Un brutal atentado terrorista en Colombia expone el pulso entre los grupos armados y el Estado

Un brutal atentado terrorista en Colombia expone el pulso entre los grupos armados y el Estado

Servicios de emergencia atienden el ataque en Cauca, Colombia, el 25 de abril. /foto Sebastian Marmolejo / Zuma Press (Sebastian Marmolejo / Zuma Press)

• Un ataque devastador expone el pulso entre los grupos armados y el Estado, y golpea la estrategia de seguridad del gobierno colombiano

Una explosión sacudió el pasado fin de semana una vía del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, y dejó al menos 20 muertos, en uno de los atentados contra civiles más letales de la violenta historia del país. La acción, atribuida al frente que comanda alias Iván Mordisco —jefe de la principal disidencia de las antiguas FARC—, no es un episodio aislado: es el último capítulo de un pulso abierto entre los grupos armados y el Estado colombiano, y un golpe directo a la apuesta de “paz total” con la que Gustavo Petro llegó al poder.

El estallido se escuchó a varios kilómetros. Un artefacto explosivo detonó el sábado por la tarde en la vía Panamericana, principal carretera del suroccidente del país. El ataque dejó un cráter de 200 metros cúbicos, la carretera sembrada de chatarra retorcida y cuerpos que tardaron horas en ser recuperados en una zona de difícil acceso, históricamente bajo control de grupos armados. El último balance se hizo público este domingo: 20 civiles muertos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad. Hay además 36 personas heridas, de las cuales tres permanecen en la UCI, y cinco menores de edad que se encuentran fuera de peligro. A pesar de la gravedad del episodio, el país ha mantenido su —frenética— agenda informativa habitual.

Desde el primer momento, la autoría del atentado del sábado apuntó a las estructuras comandadas por Iván Mordisco, líder del sector de las antiguas FARC que nunca firmó el acuerdo de paz y que ha convertido el suroccidente colombiano en su fortín.

La reacción inmediata del presidente Petro fue llamar a los criminales “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. En su cuenta de X aseguró que estos grupos buscan el regreso de la extrema derecha al poder para proteger sus economías ilícitas, y pidió una persecución internacional contra la organización. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, dijo. Siete horas después, Petro tuiteaba sobre su fiesta de cumpleaños, rodeado de antiguos amigos del M19, el grupo guerrillero en el que militó. La publicación, en la que se les ve sonrientes con collares de flores al cuello, desató una avalancha de críticas de la oposición, que la consideró inoportuna.

En su alocución presidencial de la noche de este lunes, Petro amplió su denuncia y convirtió el atentado en el Cauca en un asunto trasnacional. El presidente pidió a las autoridades de su país que investiguen su principal hipótesis: que los explosivos utilizados en el ataque —como dice que ha sucedido en casos anteriores— provienen de Ecuador. Apunta a que detrás de todo estaría la Junta del narcotráfico, una estructura criminal con sede en Dubái, que desde allí controla el tráfico global de cocaína y dirige a los grupos armados en Colombia.

Si bien reconoció que su país es el principal productor de cocaína del mundo, asegura que esta droga es transportada desde los puertos de Ecuador. De allí que desde el país vecino los narcotraficantes busquen mantener la cadena de suministro. El objetivo, dice, es generar miedo y caos para sabotear las elecciones y que en Colombia gane la extrema derecha.

“El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía. Es la Junta del narcotráfico”, sostuvo Petro. Durante la alocución mostró la denuncia que interpuso ante la Corte Penal Internacional para que investigue a Mordisco por delitos contra la humanidad, y añadió que buscará que la acusación se amplíe a todos los jefes de los frentes que operan en el Cauca. Mencionó específicamente a alias Marlon, señalado de orquestar el ataque del fin de semana.

En los primeros cuatro meses de 2026, Colombia ya suma 48 matanzas, con 229 víctimas mortales, la mayoría civiles, según la organización Indepaz. Es el récord de la última década. Con estas cifras, que son solo un panorama parcial de la violencia del país, este año electoral se perfila ya como el más violento desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Petro llegó al poder en 2022 con una ambiciosa estrategia de paz que buscaba negociar simultáneamente con los principales grupos armados del país, alcanzando hasta 13 mesas de diálogo. Las conversaciones han ido avanzando a trompicones, hasta el punto en que la mayoría de ellas están congeladas o enterradas.

A medida que el Gobierno constataba la falta de voluntad negociadora en varios actores, intensificó sus operaciones militares. Bajo presión de la opinión pública y de las Fuerzas Armadas, Petro retomó la ofensiva. Iván Mordisco se convirtió en el hombre más buscado del país, y las acciones contra su estructura han ido en aumento. Hace apenas un mes, una operación militar contra un campamento del grupo dejó seis muertos, entre ellos alias Lorena, su jefa de seguridad y compañera sentimental. El Gobierno también reactivó el uso de artillería a comienzos de 2024 y los bombardeos a finales de 2025.

Sus decisiones han sido polémicas, sobre todo entre sus aliados de izquierda, porque en los ataques han muerto varios menores, niños reclutados como soldados por las bandas criminales. Es la respuesta del Gobierno más a la izquierda en la historia reciente de Colombia ante un enemigo que, paradójicamente, le obliga a hablar el lenguaje de la mano dura.

“El atentado es parte de la reacción de un grupo armado frente a las operaciones del Ejército”, explica un analista involucrado en el proceso de paz que pide mantener el anonimato. A Mordisco, recuerda, “se le ha golpeado de manera muy fuerte durante todo el último año”. Y el Cauca, donde se perpetró el atentado, es la zona donde mantiene estructuras “muy fuertes, muy vigorosas”.

La elección de civiles como objetivo —que el analista califica como “operaciones de carácter demencial”— responde a una lógica estratégica: “Generar daño al Gobierno, atacar al liderazgo social e indígena de la región y, sobre todo, golpear la perspectiva de continuidad del proceso político que vive el país”. No se trata solo de matar, sino de sembrar el caos, de hacer inviable la paz (parcial y, por supuesto, total) a cinco semanas de la primera vuelta de las presidenciales.

Desestabilizar el país es parte de la estrategia de los grupos armados en Colombia para garantizar su supervivencia, coinciden los expertos. La principal hipótesis de la Fiscalía colombiana sobre el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sacudió el país hace casi un año, es que se trató de un intento de otra de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, por hacer tambalear las estructuras del Estado. Poner al país a pelear supone debilitar al Estado y facilitar que los grupos armados sigan dominando las rentables economías ilícitas que los sostienen.

El pulso de los grupos criminales contra el Estado suele estar concentrado en determinadas zonas de Colombia, las más afectadas por el conflicto armado, donde la disputa por el territorio deja a decenas de miles de civiles entre los disparos. En esas zonas, además, se concentran extensas zonas de cultivo de coca, marihuana y extracción ilegal de oro. Todos estos lugares han sufrido altibajos de violencia en los últimos años, encadenan episodios de violencia y vuelven a la calma. Colombia siempre está en alerta.