Comerciantes de uno de los barrios más pobres de Argentina, asediados por la policía: “Nos tratan como delincuentes”

Comerciantes del barrio Padre Carlos Mugica, el 29 de abril. Foto ENRIQUE GARCÍA MEDINA

Mientras Javier Milei condona la defraudación impositiva de los sectores más ricos, el Estado llega con su versión más reglamentarista a los emprendedores que tienen negocios de subsistencia

El Barrio Padre Carlos Mugica, conocido antes como la Villa 31, es uno de los más pobres de la ciudad de Buenos Aires.

En sus 72 hectáreas viven más de 45.000 habitantes —gran parte de ellos inmigrantes de Paraguay, Bolivia y Perú— que le dan volumen al enorme universo del trabajo informal en Argentina. Entre otras cosas, sus habitantes son obreros de la construcción, personal doméstico de los barrios acomodados que rodean a este asentamiento, recolectores que recuperan materiales reciclables de la basura o comerciantes que venden sus productos en las calles o gestionan negocios dentro del barrio.

En los últimos meses, los vecinos denuncian el aumento de operativos organizados por el Gobierno de la Ciudad —en los que participa la policía, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y distintos ministerios— para clausurar comercios que están fuera de regla, despejar puestos callejeros y confiscar mercadería y herramientas de trabajo.

Si bien algunos operativos podrían entenderse en el marco de un ordenamiento del barrio tendiente a facilitar la circulación, otros resultan a todas luces desproporcionados: veinte policías que llegan con armas largas para secuestrarle la parrilla a una señora mayor que vende tortillas en la calle. Un accionar que los vecinos identifican como hostigamiento y que, además de generar enojo, genera desesperación por la interrupción abrupta de los ingresos que les permiten mantenerse a flote.

A las tres de la tarde del jueves pasado, vecinos del barrio comenzaban a llegar a la Casa de la Cultura para participar de la reunión del Consejo de Gestión Participativa (CGP), una instancia de intercambio mensual con delegados del Gobierno de la Ciudad prevista por una ley de 2018. La Casa de la Cultura es un frente colorido metido entre las construcciones altas y precarias del barrio, que linda con una cancha de fútbol y los pilares de la autopista. Es un salón con capacidad para alrededor de 50 personas y en unos minutos se ocupan las sillas, los laterales del salón, el fondo, y la gente se empieza a acumular del otro lado de la puerta. Desde que se incrementaron los operativos, las reuniones multiplicaron su convocatoria.

—La última vez nos prometieron reuniones con comerciantes de cada sector del barrio. ¿Cumplieron? —Pregunta a viva voz Sócrates Aníbal de la Cruz, un vecino al que le clausuraron su corralón de materiales, que es uno de los primeros en la lista de oradores.

— Nooo —le responden a coro los vecinos.

De la Cruz tiene 61 años, nació en Perú y hace 27 años vive en el barrio. El 4 de marzo pasado un operativo de alrededor de 50 personas llegó hasta el corralón que tiene hace diez años. Tras exigirle la habilitación comercial, que no tenía, se lo clausuró y con máquinas cargadoras le secuestró mercadería equivalente a 20 millones de pesos (alrededor de 14.500 dólares), que no sabe dónde está. “Para nosotros es imposible obtener la habilitación porque no cumplimos los requisitos que exige la agencia de control. Como el resto de los vecinos no tengo título de propiedad y no pago servicios públicos porque simplemente no existen acá en el barrio”, se queja. La irregularidad de sus comercios anida en la irregularidad del barrio en el que viven, que el Gobierno que los sanciona tiene la responsabilidad de urbanizar.

Otra explicación que le dieron a De la Cruz al momento de secuestrarle su mercadería es que el Gobierno no quiere que se siga construyendo en el barrio, porque está creciendo desproporcionadamente y de manera insegura (el barrio Mugica cuadriplica la densidad poblacional promedio de la ciudad), pero le incautaron materiales que no son estructurales. “Me llevaron la pintura, pegamento para cerámicos, cosas para hacer terminaciones”, apunta. Su esposa, Adela Castillo, de 57 años, trabajaba con él en el corralón y, como hace dos meses que está cerrado, debió salir a buscar trabajo de limpieza en casas particulares para pasar el momento.

A lo largo de la reunión se menciona el caso de dos ancianos a los que un grupo de veinte policías les allanó el hogar para secuestrarles cinco garrafas de gas (comercializadas y utilizadas en el barrio, donde no hay red de gas) y a otro al que le secuestraron cajas de crayones. Algunos vecinos, como Chana, interrumpen el orden estipulado de los oradores para sumar sus testimonios urgentes: apenas unas horas antes vio cómo a su vecino, de 80 años, le llevaron el carro con el que hace fletes en una feria cercana. “Ahora no puede trabajar el hombre, yo lo vi cómo se puso a llorar. ¿Qué va a pasar con él que hoy no tiene para comer y cobra una jubilación mínima que no le alcanza para nada?”, vocifera desde el fondo.

Los casos se multiplican: verduleros a los que les secuestraron las papas, cartoneros a los que se les quitó el carro con el que hacen su recorrida o el caso de un hombre que se ganaba la vida lavando autos al lado de su casa y le demolieron la pequeña construcción que había hecho en el lugar. Si bien en la calle siguen presentes los pequeños emprendedores que venden productos —panes, bebidas, rosquitas, alfajores, frutas— para hacer el dinero del día, todos están preparados para desarmar rápidamente y desaparecer con sus cosas si son alertados sobre la presencia de controles.

Mientras el discurso nacional de Javier Milei engrandece la iniciativa privada, llama “héroes” a los empresarios que evaden impuestos y pone en vigencia una ley de blanqueo que condona la defraudación impositiva millonaria de los sectores más ricos, el Estado llega en su versión más reglamentarista a los emprendedores que tienen negocios de subsistencia y buscan la manera de mantenerse a flote en un mercado laboral cada vez más deteriorado. En Argentina crece el pluriempleo y el cuentapropismo mientras caen los puestos de trabajo registrados y la informalidad de la economía escala al 43%.

“Sentís que te humillan mucho, eso está mal. La policía no debería estar con estas pelotudeces sino cuidando que no maten a las personas”, dice Graciela, rabiosa, que con sus hijos intentó detener que se llevaran la parrilla de su vecina. Luis Pardo, herrero de profesión, también se quedó sin el comercio en el que trabajaba él junto a cinco empleados que, según dijo, sacaron de las drogas. “Llegaron como si fuéramos delincuentes y mira todo el dolor que nos ha causado”, les dijo a los representantes del gobierno porteño cuando le tocó el turno de tomar la palabra. “Era el pan que nosotros llevábamos a nuestra familia”.

Los vecinos piden que el Gobierno de la Ciudad les dé alguna alternativa para seguir trabajando mientras intentan cumplir con sus exigencias. “Nos sacan las herramientas de trabajo y los compañeros que son inquilinos no pueden generar la plata ni siquiera para pagar el alquiler”, cuestiona Eduardo Basanisi, que hace 17 años vive en el lugar, es referente de la organización peronista El Hormiguero e integra un comité de crisis integrado por distintos sectores del barrio.

El Gobierno de la Ciudad, que hoy encabeza Jorge Macri, no ha querido responder a las múltiples preguntas sobre los operativos. El PRO, partido político cuyo líder nacional es el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), gobierna la ciudad capital desde hace casi 20 años. La gestión previa, liderada por Horacio Rodríguez Larreta, avanzó con la urbanización del barrio y relocalizó a alrededor de 1.200 que vivían en la zona más sórdida, debajo de la vieja traza de la autopista Illia, en 26 edificios nuevos construidos en los márgenes.

Algunos de los vecinos que este jueves hicieron sus reclamos furiosos frente a los referentes del Gobierno de la Ciudad aseguran, incluso, que fueron durante años militantes de ese partido dentro del barrio. Abandonaron su filiación cuando el ascenso de Javier Milei cambió el clima de época y el PRO, contagiado por ese fenómeno ultra que se convirtió en su principal competencia electoral, endureció su mirada y sus políticas sobre los barrios populares.

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