Gobierno aumentará la multa máxima para las aerolíneas que violen la Carta de Derechos del Pasajero Aéreo a 1 millón de dólares

Gobierno aumentará la multa máxima para las aerolíneas que violen la Carta de Derechos del Pasajero Aéreo a 1 millón de dólares

• El gobierno propuso inicialmente aumentar la multa máxima por violaciones reiteradas a 250.000 dólares en 2023, en lugar de los 25.000 dólares actuales.

El gobierno federal anunció que aumentará la multa máxima que se puede imponer a las aerolíneas por violaciones reiteradas de la Carta de Derechos del Pasajero Aéreo a 1 millón de dólares.

El ministro de Transporte, Steven MacKinnon, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa.

“Las sanciones económicas son el último recurso. Están pensadas para casos de incumplimientos claros. Cuando hay un incumplimiento claro, debe haber una sanción clara y severa que disuada a las aerolíneas de repetir estos hechos”, declaró MacKinnon.

“Tengo bastante confianza en que las aerolíneas querrán estar a la altura de las expectativas que hemos establecido”.

La normativa, conocida formalmente como Reglamento de Protección del Pasajero Aéreo (APPR, por sus siglas en inglés), entró en vigor en 2019 y exige a las aerolíneas que compensen a los pasajeros por retrasos o cancelaciones que estén bajo su control, a lo que se han hecho de oídos sordos.

Las aerolíneas que infrinjan repetidamente estas regulaciones pueden recibir una multa máxima de 25.000 dólares. El gobierno propuso aumentar dicha multa a 250.000 dólares como parte de una serie de cambios introducidos en el presupuesto de 2023, pero estos cambios aún no han entrado en vigor.

Ian Jack, portavoz de la Asociación Canadiense del Automóvil, afirmó que el aumento de la multa podría ser una “amenaza vacía” si no se cumple.

“Creo que hasta ahora les ha convenido poner a prueba los límites del sistema, ya que el gobierno se ha mostrado muy reacio a imponer estas multas”, declaró Jack, cuya asociación ofrece servicios de viaje, incluyendo reservas de vuelos.

“Creo que tendremos que ver cómo se aplican estas multas en algunos casos. De lo contrario, será una amenaza vacía”.

La Agencia Canadiense de Transporte (CTA), un tribunal cuasi judicial y organismo regulador encargado de resolver disputas entre aerolíneas y clientes, ha estado lidiando con un gran número de quejas de pasajeros aéreos desde la entrada en vigor de la Carta de Derechos del Pasajero Aéreo en 2019.

La agencia informó el mes pasado que el número de quejas pendientes había superado las 95.000.

Como parte de la actualización económica del pasado martes, los liberales anunciaron su plan de externalizar el proceso de resolución de quejas de pasajeros aéreos a una organización neutral e independiente de resolución de disputas.

El gobierno aún no ha indicado qué tipo de organismo externo se contratará para ayudar a reducir el número de quejas pendientes, pero señaló los sistemas del Reino Unido y la Unión Europea como modelos a seguir.

Air Canada anunció a principios de este mes que pondría en marcha un programa piloto para transferir las quejas de pasajeros aéreos a un tercero.

Jack sugirió que el proceso de resolución por parte de un tercero podría ayudar a reducir el número de quejas pendientes, pero indicó que el gobierno debería priorizar la simplificación de la normativa.

“El propio ministro dijo que las normas son muy complicadas y su aplicación lleva demasiado tiempo. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo la intervención del sector privado va a solucionar mágicamente el problema y lograr la satisfacción de todos mucho más rápido”, afirmó.

El gobierno había prometido en el presupuesto de 2023 actualizar la normativa para simplificar el proceso y facilitar su comprensión a los pasajeros.

“Implementamos un sistema que, en retrospectiva, resultó engorroso, costoso y lento… Vamos a cambiar ese sistema”, declaró MacKinnon el viernes. “Si usted es una de las aproximadamente 100.000 personas afectadas por este retraso, la ayuda está en camino”.

La CTA propuso un nuevo conjunto de normas a finales de 2024 y concluyó las consultas sobre dichas propuestas en marzo de 2025. Estas normas propuestas aún no han entrado en vigor.

Al ser preguntado sobre cuándo se implementarían esos cambios, MacKinnon afirmó que su prioridad es que se resuelva el retraso.

“Lo primero que debemos hacer es eliminar este retraso acumulado, lograr equidad y resultados para quienes han presentado quejas. Estamos decididos a hacerlo, y a hacerlo rápidamente, para poder avanzar hacia un sistema mejor”, declaró a los periodistas el viernes.

Sin embargo, Jack argumentó que se deben implementar las nuevas regulaciones, de lo contrario, el retraso podría seguir aumentando.

“¿Cómo se va a reducir un retraso de 100.000 casos a cero en un abrir y cerrar de ojos, si se siguen utilizando las mismas reglas que han demostrado ser muy complicadas, lentas y engorrosas?”, preguntó Jack.