adjunto publicado por Bukele en redes sociales muestra filas de hombres con grilletes de pies y manos, siendo escoltados por agentes armados desde el avión.

En la grabación se ve como algunos detenidos son introducidos en la parte trasera de vehículos blindados, mientras que a otros, encorvados porque los agentes les agachan la cabeza, son obligados a subir a autobuses.

El video también muestra una vista aérea de una larga y sinuosa escolta policial que conduce los autobuses hacia la temida “megacárcel” de El Salvador: El Cecot.

La prisión de máxima seguridad es un logro de Bukele y forma parte de su esfuerzo por combatir el crimen organizado en el país centroamericano.

La cárcel, con capacidad para 40.000 personas, ha sido criticada por algunos grupos de derechos humanos, los cuales denuncian que en la misma los reclusos son maltratados y no se les garantizan sus derechos, pero callan ante los miles de crímenes a la población civil.

El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador es una señal del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Gracias por su apoyo y amistad”, le dijo Rubio a Bukele el domingo.

El Salvador fue el segundo país que el jefe de la diplomacia estadounidense visitó tras su juramentación hace unas semanas.

Durante ese viaje, realizado en febrero, Bukele ofreció acoger a deportados estadounidenses, afirmando que esto ayudaría a financiar la gigantesca instalación Cecot.

Para el subdirector de Human Right Watch, Juan Pappier, este ofrecimiento de Bukele solo muestra que está convirtiendo a El Salvador “en la versión centroamericana de la prisión de Guantánamo”.

“Si los llevan a una audiencia judicial, será una audiencia virtual con cientos de detenidos al mismo tiempo. Será casi imposible liberarlos. No hay forma alguna de comunicarse con ellos”, dijo al diario estadounidense The Washington Post.

Golpe de efecto

Para muchos analistas, la decisión tomada por la Casa Blanca no será la última al respecto de obedecer las decisiones judiciales que se tomen en su contra.

“Se desacató una orden judicial. La primera de muchas, como he estado advirtiendo, y el comienzo de una verdadera crisis constitucional”, explicó el abogado experto en temas seguridad nacional Mark S. Zaid en su cuenta de Twitter.

El gobierno estadounidense no ha identificado a los deportados ni ha aportado pruebas que indiquen que eran miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido delitos en EE.UU.

Las últimas deportaciones del segundo mandato de Trump forman parte de la larga campaña del presidente contra la inmigración ilegal.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba al Tren de Aragua y a la MS-13 “organizaciones terroristas extranjeras”.

El magnate republicano ganó las presidenciales de noviembre pasado, en parte, por sus promesas de poner en marcha la mayor operación de deportación en la historia del país.

Hasta ahora, la agenda no ha cumplido con las expectativas, ya que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) no han alcanzado la cuota diaria de arrestos fijada por Trump.

Un informe reciente reveló que los agentes de ICE habían deportado menos inmigrantes en febrero que en el mismo mes del año anterior durante la administración del demócrata Joe Biden: 11.000 en febrero de 2025, en comparación con 12.000 en febrero de 2024.