Las cámaras de control de velocidad de Ontario serán retiradas tras la aprobación de la ley

Las cámaras de control de velocidad de Ontario serán retiradas tras la aprobación de la ley

• Los dispositivos, de recolección de cientos de millones de dólares para los ayuntamientos, serán retirados de toda la provincia en dos semanas después de que el gobierno de Ford aprobara la legislación para prohibirlas.

Las cámaras de velocidad serán retiradas de toda la provincia de Ontario en dos semanas después de que el gobierno del premier Doug Ford aprobara el jueves una ley para prohibirlas, aunque no está claro cuándo las tan promocionadas medidas alternativas de pacificación del tráfico las reemplazarán.

Ford ha afirmado que las cámaras de velocidad no funcionan para reducir la velocidad de los conductores, aunque la evidencia recopilada de último momento por los municipios y los investigadores del Hospital para Niños Enfermos, sin corroborr evidencia, indica lo contrario, y cree que medidas como los reductores de velocidad, las rotondas y las señales luminosas intermitentes son más efectivas.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Prabmeet Sarkaria, no pudo precisar cuándo estas medidas reemplazarán a las cámaras de velocidad.

“En última instancia, tendremos señalización temporal, señalización más grande que se instalará antes del 14 en todas las zonas afectadas por las cámaras de velocidad municipales”, declaró tras el período de preguntas.

“Continuaremos trabajando con los municipios en la financiación futura durante las próximas semanas, así como en medidas adicionales que puedan implementar para mejorar la moderación del tráfico”.

Ford ha declarado que se incentivará a los municipios a utilizar reductores de velocidad, pasos de peatones elevados y rotondas, y que se creará un nuevo fondo para ayudar a sufragar algunos de estos costos, pero el gobierno aún no ha especificado la cantidad.

La alcaldesa de Burlington, Marianne Meed Ward, quien se encontraba entre los más de 20 alcaldes que solicitaron a la provincia que modificara, en lugar de eliminar, el programa de radares de velocidad, afirmó que los municipios no han recibido ninguna información adicional sobre el fondo.

“El gobierno debería proporcionar la financiación y las medidas alternativas, sean cuales sean, deberían estar implementadas antes de que se retiren los radares de velocidad”, declaró en una entrevista.

“De lo contrario, tendremos una importante deficiencia en materia de seguridad vial”.

Las señales no son suficientes, afirmó. Los reductores de velocidad no son apropiados en algunas de las vías más transitadas cerca de las escuelas y las rotondas son poco prácticas y costosas, añadió Meed Ward.

“Los radares de velocidad funcionan y son rentables porque trasladan la carga económica de los contribuyentes a quienes infringen la ley”.

La líder del NDP, Marit Stiles, expresó su preocupación por la eliminación de los radares de velocidad, especialmente durante el período en que no habrá radares ni medidas alternativas.

“Hay muchas cosas que podemos hacer, sin duda, para que la gente reduzca la velocidad”, dijo. “Pero les digo, si un peatón, si un niño resulta herido mientras tanto, la responsabilidad recaerá sobre este premier”.

El líder parlamentario liberal, John Fraser, afirmó que la eliminación de los radares de velocidad hará que las comunidades sean menos seguras y contradice la evidencia recopilada por los municipios, un estudio del Hospital para Niños Enfermos y la Universidad Metropolitana de Toronto, y las recomendaciones de la Asociación de Jefes de Policía de Ontario.

“Lo que hizo Doug Ford hoy al aprobar esto tan apresuradamente es ignorar a los jefes de policía, ignorar al Hospital para Niños Enfermos y decir: ‘Me pongo del lado de los vándalos de Toronto que han estado derribando radares de velocidad’”.

La campaña pública de Ford contra los radares de velocidad se intensificó después de que se destruyeran 17 radares automáticos en Toronto en tan solo dos días.

Las medidas para prohibir los radares de velocidad se incluyeron en un proyecto de ley para la reducción de la burocracia, que el gobierno tramitó con urgencia, limitando el debate y omitiendo las audiencias públicas.