Están en todos lados. En ferias itinerantes o callejeras, pero también en locales de centros comerciales elegantes; en bazares, en plataformas virtuales, en terminales de ómnibus y aeropuertos y en sucursales de cadenas reconocidas. La circulación de mercadería de contrabando aumentó notablemente en Argentina en los últimos años, algo de lo que consumidores y empresarios pueden dar cuenta, aun cuando el fenómeno resulta esquivo a los registros oficiales. Un relevamiento de la consultora de negocios MAP señala que hay evidencias sectoriales y estudios privados que muestran un fuerte aumento del contrabando y del comercio ilegal en Argentina durante 2025, que lo ha convertido en un “problema muy grave” para el país.

“La problemática siempre existió, pero fue creciendo en coincidencia con la apertura y la desregulación de la economía, que eliminaron algunos mecanismos que servían para combatirla. Esto ha propiciado un contexto de libre circulación de mercadería ilegal, poniendo en jaque los mecanismos tradicionales de fiscalización”, apunta el estudio, que concluye que en 2025 se perdieron al menos 2.300 millones de dólares de recaudación fiscal por el contrabando, lo que representa un 0,3% del PBI nacional. La Dirección General de Aduanas decidió no hacer comentarios al respecto, del mismo modo que el Ministerio de Seguridad Nacional.

Además del levantamiento de barreras a la importación y la relajación de controles definidos por el Gobierno de Javier Milei, resulta un factor clave el tipo de cambio favorable a la compra de productos en el exterior, combinado con la eliminación de la brecha entre el dólar oficial y el blue, que volvía más rentable mantenerse dentro de los carriles legales. Se sumó también la expansión del comercio electrónico y las plataformas de venta online que, sin controles efectivos ni identificación clara de los operadores, permitió la entrada de actores informales, amplificando la escala y el alcance de esta problemática.

Marco Meloni, dueño de una fábrica textil de Luján —70 kilómetros al oeste de Buenos Aires— y vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), explica que ingresa mercadería de manera ilegal por las zonas fronterizas con Chile, Bolivia y Paraguay, lo que se suma al “contrabando legal”: mercadería que pasa por la aduana al llegar al país, pero que es subfacturada. Por ejemplo, se declaran camisetas al valor de un centavo de dólar, lo que implica abonar menos impuestos que si se acreditara el valor real de la mercadería.

El sector textil y de la indumentaria está “nadando en stock”, según el empresario, porque aumentó tanto el vector del contrabando como el de la importación y eso se conjuga con una baja de la demanda derivada de los ajustes en los bolsillos de los argentinos, que priorizan otros gastos. ¿Cómo impacta esto en la industria? “Desde diciembre de 2023 [comienzo del gobierno de Javier Milei] cerraron 700 empresas del sector textil y del calzado; perdimos 20.000 empleos formales, a los que se les podrían sumar otros 10.000 informales, y hay solicitudes de concurso de acreedores récord”, resume Meloni, para quien tampoco hay que perder de vista las consecuencias sanitarias y ambientales de los productos que ingresan. “En el mundo desarrollado cada vez hay más controles de trazabilidad social, huella de carbono, cuestiones fitosanitarias y control de los flujos de capital, mientras que acá se sacaron todas. Incluso cayó la prohibición de importar ropa usada como la que se acumuló en el desierto de Atacama”, detalla.

Algo similar ocurre con los termos, elemento indispensable para conservar y cebar el agua del mate, un consumo básico de los argentinos. “Es alarmante cómo creció el contrabando de termos tóxicos”, resume Martín Nadler, director ejecutivo de Lumilagro, la marca argentina más popular. Según precisa, el 50% de los termos que circulan hoy ingresó al país por contrabando y la mitad de ellos está hecho con metales tóxicos que pueden generar problemas de salud y que están prohibidos por las autoridades sanitarias.

El punto central es que, para identificarlos, el consumidor solo puede apelar al precio —debe sospechar si un termo metálico de un litro vale menos de 40.000 pesos, unos 27 dólares— y a su canal de distribución, porque el Gobierno eliminó la estampilla fiscal que permitía identificar fácilmente los productos ingresados legalmente por la aduana.

Los termos de contrabando cruzan fundamentalmente por la frontera con Bolivia —que, sin tener incorporado el consumo de mate, importó el año pasado una cantidad similar a la de Argentina— y se distribuyen desde allí a todo el país. “Están en bazares, en plataformas online y los hemos visto hasta en negocios oficiales de aeropuertos y cadenas de minimercados”, apunta Nadler.

Los aparatos electrónicos son otro ejemplo. Uno de cada tres móviles nuevos que se activan en Argentina no se fabricó en el país ni ingresó por la vía reglamentaria, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). “Algunos sectores estuvieron históricamente afectados por el contrabando, como los neumáticos o el tabaco, pero ahora incluye cosas insólitas como cerveza o la harina. Y el problema es que se sostiene desde hace dos años y va erosionando la industria de una manera fenomenal”, dice la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, para quien siempre existió un margen de contrabando de entre el 5% y el 7%, que ahora, en el caso de los móviles supera el 30%.

Vainman señala que la mayoría de los equipos ingresa por la frontera con Paraguay, pero que “hay de todo” y que se distribuyen por todo el país, a diferencia de lo que ocurre con electrodomésticos más grandes, como aires acondicionados o televisores, cuyo contrabando se acota a las zonas fronterizas. También circulan masivamente accesorios de celulares, como auriculares o cargadores, que son falsificaciones y que se ofrecen incluso en locales de centros comerciales de categoría. “Hay baja demanda, porque la gente no tiene plata y no tenés financiamiento para ofrecer cuotas y, de lo poco que se vende, un tercio se lo lleva el contrabando. Es una situación realmente complicada para nosotros”, alerta Vainman.

Hace algunas semanas, en la provincia argentina de Córdoba, una mujer murió en un auto por la explosión de un cargador de celular, una situación que Vainman señala que es más factible cuando se utilizan accesorios que no cumplen con las pruebas de seguridad eléctrica y las certificaciones correspondientes. “Son cosas hiper peligrosas y la gente no las mide cuando elige por precio”, apunta.

De acuerdo con el informe de MAP, Argentina ha perdido en 2025 ingresos fiscales por 2.300 millones de dólares debido al contrabando, lo que representa un 0,3% del PBI nacional. Este dinero que se deja de percibir —por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos— equivale a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

La respuesta oficial

De acuerdo con el relato de los empresarios, el Ejecutivo está al tanto de la situación pero hasta ahora ha tomado medidas tibias. Ha conformado una Mesa de Contrabando y Falsificación y comenzado a aplicar multas a las empresas que subfacturan sus importaciones, que se suman a los operativos habituales de las fuerzas de seguridad.

Aduana, por otra parte, anticipó que implementará cambios en las compras puerta a puerta e incluso abrió la posibilidad de revisar la figura del “declarante” que creó el propio gobierno de Milei, que implica que una persona pueda realizar trámites aduaneros sin necesidad de ser un despachante de aduana matriculado. “Hubo tal inundación de productos de contrabando que, incluso si se toman medidas fuertes hoy, el stock va a tardar en depurarse”, advierte Nadler, de Lumilagro.

En el Congreso hay proyectos que buscan atacar la problemática, como el de los diputados peronistas Guillermo Michel y Kelly Olmos que pretende transformar a las plataformas de venta online en “responsables solidarios” de las maniobras que allí se concreten. De aprobarse las plataformas deberían, por ejemplo, responder por el pago de impuestos aduaneros si permiten la venta de bienes importados sin la documentación requerida.