El voto de los más pobres marca la carrera a Palacio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El voto de los más pobres marca la carrera a Palacio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Personas esperan para votar durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. Foto Guadalupe Pardo (AP)

• La pobreza monetaria en Perú, que alcanza al 25,7% de la población, es capaz de inclinar la balanza entre dos candidatos que se disputan el voto con promesas de ayuda social

Una cuarta parte de la población peruana es pobre. Familias que a diario padecen el calvario de no tener cómo sostenerse y batallan por llevarse algo a la boca. Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 21% de peruanos son pobres no extremos y el 4,7% se encuentra en un estado de precariedad máxima. Las cifras denotan una reducción de la pobreza monetaria de 1,9 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando la incidencia fue de 27,6%, pero no hay mucho que celebrar: el Perú continúa siendo más pobre que antes de la pandemia (20,2 % en el 2019).

Junto a Honduras, Colombia y Argentina, Perú es uno de los pocos países de la región que todavía no recupera la capacidad de su bolsillo para vivir dignamente. Los estudios indican que 567.000 peruanos dejaron de ser pobres en el último año y que 8,8 millones continúan siéndolo en 2025. Son 2,3 millones más de personas sometidas a la precariedad en comparación con el 2019. A ello se suma que el índice de pobreza es discutible y marca una valla bastante baja para no estar considerado en el sótano del estrato social: 462 soles (135 dólares) al mes para satisfacer necesidades alimentarias y de otra índole.

La desigualdad económica ha pesado en las elecciones recientes y podría marcar el desenlace en la segunda vuelta que protagonizarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) el 7 de junio. De acuerdo a la última medición del INEI, las regiones con la incidencia de pobreza más alta (entre 35,7% y 39,8%) son siete: Cajamarca, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Puno y Loreto. Roberto Sánchez, el psicólogo que ha tomado la batuta del expresidente Pedro Castillo, ha sido el más votado, precisamente, en las seis regiones más pobres del Perú. Todas ubicadas en la sierra. Pasco y Loreto, la única ubicada en la selva, le han dado su confianza a Fujimori, la hija del líder autoritario de los noventa.

Ya en el primer pantallazo de los conteos el 12 de abril, se declaró que Fujimori, la líder de la bancada más influyente en el Parlamento, había pasado a segunda vuelta. El caso de Sánchez fue distinto. Se trató de una auténtica remontada que lo hizo trepar del sexto al segundo lugar, desplazando al ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Debido a que en las elecciones peruanas todavía no se ha implementado el voto digital, el voto rural fue de los últimos en contabilizarse. Ello explica el avance lento pero sostenido de Sánchez. Un repunte que el candidato Rafael López Aliaga ha tratado de empañar, con sus acusaciones de fraude.

“A Roberto Sánchez lo tienen que vencer en la cancha, no en la mesa como quería López Aliaga. Porque los más pobres del Perú han votado por él, y los pobres votan. Los votos nos igualan a todos los peruanos”, ha cuestionado la periodista Rosa María Palacios. A pesar de no ser andino, sino más bien costeño, Sánchez ha capitalizado el descontento de los sectores menos favorecidos que en las elecciones pasadas votaron por Pedro Castillo, el maestro rural que se encuentra tras las rejas desde fines de 2022 por intentar quebrar el orden constitucional. Sánchez promete un cambio para los más olvidados.

Hace poco, el líder de Juntos por el Perú fue el blanco de un sector mayoritario de la prensa por criticar cómo el crecimiento económico, del que tanto se han jactado gobiernos anteriores, no se ha traducido en mayor acceso a la educación o a empleos dignos. “El desarrollo humano es realmente lo fundamental y no se logra solo con crecimiento económico”, dijo el candidato, tildado de radical.

En su plan de gobierno, su agrupación se plantea reducir la pobreza rural en al menos 10 puntos porcentuales y asegurar la infraestructura productiva (canales de riego, caminos, entre otros). “La pobreza rural bordea el 40%, casi el doble que la urbana. El sector que alimenta al país es el más olvidado. El objetivo es reconocerla como columna vertebral del país y reducir la brecha histórica entre campo y ciudad”, dice el documento.

Su adversaria, Keiko Fujimori, se propone metas ambiciosas: reducir la pobreza en el Perú en un 50% al final de su mandato. Su estrategia es de corte asistencialista: incluye ampliar la cobertura de los programas sociales y crear tarjetas alimentarias para los hogares en pobreza extrema. Hace unos días, en plena campaña, prometió un bono mensual de 500 soles (145 dólares) para los comedores populares y ollas comunes. También señalan que fortalecerán la capacidad productiva de los más vulnerables, con acceso a créditos, capacitaciones y formalización de actividades económicas.

Su propuesta podría contradecirse con un incidente reciente. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acaba de multar por 198.000 soles (57.675 dólares) a su agrupación política, Fuerza Popular, por hacer un uso indebido de los fondos públicos en viajes, maestrías y capacitaciones no solicitadas entre el 2024 y el 2025. Además, les recortarán el 50% de su financiamiento público directo.

Roberto Sánchez también está en el ojo del huracán. El Ministerio Público solicitó hace un par de semanas cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad en su contra por presuntamente haber declarado información falsa respecto a los aportes de campaña ante la ONPE entre el 2018 y 2020. La Fiscalía lo acusa de falsear información y haber recibido más de 200.000 soles (58.368 dólares) no declarados. El 27 de mayo, a menos de una semana y media de la segunda vuelta, se realizará la audiencia que podría dar lugar al juicio oral. En caso de que Sánchez sea elegido presidente, el proceso penal deberá suspenderse hasta el término de su mandato. Una sentencia del Tribunal Constitucional limita la investigación preliminar contra mandatarios en funciones.