El Supremo de Estados Unidos se dispone a pronunciarse sobre varios casos que fijarán los límites del poder presidencial
El Supremo de Estados Unidos se dispone a pronunciarse sobre varios casos que fijarán los límites del poder presidencial
Manifestantes a favor y en contra de Trump se congregan frente al Tribunal Supremo, en Washington, el pasado 1 de abril, durante la audiencia pública sobre la intención del presidente de Estados Unidos de negar la ciudadanía a los hijos nacidos de inmigrantes sin papeles. Foto J. Scott Applewhite (AP)
- La Corte decidirá esta semana si Trump tiene potestad para despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. También fallará sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento, un caso que afecta a la esencia de la nación
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora por seis a tres, se disponen a emitir esta semana varios fallos decisivos, antes de un largo receso de casi dos meses por vacaciones, que definirán el futuro de la presidencia de Donald Trump y del país.
Las decisiones que tomen a partir de este lunes reescribirán los límites de la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, fijarán una nueva frontera del poder presidencial y afectarán a la esencia misma de la nación.
La ciudadanía por nacimiento
Desde hace años, los jueces del Supremo dejan siempre para la última semana de junio algunos de los asuntos más relevantes del curso judicial. Y este año no será menos. Se espera que el tribunal se pronuncie sobre el caso Trump contra Barbara, que tiene que ver con el intento del presidente de revertir la ciudadanía por nacimiento, un principio legal por el que se concede de forma prácticamente automática la nacionalidad estadounidense a cualquier persona nacida en territorio de Estados Unidos.
El caso pasó por audiencia pública el 1 de abril, y en ese momento la mayoría de los magistrados mostraron su escepticismo sobre la orden de Trump de denegar la nacionalidad a hijos de inmigrantes sin papeles. El sentido de la decisión judicial podría afectar a más de 250.000 bebés al año o casi tres millones de niños en la próxima década, que se verían privados de la ciudadanía estadounidense si prosperan las intenciones del racista en la Casa Blanca.
Trump llega en su coche oficial al Tribunal Supremo de EE UU para asistir a la audiencia pública sobre la ciudadanía de hijos de inmigrantes irregulares, el pasado 1 de abril. Foto Mark Schiefelbein (AP)
Es uno de los casos pendientes con más voltaje político. En un hecho insólito, Trump acudió en abril a la audiencia pública del Supremo para escuchar los alegatos de las partes. Nunca hasta ahora un presidente había acudido a una vista oral, un hecho sin precedentes en la historia democrática de Estados Unidos. La presencia de Trump se interpretó como una maniobra para presionar e intentar influir sobre la independencia de los jueces unas semanas después de que estos le propinaran un revés al considerar inconstitucionales los aranceles recíprocos que había aplicado a todo el mundo.
Aunque el tribunal, de clara mayoría conservadora, suele estar alineado con las políticas de Trump, los magistrados expresaron su escepticismo en este caso. El presidente del tribunal, John Roberts, dejó una frase para la historia: “El mundo ha cambiado, pero la Constitución sigue siendo la misma”.
La independencia de la Fed
Otro de los casos controvertidos que tendrán que dilucidar los nueve magistrados del Supremo tiene que ver con el intento de Trump de despedir a Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed, el banco central de EE UU), a la que ha acusado sin pruebas de irregularidades en la firma de dos hipotecas.
El tribunal se enfrenta a una difícil disyuntiva: la Fed es un organismo autónomo e independiente, que solo está sujeto a los dictados del Congreso. Se diseñó así para evitar las interferencias gubernamentales en las políticas monetarias, ya que la historia demuestra que los presidentes suelen presionar a la institución para que baje los tipos de interés en los períodos electorales. Pero una ley federal permite el despido de algún miembro de la Fed por parte del presidente si existe “causa justificada”.
El mandatario estadounidense publicó en agosto de 2025, a través de las redes sociales, la carta de despido, en un documento sin membrete y sin firmar, alegando irregularidades que la afectada niega vehementemente. Medio millar de economistas de renombre firmaron cartas de apoyo a Cook, la primera mujer afroamericana que se sienta en el consejo de la Reserva Federal. Fue nombrada por Joe Biden en 2022 y es una de los halcones que se opone a las rebajas generalizadas de los tipos de interés que desea Trump. En la audiencia pública del caso, celebrada el pasado enero, la mayoría de los magistrados se mostró reticente a permitir el despido de Cook.
La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook sale del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington, el pasado 21 de enero. Foto Nathan Howard (REUTERS)
La maniobra de Trump se interpreta como una estrategia para socavar la independencia de la Reserva Federal y supondría desdibujar la delgada línea que divide el poder ejecutivo del legislativo.
El despido de Rebecca Slaughter
Los magistrados tendrán que decidir igualmente si el presidente puede despedir, sin causa justificada, a Rebecca Slaughter, una de los cinco ejecutivos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). En este caso, los magistrados se inclinaron durante la audiencia pública por respaldar a Trump y permitir la destitución de Slaughter.
Las normas que regulan el FTC impiden al presidente despedir a ejecutivos salvo en casos de “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo”. Ninguna de estas circunstancias estaba reflejada en la carta de despido que recibió Slaughter: en ella se indicaba que permitirle permanecer en el cargo sería “incompatible con las prioridades de la Administración”. Durante la vista oral se debatió intensamente sobre si un fallo a favor de Slaughter podría otorgar al Congreso un poder desmesurado.
El voto por correo
Se espera que el Supremo se pronuncie también en estos días sobre otras decisiones importantes que afectarán a las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebrarán a principios de noviembre y que servirán como una especie de plebiscito sobre el mandato de Trump.
En el caso Watson contra el Comité Nacional Republicano, los magistrados deberán analizar una impugnación de una ley de Misisipi que permite que se cuenten las papeletas enviadas por correo siempre que tengan matasellos y se reciban dentro de los cinco días posteriores al día de las elecciones. En la vista oral, la mayoría de los magistrados parecieron dispuestos a respaldar el fallo de un tribunal inferior que establece que la ley federal exige que todas las papeletas se reciban antes del día de las elecciones.
Durante la audiencia pública, la mayoría de los magistrados se alineó con el Partido Republicano de Misisipi y el Partido Libertario del mismo Estado, que habían presentado el recurso contra esa ley. La mayoría de los jueces del Supremo coincidió en que la ley estatal parece entrar en conflicto con las leyes federales que establecen el martes siguiente al primer lunes de noviembre como el “día de las elecciones” y, por tanto, no permiten recibir votos con posterioridad.
Tribunal de mayoría conservadora
Pese a que los magistrados pueden desoír al presidente en estos casos, la Corte ha dado sobradas muestras de su alineamiento con el Gobierno de Trump, quien ha nombrado a tres de los actuales jueces del Supremo. El pasado jueves, por ejemplo, dictó una sentencia que legitima al ocupante del Despacho Oval a eliminar el TPS (el Estatus de Protección Temporal) a 350.000 haitianos y 6.000 sirios y abre la puerta a su deportación.
La decisión puede afectar a cerca de un millón de personas de otros países que dependen de este programa para evitar ser expulsados de Estados Unidos. Ese mismo día, la mayoría conservadora del Supremo respaldó la norma federal patrocinada por Trump que impide la solicitud de asilo en la frontera con México. La orden judicial permite que los migrantes que lleguen a la frontera sean expulsados sin la oportunidad de presentar sus casos ante los agentes.
Los fallos avalan el endurecimiento de las leyes migratorias de la Administración Trump, que ha enarbolado la bandera de la lucha contra la inmigración como uno de los estandartes de sus políticas. Y ha multiplicado los recursos del ICE (la policía migratoria) y de la Patrulla Fronteriza con brutales campañas de persecución y acoso contra inmigrantes sin documentación para realizar deportaciones masivas. Estas políticas suponen un giro radical hacia el nacionalismo en un país que ha tenido la inmigración en su ADN fundacional: Estados Unidos ha sido construido a base de oleadas de extranjeros procedentes de todos los rincones del planeta.
Comments (0)