• “Al venir a esta Corte yo pensaba que era la panacea universal de la Justicia, nunca me imaginé que los poderes políticos pudieran ponernos estas sanciones”.

La magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza es desde hace ocho años jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Este tribunal fue creado en 1998 por el llamado Estatuto de Roma para juzgar a individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

El gobierno estadounidense arbitrariamente sancionó este año a Ibáñez Carranza, a otros cinco jueces y a tres fiscales de la CPI, incluyendo el fiscal principal Karim Khan.

Algunas sanciones se anunciaron tras las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

EE.UU. dijo al anunciar estas sanciones que ha sido claro en su “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”.

“La Corte constituye una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”, agregó un comunicado del Departamento de Estado en Washington.

En el caso de Ibáñez Carranza, este Departamento sólo explicó que era sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones contra la CPI como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, dijo: “Imagina irte a dormir un día como un juez o jueza internacional de gran prestigio que preside algunos de los casos más importantes del mundo, y despertar a la mañana siguiente con el bloqueo de tu cuenta bancaria, la incautación de tus bienes en EE.UU., el cierre de tu cuenta de correo electrónico e incluso la cancelación de artículos que compraste en línea”.

“Esto es devastador y el mensaje es claro: Estados Unidos busca influir directamente a los jueces y fiscales en su trabajo tratándolos de la misma manera que trata a presuntos terroristas o líderes de cárteles”, añadió Satterthwaite.

La magistrada peruana llegó a la Corte Penal Internacional tras más de tres décadas de experiencia como fiscal en su país natal. Entre muchos otros casos prominentes, fue la fiscal del caso contra Abimael Guzmán, el exlíder de Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua en 2005.

La jueza dijo que las sanciones impuestas por Estados Unidos afectan su vida diaria. Pero aseguró que nada le impedirá seguir adelante con su misión.

“A mí me pueden hacer lo que quieran. Pero frente a unos hechos y una evidencia, lo único que yo puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”, afirmó.

A continuación, el diálogo de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza desde La Haya.

Varios jueces de la CPI fueron sancionados por EE.UU. por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa por crímenes relacionados con Gaza.

En su caso, ¿cuándo fue sancionada y qué razón dio el gobierno estadounidense?

El caso mío es una cosa extraña porque yo soy jueza desde hace casi ocho años de esta Corte. Soy jueza permanente de la División de Apelaciones.

Cuando esta noticia llegó, que fue a inicios de junio, yo me encontraba en Perú. Resulta que fue por una decisión que el colegiado de cinco jueces del Appeals Chamber, la Cámara de Apelaciones, había tomado hace seis años, en el 2019, en el caso de Afganistán.

En esta decisión nosotros lo que hicimos fue autorizar las investigaciones en el territorio de Afganistán por crímenes atroces vinculados al conflicto. No importa quién lo haya cometido, sean talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Pues Estados Unidos se sintió aludido de algún modo. No sé cómo, porque en realidad esta investigación ha servido para que tres meses atrás la Sala de Cuestiones Preliminares (jueces que se encargan de las diligencias previas a los juicios, por ejemplo, autorizar investigaciones) saque órdenes de arresto contra el jefe del Estado talibán y el jefe de la justicia talibán.

La sanción de EE.UU. era primero contra dos juezas de países pequeños del sur global, una era la jueza ugandesa y otra era mi persona, que soy peruana. Pero la decisión la tomamos cinco jueces, uno era de Reino Unido que ya no está. Otro era de Polonia que ya no está. Y solamente quedaba la jueza de Canadá, que no había sido sancionada.

Dos meses más tarde se aumentaron las sanciones para incluirlos a ellos.

Mucha gente piensa que cuando EE.UU. sanciona a un juez, eso significa simplemente que ya no puede viajar a ese país. Pero recientemente su colega, el juez francés Nicolas Guillou, y la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, también sancionados, hablaron del gran impacto personal de las sanciones.

Cuéntenos cómo afecta su vida diaria que haya sido sancionada por EE.UU.

Hemos sido sancionados seis jueces con la misma sanción, que quiere decir, primero, que nos han quitado la visa para entrar a Estados Unidos.

Pero además hay una serie de sanciones económicas que van desde no poder mover ninguna cuenta en dólares alrededor del mundo, ni siquiera en nuestro propio país, a quitarnos las tarjetas de crédito a todos nosotros.

No puedo ordenar una comida porque todo me pide tarjeta de crédito. No puedo ni siquiera tomar un taxi Uber porque cualquier organización que tenga sede en Estados Unidos está prohibida de ayudarnos.

Yo, por ejemplo, mandaba mensualmente dinero a través de Western Union a Perú para el mantenimiento de mi casa, para que se paguen las cuentas, la luz, el agua, etcétera. Western Union se ha quedado con mi dinero sin ninguna explicación. Dijeron que hay un problema y nunca más volvieron a decir nada.

Antes de llegar a esta Corte yo fui fiscal por 35 años en mi país, los últimos 15 años como fiscal nacional especializada en terrorismo, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Entonces a mí me han acusado de todo en el Perú, claro, todo mentira. Un poco como que estoy acostumbrada a esos ataques del poder.

Pero al venir a esta Corte, que yo pensaba que era la panacea universal de la Justicia, el cenáculo de la justicia universal, nunca me imaginé que los poderes políticos ya en otra dimensión muchísimo más alta pudieran ponernos estas sanciones.

¿Afectan estas sanciones de alguna forma a su familia?

Estas sanciones se extienden a nuestros familiares en algún modo y a todos aquellos que nos quieran ayudar. En mi caso, no solamente me han retirado la visa a mí, una visa que yo tengo desde que tenía 16 años y cada 10 años me la renovaban automáticamente.

Mi hija Andrea, que es abogada internacionalista, estaba trabajando en Mali, en África, y había pedido allí la renovación de su visa.

Entonces le mandaron un correo de la embajada de Mali, le citaron cualquier artículo de su ley migratoria por el que “prudentemente hemos decidido cancelarte la visa”. No daban explicaciones, pero sabíamos que es porque es mi hija.

Y otros jueces tampoco pueden enviar dinero a su familia.

El juez Guillou, justamente, tenía un problema con su pareja, que es norteamericano, y está prohibido de prestarle ayuda.

Había una jueza que, por ejemplo, no podía transferir el dinero que ella le transfería mensualmente a su mamá, o el caso de un fiscal que mandaba una manutención para sus hijos y como se dieron cuenta en Estados Unidos de que la señora recibía el dinero la bloquearon también a la señora. Es tan absurdo.

¿Puede hacer transacciones en bancos europeos?

Al principio fue un momento de mucha incertidumbre porque incluso el ABN Amro aquí, el banco más grande de Holanda, nos llamó y nos dijo “está cancelada su tarjeta de crédito. Usted no puede mover su cuenta en dólares, usted no puede esto o lo otro”. Y nosotros nos quedamos pensando, “¿entonces para qué vivimos en Europa? ¿Europa es subordinada a la política de Estados Unidos?”.

Tuvimos varias reuniones, entre ellas unas muy importantes con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Economía de acá y les planteamos eso. Yo personalmente les dije “me siento absolutamente sin defensa alguna. Y no me explico por qué Holanda, un país europeo que es totalmente independiente, cuyos bancos son independientes, tiene que subordinarse a las políticas de Estados Unidos. Por favor, respóndanos. Háganos saber si son ustedes independientes o no, porque si no sería bueno proponer que la Corte se mueva a otro lado porque aquí no hay ninguna garantía”.

Yo creo que eso y algunas otras cosas que se pudieron conversar con el Secretario de la Corte hicieron que ya el ABN Amro pudiera facilitarnos más cosas. Me facilitaron el cambio de una cuenta de dólares a euros y por ahora, bueno, ahí se deposita nuestro sueldo, pero nadie sabe cómo será el futuro para el próximo año.

¿Qué debería hacer Europa?

La Unión Europea es un sistema fuerte, y hemos escuchado muchos discursos muy bonitos apoyando a la Corte en la Asamblea de Estados Parte (que reúne a los países signatarios del Estatuto de Roma).

Pero no necesitamos solo discursos. Necesitamos medidas prácticas, que los bancos nos apoyen, que nos den nuestra tarjeta de crédito, que por lo menos Europa sea un sitio seguro. Y hasta ahora no lo es.

Me decía además que las sanciones de EE.UU. no son el único ataque que enfrenta…

No sé si lo saben, pero también algunos jueces tenemos órdenes de arresto por parte de Rusia.

¿Por qué emitió Rusia una orden de detención en su contra?

Porque se molestó Putin, porque la Sala de Cuestiones Preliminares hace dos años más o menos le puso una orden de arresto. Yo nunca he participado en ese juicio.

No he visto ese caso ni lo veré porque soy jueza de apelaciones. Pero en ese momento yo era primera vicepresidenta de la Corte y me pusieron la orden de arresto por ser miembro de la presidencia de la Corte. Eso es una locura. No he hecho nada, solo represento a la institución. Pero esa es la situación.

El juez Guillou dijo que las sanciones de EE.UU., que le impiden desde tener cuentas en Amazon a hacer transacciones en dólares o hacer reservas en Expedia o Airbnb, le causaban ansiedad e impotencia.

¿Cuál ha sido en su caso el impacto emocional?

Sí, ves el impacto emocional. Como le decía, yo estaba en Perú cuando se anunciaron las sanciones, pero sé que aquí hubo una conmoción entre los jueces. Algunos tuvieron expresiones emocionales fuertes. Me imagino por qué nunca les ha pasado nada.

A mí me han pasado tantas cosas durante mi carrera que las cargo en un lado como condecoraciones de mi país y ahora cargo en el otro lado las condecoraciones internacionales. ¿Por qué otra cosa te puedo decir?

Por supuesto que las sanciones afectan mucho moralmente, sobre todo, cuando tú ves que tu familia se preocupa y piensa que te va a pasar algo malo y ellos están impotentes para poder controlar eso.

Yo vine a esta corte pensando que voy a trabajar en lo mejor del mundo y ahora resulta que me pueden perseguir.

Los jueces somos seres humanos, nos preocupa la seguridad de nuestra familia. No me llamaría la atención que muchos colegas comiencen a renunciar con todo derecho. En mi caso, lo veo muy difícil porque yo no estoy en esta Corte ni porque es mi trabajo, ni porque necesito dinero ni por ningún interés. Como te decía, yo en mi país hice 35 años como fiscal. Tengo una pensión y no tengo problema alguno.

Yo estoy en esta Corte porque siento que es una misión, porque siento que mi trabajo es para la humanidad, porque siento que me da la posibilidad de construir seguridad y paz mundial sostenibles a través de procesos justos.

En mi caso, a mí me pueden hacer lo que quieran. Pero para mí, frente a unos hechos y una evidencia, lo único que yo puedo aplicar es el derecho y mi conciencia. No hay más.

No habrá nada ni nadie que me obligue a hacer algo que yo no quiera. O sea, si yo no quiero retirarme, no me voy a retirar. Y si quiero seguir haciendo justicia y adjudicando de acuerdo a mi conciencia y de acuerdo a lo que es la ley, pues nadie lo va a impedir. No habrá nada que lo impida salvo la voluntad del Altísimo, del Universo.

Y yo creo que todos mis colegas están más o menos en la misma línea. Claro, no todos en la misma intensidad, porque nuestras realidades son diferentes. Hay colegas que son bastante jóvenes y sí viven de lo que uno gana.

¿Qué buscan en su opinión las sanciones de EE.UU.?

La medida es personal contra algunos jueces, pero a la larga y en el fondo, lo que se desea es impactar y debilitar al sistema del Estatuto de Roma, a una Corte que lo único que hace es administrar justicia para las víctimas más débiles, millones alrededor del mundo, por crímenes atroces. Ellos son los principales afectados.

Precisamente en el comunicado de relatores de la ONU condenando las sanciones, ellos decían que atacar a la Corte es también silenciar a las víctimas…

La sanción es en realidad un ataque a las víctimas. Siempre existe esa tentación del poder de interferir en la independencia de los jueces porque somos la última valla para el Estado de Derecho, a nivel nacional y ahora también a nivel internacional.

Es el Estado de Derecho internacional. Nadie puede estar encima de la ley. Nosotros ejercemos como Corte nuestra función adjudicando donde tenemos jurisdicción, sea por el territorio, la materia, etcétera.

Nadie persigue a Estados Unidos. Nadie persigue a ningún nacional expresamente, como yo le expliqué a una delegación de congresistas norteamericanos que recibí en mi calidad de vicepresidenta hace casi dos años, republicanos y demócratas. Eran 17 y yo los recibí a todos.

Conversamos y les expliqué que el caso de Afganistán no es contra Estados Unidos. Es por cualquier crimen cometido en el territorio de Afganistán asociado al conflicto. Y la maravilla del sistema de Roma es que es complementario.

Complementariedad quiere decir, le dije a los congresistas, que si ustedes como país pueden abrir investigaciones y procesos contra personas que ustedes juzguen que han cometido delitos, eso es suficiente. La Corte nunca va a intervenir ahí, porque para nosotros las jurisdicciones nacionales son las primeras que tienen que adjudicar porque esencialmente están más cerca de las víctimas.

Entonces para esas víctimas a quienes nadie escucha en sus países, a quienes nadie hace caso en sus países, y las atacan, las matan, las silencian, esta Corte está creada para eso.

Algunos analistas dicen que con todos estos ataques que ha recibido la Corte, la CPI está un poco paralizada. ¿Estos ataques han afectado algo la labor de la Corte?

Mire, es cierto que estos ataques han intentado no solamente atacar nuestra independencia judicial, sino de cierta manera desmoralizar al sistema. Y es cierto que en lo personal, al menos al inicio se podía ver esto, no en los jueces, pero sobre todo en el staff, en los funcionarios, que estaban desmoralizados, tristes.

Yo soy una persona distinta, se levanta el día y yo estoy sencillamente alegre de vivir, y mí no me desmoraliza cualquier cuestión externa, pero no soy lo mismo que todos. Yo soy Luz Ibáñez y soy distinta.

La Corte no se ha detenido. Se acaban este año después de las sanciones de dictar dos sentencias a casos muy relevantes. El caso del señor Yekatome y Ngaisona de República Centroafricana y el caso de Ali Abd-Al-Rahman de Sudán. Acabamos de hacer las audiencias al expresidente Duterte de Filipinas.

He presidido ese caso. Las investigaciones siguen, nadie se ha paralizado. Yo veo también que las sanciones han logrado el efecto contrario en cuanto a los jueces, porque nosotros ahora estamos decididos, y así lo venimos haciendo, a responder como uno solo. Lo que es con el juez Gillou es con todos, lo que es con la jueza Prost es con todos, lo que es con Ibáñez es con todos.

Entonces han logrado el efecto contrario. Nos han cohesionado de un modo que nunca antes se había visto.

Muchos países no han querido cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa. Por otro lado, la Asamblea de Venezuela presentó recientemente un proyecto de ley para retirar al país de la Corte Penal Internacional.

Algunos lectores podrían preguntarse si la Corte está perdiendo relevancia. ¿Usted qué responde?

Yo diría que, por el contrario, hoy más que nunca la Corte se ha vuelto altamente relevante. Y si le puedo decir algo más, de manera personal, que no es falta de humildad, pero personalmente lo experimento así. Si antes yo pensaba que mi trabajo no era de interés más que para algunos pocos, hoy todo el mundo nos conoce, nos cita, se solidariza con nosotros.

Hoy somos más relevantes que nunca. Tenemos el caso ahora del expresidente filipino. Acaba de capturarse a un alto oficial del gobierno libio que ha tenido su primera audiencia inicial y seguimos trabajando.

Porque las víctimas siguen esperando de nosotros y del mundo. Entonces yo creo que hoy más que nunca esta Corte es relevante porque el servicio que prestamos no es a un país ni a un grupo de regiones o de estados.

No, señor. Nuestra causa es la humanidad. Nuestra causa es poder trabajar para asegurar un Estado de Derecho internacional donde nadie está por encima de la ley y donde es posible pensar en una seguridad y una paz duraderas y sostenibles. No se tienen que olvidar de que nuestro objetivo está ligado a eso. No hay otra cosa acá.

Puede ser que se arreste y juzgue a alguien de Libia, pero cuando se trata de países aliados de Estados Unidos en general eso no sucede, como en el caso de Gaza.

Guillou decía que este es un momento de verdad para la Corte. ¿En qué momento histórico estamos de la CPI?

No puedo expresar mucho sobre los casos de Gaza, etc., porque actualmente los estamos conociendo en la División de Apelaciones. Pero en cuanto al futuro de las órdenes de arresto, eso depende de la cooperación de los Estados.

Aquí nosotros estamos totalmente desprendidos de nuestra tarea judicial de cualquier asunto político. Aquí no hay interferencias políticas. No lo permitiríamos. Ninguno de nosotros. Creo que eventualmente podría darse un cumplimiento. Yo sé que se ha cuidado mucho el señor del que hablas de no ir a algunos países que sí podrían ejecutar la orden.

Nuestros países como Perú son países pequeños, sin poder político para enfrentarse a los poderosos. A mí me apoya el Perú, por supuesto. Pero no pueden hacer nada más allá de eso. Quienes sí pueden hacer algo son países con suficiente poder político porque están, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Francia, como Reino Unido. Ellos pueden liderar todo este tema del apoyo a la Corte, sobre todo la cooperación para las órdenes de arresto.

Yo creo que ahora es un momento distinto porque nos hemos visto las caras. ¿Acaso nos pueden decir en nuestra cara que nuestro trabajo está mal hecho?

Porque hicimos y dimos el paso que nadie quiso dar en más de 80 años después de los juicios de Nuremberg. Prestamos un servicio a la humanidad. No estamos sirviendo a nadie más.