“Ojalá gane el compañero Cepeda”: los grupos armados intoxican las elecciones de Colombia

“Ojalá gane el compañero Cepeda”: los grupos armados intoxican las elecciones de Colombia

Un integrante de las disidencias de las extintas FARC, en el Cauca, en 2025. Foto Luisa Gonzalez (REUTERS)

• Una voz aguda, grabada en algún rincón del Guaviare, en la entrada a la Amazonía del sur de Colombia, ha recorrido el país este jueves. “Ojalá gane el compañero [Iván] Cepeda, porque ahí sí les vamos a apretar otros cuatro años”, dice el hombre, un supuesto jefe de una de las múltiples disidencias de las extintas terroristas FARC.

El candidato de izquierdas, líder en las encuestas y para lavar cara, ha rechazado cualquier apoyo de los grupos armados que aterrorizan cada día a cientos de miles de colombianos, pero el audio recuerda el poder que estas fuerzas subterráneas son capaces de ejercer en una elección.

A 17 días de la primera vuelta de las presidenciales, los grupos armados que algunos aún llaman guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares, vuelven a colarse en la conversación pública. Son actores invisibles que pueden decidir no solo por quién se debe votar, sino quién puede hacer campaña y quién no en los territorios que controlan. “Esto va un poco más allá de cuántos votos mueven y señala cuántos votos pueden cohibir, cuánta publicidad pueden dejar que haga un candidato y qué otro no podrá hacerlo”, explica Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

En las regiones afectadas por el conflicto, a lo largo de los años, los criminales han matado alcaldes, concejales o líderes sociales. Y controlan las urnas. En las comunidades más pequeñas, el voto no es secreto: con los datos de las mesas no es difícil averiguar si alguien incumplió una orden.

Las preferencias de los grupos criminales no son homogéneas y dependen de la zona, de la elección, del candidato o de la coyuntura del momento, pero en esta cita electoral hay una evidencia incómoda para el candidato de la izquierda: muchos le prefieren a él. Aunque Cepeda ha denunciado durante toda su carrera la influencia de los ilegales en la vida política del país, especialmente de los paramilitares, es un aspirante más cómodo para ellos.

Mientras la derecha promete mano dura para acabar con la violencia, Cepeda representa la continuidad de la política de paz total de Gustavo Petro, que ha intentado negociar con todos los grupos a la vez. Los resultados son muy cuestionables, y los criminales han mantenido la expansión territorial que iniciaron tras el acuerdo de paz con las FARC, en 2016. “Hay un interés en los grupos en mantener las mesas de negociación o abrir nuevas”, explica una fuente conocedora del terreno en el que se mueven.

En plena recta final de la campaña, el expresidente Álvaro Uribe y su candidata Paloma Valencia han denunciado presiones del ELN y las disidencias de las FARC para, según dicen, votar por Cepeda. La denuncia no es nueva: la derecha señaló por años a las extintas FARC de ayudar a la izquierda política, un señalamiento que pasó por el genocidio de miles de miembros de un partido de izquierda, la Unión Patriótica, incluyendo al padre del senador Cepeda.

La acusación tiene su propia ironía: Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010 bajo la sombra de la parapolítica, el mayor escándalo de infiltración paramilitar en la historia del país, que acabó con decenas de congresistas de su órbita política condenados por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El candidato de izquierda ha reaccionado este jueves, la segunda vez en solo dos semanas. “Es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado”, se ha desmarcado de los ilegales. El candidato, la apuesta de Petro para continuar su proyecto político, ha asegurado que él también cuenta con información sobre presiones ejercidas por grupos armados en algunos territorios del país y que la compartirá con las autoridades. “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, aseguró en un comunicado al hilo de las últimas revelaciones.

“A Cepeda le ha tocado salir a condenar porque la situación ya era muy evidente en distintos territorios”, afirma Trejos, el académico. “Pero, aunque lo condene, le es difícil no beneficiarse de esas prácticas; no puede decir ‘quítenme esos votos”. El candidato, considera Trejos, ha sido “un poco ambiguo” con su propuesta de paz de revisar las mesas de negociación para mantener las que funcionan y terminar las que no. “En esa ambigüedad, los grupos han leído que va a haber continuidad en la política de paz. Y si hay continuidad en ella, seguramente va a haber continuidad en la política de seguridad, una que les ha permitido crecer”, considera.

La intervención de los grupos armados en las elecciones colombianas es antigua y no nació en el Gobierno Petro. Es una constante en cada ciclo electoral y hay ejemplos de décadas atrás. Pablo Escobar hizo lobby violento en el Congreso para boicotear la extradición de narcos como él a Estados Unidos y los paramilitares de la AUC coparon el poder en los años 90 y 2000, hasta el punto de que su comandante Salvatore Mancuso presumió de tener vínculos con el 35% de los parlamentarios. Las extintas FARC o la guerrilla del ELN han incidido en administraciones locales. “Esto viene de tiempo atrás y no hemos logrado resolverlo”, lamenta Trejos. “Sea por el diseño institucional del país o porque el control de gran parte del territorio es muy débil por parte de las autoridades legales”.

Cuando los candidatos denuncian la influencia de los grupos, la imagen que se proyecta es siempre la de un hombre con un fusil obligando a su vecino a votar por alguien. Pero la realidad es mucho más sutil. La integración de los criminales en las estructuras sociales de estas comunidades es profunda y, en la mayoría de los casos, no hace falta apuntar a nadie con un arma para conseguir el objetivo. Esa forma menos obvia de actuar la hace más difícil de perseguir, de denunciar. “Tienes que conocer los territorios muy bien para poder hacerlo”, explica Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses. “Eso no quiere decir que tengan menos poder, porque incluso detrás de la forma indirecta están las armas”. Sin debates públicos honestos que entiendan esta realidad, advierte, no va a cambiar nada.

Mientras tanto, en algún rincón del Guaviare, alguien ya tomó su decisión.