El contacto con su hijo saltaba de un mes a otro. El 20 de noviembre habló con él por última vez: se lo iban a llevar a Mezquitic (Zacatecas) y el chico había tratado de escaparse. “Me vienen siguiendo”, le dijo a su madre. Estaba en San Juan de los Lagos, cerca de la central de autobuses. En la llamada, ella oyó tres disparos y eso fue todo. Laura llamó a la policía del lugar para que fueran a ayudar a su hijo: “Me dijeron que no había nada, que estaba todo normal”. No tuvo más noticias hasta que el 5 de marzo, en el video en directo de las buscadoras en el rancho de Teuchitlán, reconoció una camisa roja y una mochila: “Estoy 100% segura de que son de él”. “Yo me estoy consumiendo, solo quiero saber si lo mataron, dónde lo dejaron”, dice al otro lado del teléfono esta mujer cansada, “se están llevando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, los maltratan y además, los desaparecen. No hay quien nos ayude”.

Es la desaparición una mancha: México tiene casi 2.500 municipios y en un 75% de ellos se registran desapariciones. El reparto es desigual, pero demuestra los tentáculos de la crisis. Las 10 ciudades con mayor número acumulan juntas más de 21.500 personas sin localizar, es decir, casi el 20% de todas los que se registran en el país. Además de Guadalajara —en el primer puesto— y Zapopan, en Jalisco, la crisis estalla en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. En Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros faltan casi 8.000 personas. Cuna del reinado del terror de Los Zetas —hoy con sus líderes entregados a Estados Unidos—, en 2021 encontraron ahí un predecesor a Teuchitlán, La Bartolina, un paraje que funcionó como centro de exterminio y del que han sacado más de una tonelada de huesos, explica Rosa García. La mujer sigue en búsqueda de su hermano, su sobrina y su hija, todos secuestrados entre 2010 y 2012.

Está en los primeros puestos del horror Tijuana, con 2.382 desaparecidos, y donde se encontró uno de los primeros centros de exterminio del país: La Gallera, el predio donde Santiago Meza, alias El Pozolero, deshizo cientos de cuerpos en ácido antes de su detención en 2009. Siguen Monterrey y Culiacán —escenario actual de la guerra del narco—. Descollan dos lugares mucho más ignorados: Atlautla, en el Estado de México, y Centro, en Tabasco. El primero tiene una población de 32.000 personas y 1.860 desaparecidos.

Dice la antropóloga Rossana Reguillo que los grupos criminales “están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”. Las pugnas por el control del territorio requieren carne de cañón, de la “adquisición de mayores recursos humanos a través de mecanismos como la desaparición”, recoge Insight Crime. La paranoia criminal de identificar a cualquier hombre joven como enemigo potencial: en los años del terror de Los Zetas, cualquiera que pasara por municipios como San Fernando podía desaparecer, porque el cartel temía que todo aquel que buscara el norte fuera a engrosar las filas de sus rivales. Así, son los jóvenes quienes engrosan desde hace décadas la estadística del horror. La mitad de los desaparecidos del país, 60.000, son hombres entre 15 y 39 años, de esos, 35.000 son menores de 30 años.

Detrás de esas cifras están los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los cinco muchachos de Tierra Blanca secuestrados por policías estatales de Veracruz a petición de un todavía incipiente Cartel Jalisco Nueva Generación en 2016; están Salomón, Marco y Daniel, los tres estudiantes de cine desaparecidos en 2018 cuando estaban filmando en Guadalajara; están los cinco de Lagos de Moreno. De estos últimos, una mujer, que sobrevivió al rancho de Teuchitlán, ha contado al colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco que pasaron por este centro de exterminio. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante eran amigos de la infancia, estaban de camino a casa, cuando la noche del viernes 11 de agosto de 2023 fueron interceptados por el crimen organizado. Las últimas imágenes de ellos los muestran de rodillas, golpeados y amordazados. Sus familias siguen buscándolos.