“Simplemente un acaparamiento de fondos”: Ford rechaza la petición de los alcaldes de mantener los radares de conrol de velocidad

“Simplemente un acaparamiento de fondos”: Ford rechaza la petición de los alcaldes de mantener los radares de conrol de velocidad

El premier Doug Ford ha redoblado su apuesta por el plan de su gobierno de prohibir los radares de velocidad municipales en Ontario, rechazando las peticiones de los alcaldes de Brampton, Patrick Brown, y de Burlington, Marianne Meed Ward, para que se mantengan los programas que aportan decenas de millones de dólares a las arcas de las municipalidades.

En una carta concisa enviada a ambos alcaldes, Ford calificó los dispositivos como “simplemente un acaparamiento de fondos”, argumentando que no mejoran la seguridad vial y que, además, despojan a los conductores de millones.

La respuesta de Ford se produjo después de que Brown y Meed Ward instaran a la provincia a reconsiderar la legislación que prohibiría el control automatizado de la velocidad.

“La respuesta es no. Nuestro gobierno está prohibiendo este acaparamiento de fondos municipales de una vez por todas”, escribió Ford. “Lo único en lo que los radares municipales son 100% efectivos es en robarle el dinero a la gente trabajadora”.

En cambio, Ford afirmó que la provincia financiará medidas de pacificación del tráfico “probadas y proactivas”, como rotondas, reductores de velocidad y mejora de la señalización, especialmente en zonas escolares.

Ford menciona el aumento de los ingresos por multas
El premier señaló lo que describió como un crecimiento descontrolado de los ingresos por multas:

Entre 2020 y 2024, el número de multas emitidas por cámaras de velocidad en Ontario se multiplicó por casi nueve, de 163.852 a 1,3 millones, lo que supuso un coste de 52,5 millones de dólares para los conductores.

En Toronto, solo entre enero y agosto de 2025, se emitieron más de 550.000 multas, generando más de 30 millones de dólares. Una sola cámara, señaló Ford, emitió casi 70.000 multas desde 2022, recaudando 7,3 millones de dólares para la alcaldía. Otros municipios citados fueron la Región de Waterloo (55.000 multas en seis meses), Oakville (17.000 en tres meses) y Vaughan (32.000 en solo tres semanas).
Ford argumentó que si las cámaras fueran realmente eficaces para reducir la velocidad de los conductores, el número de multas estaría disminuyendo, no aumentando.

“Un número creciente de alcaldes, como Steven Del Duca en Vaughan, Alex Nuttall en Barrie e Iain Lovatt en Whitchurch-Stouffville, han eliminado las cámaras de velocidad en sus ciudades o se han comprometido a hacerlo pronto”, escribió Ford. “Se unen a la gran mayoría de municipios y alcaldes, incluyendo líderes como Barry Vrbanovic en Kitchener, que nunca implementaron cámaras de velocidad”.

La carta llega en medio de la creciente oposición de algunos líderes locales, quienes argumentan, sin evidencia alguna, que las cámaras de velocidad son una herramienta vital para proteger, poniendo como ejemplo a los niños y peatones en zonas escolares.

Brown ha sido uno de los críticos más acérrimos de la prohibición, advirtiendo que la eliminación de las cámaras reducirá la seguridad vial. La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, también defendió el programa de la ciudad, afirmando que las cámaras salvan vidas y pidiendo a la provincia que permita a los municipios tomar sus propias decisiones, pero ha evitado hablar sobre los cientos de millones que colecta.

Financiación y contratos
Brown y Meed Ward también solicitaron a la provincia que ayudara a cubrir los costos de la cancelación de los contratos existentes. Ford rechazó la solicitud, sugiriendo que los municipios utilizaran los ingresos ya recaudados por multas o solicitaran una compensación a los operadores de las cámaras.

Añadió que la legislación de Ontario indemnizará a los municipios para minimizar el riesgo de rescisión de contratos.

“Los animo a que, en lugar de cubrir estos costos, insistan en que los operadores de las cámaras de velocidad lo hagan, o utilicen las decenas de millones de dólares que han obtenido de los trabajadores a través de estos programas de cámaras de velocidad durante los últimos años”, respondió Ford.

¿Qué viene después?
El gobierno de Ford presentó una ley en septiembre para prohibir formalmente las cámaras de velocidad municipales. De aprobarse, la ley obligaría a los municipios a retirar los dispositivos existentes y prohibir la instalación de nuevos.

La medida ha desatado un debate provincial sobre la seguridad vial, la autonomía municipal y el equilibrio entre la aplicación de la ley y la infraestructura. Las juntas escolares de Ontario se sumaron recientemente al debate, instando al gobierno a priorizar la seguridad estudiantil por encima de la política.

“Nuestro gobierno está dispuesto a ayudar a financiar nueva señalización y medidas de moderación del tráfico que mantendrán seguras las zonas escolares. Sin embargo, no estamos dispuestos a permitir que continúe su apropiación indiscriminada de los radares municipales”, escribió Ford.

“Espero trabajar juntos para proteger a nuestras comunidades sin encarecer la vida de los trabajadores de Ontario”.