La pobre gestión en seguridad de Chile empuja a Kast a mover fichas a 69 días de llegar al poder
La pobre gestión en seguridad de Chile empuja a Kast a mover fichas a 69 días de llegar al poder

José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, el 19 de mayo. Foto Presidencia de Chile
- El presidente de derechas pone a cargo a un político republicano de su confianza, pero sin experiencia en la materia y admite que no tenía pensado tener que hacer cambios en esta etapa
Lleva poco más de dos meses en el poder y el presidente chileno, José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, ha tenido que hacer lo que no había hecho un Gobierno en Chile, desde el retorno a la democracia en 1990: cambiar fichas dentro de su gabinete tan rápido. Las debilidades en la gestión de la seguridad, que fue el punto medular de sus promesas de campaña ante el auge de la delincuencia y, en consecuencia, de la preocupación de los ciudadanos, empujaron al cambio en la cabeza del área. Kast, acechado por el desgaste en la aprobación popular en sus primeros 69 días de mandato, ha sacado a dos de sus ministras, a Trinidad Steinert, la experimentada exfiscal en temas de crimen organizado que estaba a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, y a la portavoz Mara Sedini. Pero es la salida de la primera la que propina el mayor golpe al diseño de Gobierno inicial precisamente, por ser la mayor urgencia de su Gobierno y donde ha mostrado mayor debilidad.
Kast admitió en La Moneda la noche de este martes que no esperaba hacer este cambio y que “no era lo que tenía pensado para esta etapa”. Ha tratado de justificar la decisión, siguiendo la línea de su discurso de campaña: que se trata de un ajuste con “sentido de urgencia”, sin hacer una autocrítica a su diseño. “Quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza”, señaló.

Gabinete de José Antonio Kast, este martes.JAVIER TORRES (EFE)
El ajuste, sin embargo, ocurre cuando las encuestas han comenzado a golpear la credibilidad de la Administración de Kast, que ha propuesto un Gobierno que gestiona como emergencias tanto la delincuencia, como el crecimiento económico, el déficit fiscal o la falta de viviendas. El pasado domingo, el sondeo semanal de la encuestadora Cadem mostró que el 64% de los chilenos estima que su Administración no tiene un plan concreto en seguridad y el 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile. Durante la segunda vuelta, Kast amenazó a los extranjeros irregulares, que suman unos 330.000, diciéndoles que les quedaban 103 días para abandonar de Chile. “Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”. Dos meses después, a fecha 13 de mayo, matizó sus propias palabras: si alguien creyó que en un día “uno va a expulsar a 300.000”, entendió mal el mensaje pues era “una metáfora”. Ante la controversia de esa declaración, luego volvió a precisar que “que quizás la palabra era hipérbole”.
Los cambios en el Gabinete han llegado, además, en momentos cruciales para la Administración de derecha. En el Congreso se vota en estos días su otra gran apuesta, una megarreforma con medidas con foco tributario y económico con 40 iniciativas que encargó a su ministro de Hacienda, el cada vez más poderoso Jorge Quiroz. Además, Kast debe rendir cuentas ante el Legislativo el 1 de junio, una cita en la que ya debe mostrar sus avances y dar una hoja de ruta para los tres años que tienen por delante.
Hombres de confianza política
En reemplazo de Steinert, la exfiscal que llegó a ministra siendo independiente, Kast nombró al republicano Martín Arrau, que dejó la cartera de Obras Públicas. El político es de su máxima confianza y fue su jefe de su campaña en la segunda vuelta. Aunque el ingeniero civil industrial no tiene experiencia en seguridad, conoce cómo piensa el mandatario y tiene mucha influencia en el gabinete. Además, ha puesto como portavoz a Claudio Alvarado, quien oficiará en paralelo como ministro del Interior. Es un político con una larga trayectoria, a diferencia de la saliente Sedini. Es militante de la UDI, un partido de la derecha tradicional, y amigo del mandatario: ambos fueron diputados.

Martín Arrau asume como ministro de Seguridad Pública.Presidencia de Chile
Steinert tuvo cuestionamientos desde que empezó en el cargo de ministra. El Gobierno ha intentado defender su gestión, para no tener que admitir que se equivocó en su designación. Ha recordado los operativos contra el crimen organizado que encabezó la antes fiscal y ahora exministra en sus casi 70 días. Eso no ha borrado que su designación, para el área más sensible de los planes de Kast, llegó apenas cuatro días antes de la presentación del nuevo equipo de Gobierno, tras haber sondeado otros nombres. Ahí empezaron los cuestionamientos, pues el presidente había ganado las elecciones con sus promesas de que pondría especial atención a la seguridad, junto a al crecimiento económico y al control de la migración.
La maniobra recién ejecutada se ha justificado desde La Moneda con un discurso más bien enfocado en debilidades en la comunicación: que las dos ministras salientes no lograron transmitir sus mensajes. Este miércoles, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, negó que el reemplazo de Steinert y Sedini sea un fracaso y recalcó que el objetivo es “llegar al 1 de junio con la claridad absoluta de que algunas dificultades, fundamentalmente en el ámbito de las comunicaciones, tienen que quedar atrás para iniciar una nueva etapa”.
El deterioro por la criminalidad
Chile enfrenta una crisis de inseguridad que se ha agudizado por la irrupción de bandas de crimen organizado transnacionales, principalmente, durante la pandemia por pasos irregulares en la frontera norte con Perú y Bolivia. Una de ellas es el Tren de Aragua, de origen venezolano, que cambió el panorama delictivo.
Aparte de las bandas locales que cometen habitualmente asaltos a viviendas y robos de vehículos, en las modalidades conocidas en Chile como portonazos y encerronas, hoy se ven delitos que eran poco frecuentes hasta hace unos cinco años, como tráfico de migrantes con fines de explotación sexual, asesinatos por encargo conocidos como sicariatos y secuestros extorsivos. Hace tres semanas, dos comerciantes fueron retenidos en Santiago y, aunque la Policía de Investigaciones (PDI) logró su liberación y la detención de la mayoría de los delincuentes, ambos hechos generaron una alerta. Según cifras entregadas a este periódico por Hassel Barrientos, subprefecto y jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI, desde que irrumpió el Tren de Aragua y sus varias facciones, este tipo de crímenes se fueron al alza. El país sudamericano tenía, además, una tasa de homicidios relativamente estable, de tres de estos delitos por cada 100.000 habitantes, pero en 2023 mostró el peor registro, pues la tasa llegó a 6,7, más del doble en un país acostumbrado a la tranquilidad. La situación golpeó fuerte al Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric (2022-2026), que, pese a sus medidas, solo logró bajar la cifra a 5,4.
Las encuestas han mostrado, sucesivamente, que la delincuencia, y luego la economía, son la principal preocupación de los chilenos. Cuando Boric asumió en marzo de 2022 la seguridad no estaba dentro de sus prioridades, pero el golpe de la realidad lo empujó a cambiar su agenda. Al finalizar su gestión, el Ejecutivo sacó adelante en el Congreso más de 70 leyes, entre ellas, la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 2024, un proyecto que impulsó en 2021 el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, pero que concretó la Administración de izquierdas con el nombramiento de Luis Cordero a la cabeza, el antecesor de Steinert.
La campaña presidencial estuvo marcada por las propuestas para el control de la delincuencia y el crimen organizado. Kast encontró allí un relato, que fue acogido por sus votantes. Generó altísimas expectativas y la ciudadanía ha empezado a exigir cambios rápidos. De ahí la urgencia de ese primer ajuste de gabinete en Seguridad. En sus primeras palabras como ministro, Arrau reconoció que “Chile enfrenta un problema real, profundo y complejo”.

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