La acusación al gobernador de Sinaloa de vínculos con el narco lleva al límite la relación entre México y Estados Unidos
La acusación al gobernador de Sinaloa de vínculos con el narco lleva al límite la relación entre México y Estados Unidos
Raúl Rocha Moya en Ciudad de México, el 3 de abril de 2025. Foto: Gobierno de Sinaloa
- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York provoca una tormenta política en México al acusar a Rubén Rocha, de Morena, un senador y ocho funcionarios estatales de vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa. El Gobierno mexicano rechaza los señalamientos al decir que fueron formulados sin pruebas suficientes
La acusación de complicidad con el narcotráfico formulada por Estados Unidos el miércoles contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador y otros ocho altos cargos de ese Estado del norte ha detonado una descomunal crisis política en México. Los señalamientos contra uno de los gobernantes del oficialista Morena han llevado al límite la relación entre la Administración de Claudia Sheinbaum y el Gobierno de Donald Trump, quien lleva meses apretando a México por la huella que el crimen organizado tiene en el país. La acusación de los fiscales de Nueva York coloca a la mandataria ante una disyuntiva explosiva: defender a un gobernador de su partido y dar la espalda a Trump o entregar al gobernador de un Estado que lleva más de un año sumido en la violencia por la pugna entre facciones del poderoso cártel de Sinaloa.
Con la petición para detener al gobernador de Sinaloa, Estados Unidos pone en la mira a la narcopolítica en México. El golpe llega después de meses de indirectas y algunas acciones, como la cancelación de visados de autoridades locales y la presión desde Washington de aceptar ayuda militar para combatir a los cárteles. Pero ninguna de estas medidas es comparable a la petición de extradición de un mandatario local en activo y autoridades estatales y municipales del partido gobernante.
Jay Clayton, el fiscal neoyorquino, el mismo que construyó la acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, afirma que Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, habría ayudado a ganar las elecciones a Rubén Rocha en 2021. El escrito habla de cómo la campaña de Morena se dedicó a robar urnas y a “secuestrar e intimidar a candidatos de la oposición” a cambio de que les facilitara sus actividades criminales una vez en el poder.
El Gobierno de Sheinbaum reaccionó este miércoles diciendo que el escrito de acusación no lleva las pruebas adjuntas y que va a estudiar el documento. El gobernador, quien ya fue señalado de presuntos vínculos con el crimen organizado en 2024, niega los cargos y dice estar “tranquilo”: “no va a pasar nada”, aseguró, mientras la oposición se lanzaba a pedir la disolución de los poderes de ese Estado.
Las dos opciones que tiene la mandataria mexicana ante sí tienen costes políticos inmensos para ella, y ambas pueden abrir brechas en la relación bilateral. “Si Sheinbaum acepta extraditar al gobernador, estará aceptando extraditar a alguien respaldado por su partido”, explica Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. “Si no lo acepta, estará dando una respuesta muy delicada que tensará más aún las relaciones con Estados Unidos, que seguirá operando por su cuenta, obteniendo información en México”.
Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha en Ciudad de México, el 27 de febrero. Foto Gobierno de Sinaloa
No es la primera vez que Estados Unidos acusa a un alto cargo mexicano de colaborar con el narcotráfico. En 2020, durante el primer mandato de Trump, el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, un militar respetado en el Ejército, fue detenido cuando aterrizaba en Los Ángeles en un viaje con su familia a petición de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense. El asunto se zanjó con su repatriación después de una intensa batalla diplomática encabezada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el predecesor de Sheinbaum y fundador de Morena. La condición fue que Cienfuegos fuera investigado y juzgado en México, pero el general fue exonerado dos meses después.
La acusación de la Fiscalía estadounidense pide penas que van desde los 40 años de cárcel hasta la cadena perpetua, y está cimentada sobre “información de alta calidad”, dice López Portillo. Es decir, la que han podido proporcionarle, de primera mano, algunos de los 92 presos por pertenecer a organizaciones criminales que este Gobierno le ha enviado a Estados Unidos.
La petición de extradición del Departamento de Justicia estadounidense llega cuando ambos países negocian, junto a Canadá, el TMEC, un tratado comercial vital para México en el que Washington presiona con dureza con su política de aranceles, y después de meses de retórica injerencista de Donald Trump, que repite la idea de que México “está controlado por los cárteles”, ante lo cual el Gobierno mexicano ha tratado de demostrar, con operativos contundentes, que es capaz de controlar la situación en su territorio.
Con la acusación, Estados Unidos “obliga a Sheinbaum a definirse, a escoger la bala con la que se va a disparar”, plantea el analista político Carlos Bravo Regidor. “Si se pelea con su coalición, hay que ver cómo va a gobernar y cómo va a llegar a las elecciones de medio mandato”, expone. “Si se pelea con Trump, ¿qué va a pasar con la negociación del TMEC y con toda la cooperación en seguridad?”.
El gran riesgo de negarle la petición a Trump es que, en vez de seguir un procedimiento judicial, el presidente decida usar métodos más expeditivos en el país vecino, el gran temor de México, que Sheinbaum ha intentado frenar durante meses. “Trump es insaciable, él no se va a contener para imponer las condiciones en la relación bilateral, y [ante una negativa] probablemente va a venir a por gente”, afirma López Portillo.
La propia Sheinbaum contó hace una semana que en las conversaciones que tiene con Trump emergen sus ofrecimientos para actuar en territorio mexicano contra los cárteles. “Trump nos ha sugerido darnos mayor apoyo, incluso que hubiera presencia de miembros del Ejército de los Estados Unidos, a la cual hemos dicho ‘no es necesario’ (…) Somos muy estrictos con nuestra soberanía nacional”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
La mandataria hablaba en el marco del último roce con Washington, la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo antidroga en el Estado de Chihuahua que entraron sin la autorización ni el conocimiento del Gobierno federal. Qué estaban haciendo allí con otros agentes mexicanos es algo que determinará la Fiscalía General, que ha empezado a investigar el caso.
Desmantelamiento del laboratorio de metanfetamina en Chihuahua. Foto Gobierno de Chihuahua
En el último año, con Trump en el poder, la presión intervencionista en todos los ámbitos hacia México y otros países de América Latina se ha intensificado bajo la idea de cruzada contra el narcotráfico. El presidente de Estados Unidos considera la región su ámbito de influencia hegemónica, en una renovada versión de la llamada doctrina Monroe. La lucha contra el narcotráfico, el freno a la migración y el límite a la influencia de China en la zona son los pilares de su Escudo de las Américas, la alianza que presentó hace un mes rodeado de una docena de mandatarios seguidores de esas políticas.
La estrategia de México para resistir el embate está ahora en peligro. Hasta ahora ha consistido en recurrir a la idea de soberanía y en acumular resultados con operativos de amplio alcance contra el narco. Los dos más importantes en lo que va de año son el que acabó en febrero con El Mencho, el sanguinario líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el de este lunes, en el que se detuvo a tres presuntos narcotraficantes, entre ellos al Jardinero, un aspirante a encabezar la organización criminal de Jalisco. Las detenciones se hicieron con ayuda de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.
Una de las preguntas más incómodas para Sheinbaum es si no sabía nada de lo que sucedía en uno de los Estados que gobierna su partido, pese a que la oposición había aireado sospechas de que el gobernador tenía vínculos con el narco en 2024. Entonces, todos los gobernadores morenistas lo arroparon y firmaron un manifiesto de apoyo. Ahora la justicia de Estados Unidos ha reunido pruebas que apuntan a la narcopolítica, aunque el Gobierno de Sheinbaum dice que no se las han mostrado todavía. “Más allá de la presión de Trump, México está en una crisis descomunal de violencia y criminalidad que se alimenta de la impunidad”, sostiene López Portillo. “Si no se hacen grandes cambios, seguiremos siendo vulnerables a la presión de Estados Unidos”, afirma sobre una relación, ya muy desigual, puesta ahora en una situación explosiva.
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