CRÓNICAS: El Caso Chevron Texaco 

CRÓNICAS: El Caso Chevron Texaco 

Por: Lucía P. de García

Toronto.- Ecuador inicia el 2026 enfrentando la sentencia de un Tribunal Arbitral de La Haya emitida en diciembre 2025, el cual ordena a la República que cancele USD 220 millones a la transnacional estadounidense Chevron.

El caso se remonta a 1964, cuando Texaco inició sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana en un sector al que cambió su color esmeralda por negro, en tanto sus cuentas bancarias se hacían más y más verdes.

No se trató del hechizo de algún chamán de los pueblos originarios de la zona, fue un nuevo método de la transnacional: al levantar las torres extractoras de petróleo no reinyectó en las entrañas de la tierra el agua tóxica que acompaña al oro negro, las depositó en piscinas aledañas. Al deliberadamente no aplicar las técnicas seguras de fines del siglo XIX, Texaco obtuvo un ahorro-ganancia de USD 1 millón por pozo. 

Durante casi 30 años, 400 pozos lanzaron al aire millones de pies cúbicos de gas. Las piscinas desbordaron 465.000 millones de barriles de aguas tóxicas directa o indirectamente en selva, lagos, ríos, provocando extinción de flora, fauna. Extinción de los pueblos Sansahuari y Tetete. Desplazamiento de personas. Enfermedades de piel, gastrointestinales, pulmonares, deformaciones congénitas, cáncer, muerte.  

Ecuador recién conoció de la tragedia en 1990. La indignación fue tal que dos años después Texaco abandonó el país. La catástrofe que dejó es tres veces mayor que la de Alaska por el derrame del buque petrolero Exxon-Valdéz; y más grave que la de Chernobyl, cuando un reactor nuclear explotó dejando latente su radiación hasta hoy.  

La noticia del desastre ambiental en la Amazonía dio vuelta al mundo. En 1993, en Estados Unidos, los ecuatorianos Cristóbal Bonifaz, abogado y doctor Ph.D en ingeniería química, y el ecologista Manuel Pallares retornaron a la Patria para verificar los daños. Sus registros compartieron con Jonathan Mann, investigador de la Universidad de Harvard, quien, con un grupo de expertos viajó al sitio; allí recolectaron muestras y datos que enviaron al Laboratorio Pattelli, donde se comprobó que existía una inconmensurable contaminación. A igual conclusión llegaron los estudios de científicos, ecologistas y ambientalistas de Estados Unidos, Bélgica y Gran Bretaña.

La Federación de Indígenas de Pastaza, Amazonía, contrató al ecólogo Berkeley para que diseñara “un plan de conservación y preservación del bosque hasta cien años plazo”. Y delegó a los abogados Cristóbal Bonifaz y Joe Koney como representantes ante las cortes de Nueva York en la DEMANDA PRIVADA contra Texaco por sus deliberadas acciones, solicitando como reparación ambiental USD 1.500 millones. 

Procurando evadir responsabilidades, Texaco pidió que el litigio se diera en Ecuador por razones de “soberanía”. Aunque la demanda de la Federación procedía, las cortes neoyorkinas por años analizaron el lugar donde se debería ventilar el juicio.

En 1995 Cristóbal Bonifaz vino a Toronto para promover la causa indígena contra Texaco. Tuve la satisfacción de entrevistarle a nombre de El Popular. 

Como presidente, en 1993 Sixto Durán Ballén había firmado con Estados Unidos el Tratado Sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), acordando que en caso de conflicto se acudiría a un Tribunal de Arbitraje constituido según el Tratado. 

En 1995 su gobierno se inmiscuyó en el asunto Texaco, no para apoyar a los indígenas como era su obligación, sino, por sobre su demanda PRIVADA, aceptar de la petrolera  USD 15 millones para “Ejecución de trabajos de reparación medioambiental con liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas; y la compensación de un millón de dólares para los pueblos afectados”. En 1998 Jamil Mahuad firmó un Acta validando y ratificando todo lo resuelto por su antecesor, incluso el TBI. 

En 1999 Ecuador emitió la Ley de Gestión Ambiental que permitía a particulares demandar a los transgresores ambientales. Para entonces, un juez estadounidense ya había iniciado la etapa de pruebas. Otro, ante el argumento de Texaco que ya había solucionado el tema con el gobierno ecuatoriano, indicó que al ser demanda PRIVADA se debió haber acordado con indígenas y colonos. Un tercero dijo que el caso debía resolverse en Ecuador, sin obligar a Texaco a someterse a la jurisdicción ecuatoriana.

Con la nueva Ley, los indígenas solicitaron a las cortes estadounidenses el cambio de jurisdicción, la aceptación de Texaco de ser juzgada en Ecuador, y la autorización para conocer los textos confidenciales que la empresa había entregado al tercer juez. En tanto se aguardaba la respuesta, en marzo de 1999 Mahuad decretó el fatídico Feriado Bancario. Al dolarizar la moneda en enero 2000, fue destituido por la protesta popular. 

En 2000, las dos transnacionales se fusionaron con el nombre de ChevronTexaco Corp. Así Chevron pasó a ser el nuevo propietario de los activos y pasivos de Texaco. 

En 2002, el Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos concluyó que, para discernir el litigio, Ecuador es más conveniente, los demandantes viven allí. “Sería una molestia para un juzgado de Nueva York manejar las dificultades de traducción de grupos indígenas que hablan varios dialectos”. Acatando la disposición, el Frente de Defensa de la Amazonía presentó el caso contra ChevronTexaco Corp. en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana. Ésta aceptó. 

El “Juicio del Siglo” inició en 2003 con demanda PRIVADA de los pueblos amazónicos representados por un grupo de abogados: el estadounidense Steven Donzinger, y entre otros ecuatorianos, Pablo Fajardo y Luis Yanza. Por limpieza de pozos petroleros, áreas contaminadas, piscinas remediadas, piscinas con agua residual; estanques, pantanos, daños ambientales e indemnizaciones se solicitó USD 1.500 millones. Se adjuntaron informes médicos, científicos, auditorías, cientos de pruebas y documentos. Durante el juicio se estableció que se cubrieron con petróleo 1.500 kilómetros de caminos, y se construyeron 880 fosas del tamaño de una piscina olímpica, donde se depositaron vertidos tóxicos y metales pesados; a cada fosa se le colocó un tubo de conexión a los ríos. En 2011 se sentenció: Chevron debe pagar USD 9.500 millones. 

La transnacional negó la competencia de la Corte ecuatoriana y la idoneidad de todas las pruebas. Dijo que ya cumplió los Acuerdos con el Estado. Al mismo tiempo empleó su inmenso poder en perseguir, amedrentar y DESPRESTIGIAR A TODOS los involucrados en el justo reclamo de los pueblos afectados en la Amazonía ecuatoriana.

Steven Donzinger perdió su licencia de abogado en 2018. Dos años estuvo en arresto domiciliario por ayudar a la los indígenas a reclamar su pago “sin arrepentimiento”. “No puedo expresar arrepentimiento por acciones éticas y legales” dijo. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias exigió que fuera liberado con indemnización. 

Pablo Fajardo, radicado desde los 14 años en Sucumbíos y cuatro años con trabajo en Texaco mientras estudiaba para abogado por las noches, cambiaba constantemente de domicilio para esquivar el acoso de Chevron. Hoy, con igual valentía, entrega, entereza actúa como Coordinador Jurídico de la Unión de Afectados de Chevron (UDAP).

En 2013 el entonces presidente Rafael Correa dispuso una Auditoría a los TBI y al Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones. En Informe se indicó que hubo irresponsabilidad, ilegalidad; los litigios arbitrales habían perjudicado al país en USD 11.500 millones. Por tal razón se terminaron los Convenios con 17 países, sin cerrar puertas a la inversión extranjera y con regulaciones de beneficio mutuo honesto.

Al mismo tiempo lanzó la campaña “La Mano Sucia de Chevron” para que el mundo conociera las acciones nefastas de la petrolera, que le habrían significado una ganancia de USD 30.000 millones. E invitó a personajes internacionales, científicos, conservacionistas, artistas de cine y otros a acudir a los sitios contaminados. Allí encontraron vegetación, más, al atravesar con manos enguantadas esa nata de verdor, una gelatina espesa, negra y putrefacta impregnaba los guantes.

Mientras Correa defendía la vida armado con la verdad, exhortando a la población a difundirla en redes sociales, lanzando internacionalmente en español e inglés un video sobre los daños, Chevron, con capital cuatro veces mayor que el PIB de Ecuador, ya no sólo desprestigiaba a los involucrados, también a la Justicia y al Estado ecuatoriano.

Los tres últimos gobiernos han firmado TBI pese a que lo prohíbe la Constitución por faltar a la soberanía y ser nefastos al país. Uno de ellos, el que en base a los TBI firmados con Estados Unidos en 1993 y ratificados en 1995 y 1998, un tribunal arbitral de la Haya ordena a Ecuador cancelar USD 220 millones a Chevron. Como es de cumplimiento obligatorio, el 10 de diciembre 2025 la UDAP presentó ante la Corte de Sucumbíos un Pedido de Embargo a ese dinero, para entregar a las comunidades afectadas y remediar en algo suelos y aguas, puesto que Chevron no ha cancelado ni un centavo de los USD 9.500 millones fijados por sentencia en 2011, y ratificados por otras cuatro sentencias judiciales en firme, irrevocables e imposibles de anular.

¿Apoyará Daniel Noboa a los indígenas ecuatorianos o a la estadounidense Chevron? Para saberlo hay que esperar que regrese de su gira, que puede decirse inició el 18 de noviembre 2025 con intervalos de pocos días en el país, y culmina a fines de enero 2026 con su viaje número 30 desde que accedió al poder hace 26 meses.