Una gran grieta ha aparecido en el lugar menos esperado, el flamante piso que conformaba la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, espacio sagrado hasta ahora, en los 14 meses que han compartido Claudia Sheinbaum y Donald Trump al frente de sus respectivos gobiernos.

La crisis política en México por la presencia de agentes de la CIA sobre el terreno en Chihuahua y la acusación de Estados Unidos por narcotráfico contra un gobernador y un senador en Sinaloa enmarcan la ruptura, cuyo tamaño y consecuencias están por concretarse. La partida avanza, alfiles y caballos se preparan. Un movimiento en falso de uno u otro lado podría complicar aún más el panorama.

El trabajo coordinado de ambas administraciones en materia de seguridad parecía a salvo del habitual vendaval bajo el que vive la relación bilateral, enganchada al trauma interminable de los aranceles. Más aún, la labor del gabinete de Seguridad mexicano estos meses era motivo de orgullo para el Ejecutivo de Sheinbaum, una fuente de argumentos con que parar la verborrea de su homólogo estadounidense. Trump había iniciado su mandato señalando el tráfico de fentanilo desde México como uno de los principales problemas de EE UU. Sheinbaum había contestado en consecuencia, con golpes a estructuras del narcotráfico y el envío masivo de presos al norte, más de 90, evitando la burocracia del tratado de extradición.

Los guiños a Washington se sucedían. Detenciones y muertes de criminales alimentaban una coreografía pocas veces vista en la última década. Omar García Harfuch, vocero del gabinete de Seguridad, ejercía de solista con soltura. Viajaba a Washington de manera habitual y se reunía con los directores del FBI, la CIA, incluso la DEA, la agencia antidroga del país vecino, vilipendiada desde el primer bienio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por la detención del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles. Todo iba viento en popa, la colaboración en seguridad enriquecía además la posición negociadora de México en otros ámbitos, siempre con la vista puesta en el TMEC, el tratado comercial de América del Norte.

Pero, entonces, llegó el accidente en Chihuahua. El domingo 19 de abril, una camioneta en que se transportaban cuatro personas se estrelló en la sierra de Chihuahua, en el norte del país. Todos los pasajeros murieron.

Con el paso de las horas se supo que dos de los cuatro eran agentes de la Fiscalía estatal y los otros dos, ciudadanos estadounidenses. No pasó mucho tiempo hasta que los medios de ambos países desvelaron que los estadounidenses eran en realidad elementos de la CIA, la agencia de inteligencia del país vecino. Días más tarde, la Fiscalía de Chihuahua reconoció que esos agentes y otros dos habían participado en un operativo en la sierra, en que las autoridades locales habían desarticulado un enorme laboratorio de drogas sintéticas.

La polémica estaba servida. La pata legislativa de Morena, el partido gobernante, pidió explicaciones al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y a la gobernadora, Maru Campos, del partido Acción Nacional, parte de la oposición. García Harfuch salió al ruedo y aclaró que, en teoría, la colaboración binacional se basaba en el intercambio de información, no en operativos conjuntos. El Congreso mandó llamar a la gobernadora Campos. El 25 de abril, el gabinete de Seguridad dijo que ninguno de los dos agentes tenía permiso para participar en “actividades operativas en México”. Uno de ellos, dijeron, había entrado al país como un turista cualquiera…

El caso escaló. El fiscal Jáuregui, presionado, dimitió de su cargo. Sheinbaum acusó a Campos de dañar la soberanía nacional. El Senado insistió en llamar a la gobernadora y ella trató de resistirse. García Harfuch intentó echar un capote a Campos cuando dijo que ella le había dicho que no sabía de la presencia de agentes de la CIA en el Estado. En los últimos días, Sheinbaum había elevado el tono. Mandó una nota diplomática a Washington, pidiendo explicaciones por el operativo, y se enzarzó en una discusión con el embajador de aquel país, Ronald Johnson, a cuenta de las críticas de este último a la corrupción de la vida pública en el país. Este mismo jueves, la mandataria señalaba que EE UU, en respuesta a su nota diplomática, se había comprometido a “actuar con respeto a la ley y la Constitución en México“.

Y entonces la grieta se abrió del todo. Horas más tarde de que Sheinbaum se refiriera de nuevo a la crisis, el Departamento de Justicia del país vecino lanzó una bomba de racimo en Sinaloa, divulgando una acusación por narcotráfico contra el gobernador en funciones del Estado, Rubén Rocha Moya, de Morena, contra varios funcionarios de su Gobierno y un senador del partido, y pidiendo la extradición de todos, sobre los que planean penas de hasta cadena perpetua. La metralla llegó hasta Palacio Nacional, que delegó en las trincheras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, encargadas de la primera línea de batalla, con el objetivo de ganar tiempo y fijar postura.

En apenas 11 días, México y Estados Unidos se habían enganchado en dos conflictos diplomáticos a cuenta de la soberanía del primero, uno originado al sur de la frontera, los agentes de la CIA, y otro al norte, la bomba judicial teledirigida a Sinaloa. Desde Estados Unidos, el relato ha omitido la cuestión de la soberanía y se ha centrado en el lado emocional del accidente —la vocera de la Casa Blanca llegó a afear a Sheinbaum la falta de empatía por los agentes fallecidos. La bomba ha provocado cantidad de lecturas en el sur de la frontera y muchas señalan paralelismos y diferencias con el caso Cienfuegos y con el villano habitual del oficialismo, Genaro García Luna, zar de seguridad en tiempos del presidente Felipe Calderón (2006-2012), de Acción Nacional.

La comparación nace del rango de los acusados. Cienfuegos fue secretario de Estado, igual que García Luna, el primero, militar, y el segundo, civil. Rocha ha sido senador y ahora gobernador. Las diferencias se deben a la geografía y el tiempo. La justicia de Estados Unidos agarró a los dos primeros en su territorio, y luego hizo pública la acusación. Además, uno y otro habían dejado ya su cargo. Su detención no implicaba dificultades, más allá de la política, que se entrometió en el caso Cienfuegos. Entonces, durante el primer mandato de Trump, su Departamento de Justicia se sintió obligado a liberar a Cienfuegos, sobre el que pendían cargos de narcotráfico, y mandarlo a México.

El caso de Rocha y sus coacusados es distinto. En funciones hasta el año que viene, el gobernador está en México, donde no puede ser detenido por la protección que le otorga su cargo, aspecto que la justicia de Estados Unidos conoce. Además, el Departamento de Justicia eligió divulgar la acusación antes de tener a los implicados en custodia. Morena y sus diferentes patas —la ejecutiva, la legislativa, la partidista— han construido desde aquí su postura. El partido guinda lee en el movimiento de la Fiscalía de EE UU una acción política, un gruñido, una amenaza. La cuestión es por qué.