Rosa le ha hecho dos pedidos concretos a su esposo en caso de que sea deportada a Guatemala: que le mande sus ollas y que ahorre para sus gastos fúnebres. “A morir me iría”, sentencia esta mujer indocumentada que desde enero lucha para recuperarse de un derrame cerebral que casi le quita la vida. El Gobierno de Trump la tiene en la mira: hace unos días recibió por correo una multa de 1,8 millones de dólares por no haber acatado, desde 2013, una orden de salida voluntaria del país. No es un caso aislado: más de 65.000 inmigrantes han recibido cartas con sanciones impagables que, en conjunto, ascienden a 36.000 millones de dólares. Organizaciones y expertos han calificado la medida de inconstitucional, extremadamente cruel y una forma de tortura psicológica.

“Me la paso llorando, me siento muy triste, pienso que no la voy a hacer allá en Guatemala, porque no puedo estar sin la medicina y no puedo trabajar porque me canso demasiado al caminar”, lamenta Rosa, quien habló bajo condición de anonimato. La migrante vive junto a su esposo en un pequeño apartamento de Los Ángeles, California, y cada día toma un cóctel de medicamentos para la diabetes, la presión arterial y las secuelas del stroke que la llevó de urgencia al quirófano. La sanción millonaria que le envió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a finales de marzo la ha debilitado aún más, asegura la mujer, de 50 años. “Cuando me vienen a dejar la medicina, pienso que son del ICE, no quiero abrir la puerta, no quiero salir”.

La deuda exacta de Rosa con el Gobierno de EE UU es de 1.820.352 dólares, una cifra que su marido —el único sostén del hogar— tardaría casi 38 años en pagar si destinara íntegro su salario mensual de 4.000 dólares. Él trabaja como despachador en una gasolinera y la mitad de sus ingresos se esfuman en el alquiler de la vivienda. También es indocumentado. “No tengo dinero ni para mandar mis cosas para irme a mi país”, exclama Rosa con la voz debilitada. El DHS, sin embargo, ha fijado un plazo de apenas 15 días para pagar. La única alternativa que le ofrece para cancelar la sanción económica es abandonar el país cuanto antes.

“No tienen dinero para cubrir una cantidad así”

Las multas emitidas contra los indocumentados forman parte de una polémica estrategia de Donald Trump para controlar la migración más allá de las deportaciones. El mismo día en que inició su segundo mandato, el republicano firmó una orden ejecutiva que autorizó al DHS a cobrar estas penalizaciones. Desde su primer mandato (2017-2021), Trump había intentado aplicar la iniciativa, basada en una ley migratoria promulgada en 1996, pero no lo consiguió. La Administración de Joe Biden revisó posteriormente la medida y concluyó que las sanciones eran excesivamente punitivas e ineficaces.

Agentes federales en Nueva York, en febrero. Foto New York Daily News (TNS)

La estrategia del DHS consiste en imponer multas de hasta 1.000 dólares por cada día que un migrante ha permanecido en EE UU después de recibir una orden de salida voluntaria. El castigo tiene un límite de cinco años. Por eso muchos adeudan la misma cifra: 1,8 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno advierte que la deuda puede seguir creciendo debido a “intereses, gastos administrativos y multas por montos vencidos”.

Desde la primavera de 2025, el DHS comenzó a enviar cartas notificando estas sanciones económicas. Pero no está claro si la medida ha dado los resultados esperados. La dependencia no respondió a las preguntas enviadas por este medio sobre cuánto dinero ha recaudado ni cómo lo ha hecho. Tampoco reveló cuántos migrantes habrían optado por regresar a sus países para resolver el problema. “Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país deben marcharse ahora o enfrentar las consecuencias”, señaló el DHS en una breve declaración.

Organizaciones defensoras de los migrantes aseguran que la Administración de Trump ha decomisado salarios de personas con estas deudas. Otras medidas contempladas por el DHS, según advierten las cartas, incluyen remitir los adeudos a agencias privadas de cobro; reportarlos a entidades financieras, lo que podría afectar negativamente el historial crediticio; o transferir los casos al Departamento de Justicia para iniciar litigios. También advierte que tomará en cuenta los incumplimientos para rechazar futuros procesos de regularización migratoria.

“El Gobierno puede intentar tomar dinero de los cheques de pago, poner un lien (un gravamen que convierte un bien en garantía de pago) sobre una casa, o quizá sobre cuentas bancarias”, explica Raquel Kuronen, abogada especializada en inmigración. “Es parte de la estrategia del Gobierno de Trump, que busca presionar a los inmigrantes por distintas vías”.

El despacho legal de Kuronen representa desde Los Ángeles a unos 70 inmigrantes que han recibido estas multas, lo que equivale a cerca del 40% de su clientela. Ninguno ha pagado un centavo. “No tienen dinero para cubrir una cantidad así”, afirma la abogada.

La recomendación de los expertos a los migrantes es que busquen asesoría legal lo más pronto posible y respondan a estas notificaciones del DHS antes de que expire el plazo de 15 días, presentando una objeción formal a la multa.

La tortura de Felipe

Felipe, un mexicano de 47 años que vive en el sur de California, también carga con una deuda de 1,8 millones de dólares. El migrante, que se gana la vida como albañil, ha pensado en poner sus vehículos a nombre de sus hijos y retirar el poco dinero que tiene en el banco, anticipando acciones más agresivas del Gobierno. Recibió la carta del DHS el 7 de mayo y desde entonces perdió la tranquilidad. “Me cambió la vida. No quisiera arruinarles la vida a mis hijos”, dice entre sollozos en una entrevista telefónica. “Si mis hijos ya hubieran terminado sus carreras y pudieran sostenerse solos, yo me retiro, sin tener que soportar esta tortura. Pero mi misión todavía no termina”.

Cuando Felipe abrió la correspondencia enviada por el DHS y vio la cifra, pensó que quizá se trataba de algún código relacionado con su antiguo caso de asilo. “Le puse más atención y dije: no, esto es una multa. Pensé que nunca me iba a llegar”.

Terminó en esta situación porque en 2001, un año después de emigrar de Guadalajara, un notario público le prometió arreglarle los papeles, pero nunca le explicó que la estrategia consistía en presentar una solicitud de asilo, algo que en aquella época rara vez se concedía a mexicanos. Tiempo después recibió un permiso de trabajo y un número de Seguro Social. Todo parecía marchar bien hasta aquella audiencia en una corte migratoria en la que un juez le dijo que su caso no tenía fundamentos. “¿Lo deportamos nosotros o se va voluntariamente?”, le preguntó el magistrado. Felipe eligió la segunda opción, creyendo que bastaría esconderse de la policía migratoria. Pero la multa le dejó claro que las autoridades saben perfectamente dónde está.

“Ando con el Jesús en la boca. Cada vez que salgo de mi casa me persigno y digo: ‘Que sea lo que Dios quiera’. Voy viendo hacia todos lados. Me he topado con agentes del ICE, pero no me han detenido”, cuenta Felipe.

La guatemalteca Rosa terminó en el radar del ICE por circunstancias similares. Recién llegada a Los Ángeles en la década de los noventa, siendo apenas adolescente, la llevaron a una oficina legal para abrir un caso de asilo. Pagó miles de dólares, pero dejó el trámite inconcluso por falta de dinero. Aun así, logró obtener un permiso de trabajo que le permitió emplearse en fábricas y maquiladoras. En 2013 intentó reabrir el caso, pero tampoco prosperó. “Nunca me dijeron que tenía una orden de deportación. Me enteré hasta que me llegó la carta de la multa”, relata.

“Una deuda que los llevará a la ruina”

Los abogados que defienden a migrantes con estas deudas están construyendo sus casos sobre tres argumentos: demostrar que sus clientes no han sido una carga pública, que nunca supieron que las multas podrían escalar con los años hasta alcanzar cantidades millonarias y que existieron circunstancias apremiantes que les impidieron regresar a sus países. “Queremos probar que no fue algo deliberado, que tal vez nunca recibieron el aviso de la corte cuando se emitió una orden de deportación en ausencia (sin la presencia del migrante). Quizá estaban enfermos, encarcelados, tenían un familiar enfermo, algo pasó”, explica Kuronen.

Migrantes deportados de Estados Unidos a Guatemala, el 15 de abril. Foto Anna Moneymaker (Getty Images)

A finales de 2025, organizaciones civiles presentaron una demanda colectiva en nombre de dos migrantes multadas, identificadas como María L. y Nancy M., residentes de Massachusetts y Florida. La querella señala al DHS, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y exfuncionarios de la Administración Trump, como Pam Bondi y Kristi Noem.

Según este proceso judicial, las agencias federales están imponiendo estas sanciones civiles sin analizar si son apropiadas para cada caso individual, por ejemplo, revisando por qué la persona no regresó a su país, y además lo hacen sin llevar los procesos ante un jurado. “De no ser impugnadas, estas multas sumirán a María L., Nancy M. y a miles de personas… en una deuda que los llevará a la ruina, en violación de la Constitución” y de la Ley de Inmigración, sostiene. El objetivo de la querella, que sigue en litigio en una corte federal de Massachusetts, es obtener una orden judicial que suspenda el cobro de las multas.

“Con esta Administración todo puede pasar, y ahí te das cuenta de que el interés no es resolver problemas, sino hostigar e intimidar a los inmigrantes para obligarlos a autodeportarse”, declaró Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “No es justo, porque nuestra gente es trabajadora y en ningún momento va a poder pagar estas multas”.

Rosa, la migrante guatemalteca, cuenta que ha acudido a bufetes jurídicos y a la oficina de una organización proinmigrantes en Los Ángeles para revisar su caso. Todos le han recomendado regresar a Guatemala, advirtiéndole que si no se va, el Gobierno la “va a demandar para cobrar ese dinero”. A una abogada le preguntó si sería buena idea mudarse para salir del radar del ICE. La respuesta de la litigante la dejó helada: “Voy a hacer como que no escuché nada”.