La minería ilegal avanza en la Amazonia y acorrala a los guardaparques en Ecuador

La minería ilegal avanza en la Amazonia y acorrala a los guardaparques en Ecuador

La selva amazónica en Ecuador, en 2025.  Foto Ozge Elif Kizil (Getty Images)

• Al menos siete áreas protegidas en este ecosistema registran focos de extractivismo de oro. Quienes velan por la conservación de estas zonas denuncian amenazas y presencia de grupos armados

Desde hace años, la tranquilidad de la Amazonia ecuatoriana dejó de serlo. Lo que antes era un territorio custodiado por guardaparques se ha transformado en un escenario de disputa por el control de la minería ilegal de oro. Los recorridos de monitoreo, la conservación y el registro de especies dejaron de ser lo cotidiano. Ahora, el trabajo de quienes protegen las áreas protegidas está atravesado por amenazas, encuentros con hombres armados y la presencia de organizaciones criminales que han encontrado en la minería ilegal un negocio lucrativo.

Es el caso de un grupo de funcionarios del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, al norte de la Amazonia ecuatoriana. Carlos, un guardaparque de la zona, que pide no revelar su identidad por razones de seguridad, cuenta que sus compañeros fueron interceptados por “gente fuertemente armada” mientras realizaban uno de sus recorridos.

Los hombres se identificaron como integrantes de un grupo guerrillero y dijeron que estaban “brindando seguridad a los mineros del lugar”. Les exigieron explicaciones sobre su presencia en esa zona selvática. Ellos respondieron que eran guardaparques y que cumplían con sus inspecciones. No importó. “Les quitaron los celulares, el GPS y la cámara. Imagínese cómo se queda uno”, dice Carlos. “Nosotros no habíamos tenido esos casos antes. ¿Cómo se maneja esa situación?”, cuestiona.

La minería ilegal, y con ella los grupos criminales, ha permeado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en Ecuador, en especial aquellas que se encuentran en la Amazonia. Información del Ministerio de Defensa revela focos de minería ilegal en al menos nueve de las 71 áreas protegidas. Siete de ellas se encuentran en la región amazónica, aunque expertos advierten que la cifra podría ser mayor.

Detrás de estas actividades, según el Ministerio de Defensa, están cuatro grupos criminales: Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box —una disidencia de Los Lobos—. Estas organizaciones han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico y han puesto sus ojos en la extracción ilegal de oro como una actividad rentable.

“Para mí, todo esto explotó con la pandemia”, afirma Carlos. Explica que las primeras alertas comenzaron a multiplicarse durante la covid-19, cuando las personas perdieron sus fuentes de ingreso y “encontraron en la explotación de oro una alternativa”. Desde la Fundación Ecociencia, organización dedicada a la conservación en Ecuador, agregan que la minería ilegal comenzó expandiéndose en sitios remotos y “muchas de las áreas protegidas de la Amazonia cumplen con estas características”.

Aunque el problema venía gestándose años atrás, Carlos asegura que entre 2025 y lo que va de 2026 la situación ha empeorado. “Este año ha habido un crecimiento rotundo en zonas de amortiguamiento y no va a tardar en entrar a varias áreas protegidas”, sostiene este guardaparque, que lleva 15 años trabajando en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras —una de las áreas protegidas con presencia de minería ilegal—.

La expansión de la minería ilegal ha modificado el tipo de amenazas que combaten quienes custodian estos territorios. Según Glenda Ortega, ex subsecretaria de Patrimonio Natural, los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas han evolucionado. Han pasado de tráfico de fauna y flora a actividades vinculadas con economías criminales como minería ilegal. “Los guardaparques pueden hacer decomisos, por ejemplo, de tráfico de vida silvestre y todo lo relacionado con el patrimonio natural, pero en temas de seguridad, no tienen competencia”, aclara Ortega.

Tampoco pueden decomisar maquinaria —como retroexcavadoras, dragas o motores— ni combatir a grupos criminales, que operan dentro de las áreas protegidas. El avance de esta actividad se evidencia en más puntos de la Amazonia.

En el Parque Nacional Podocarpus, un área que alberga más de 4.000 especies de plantas y 600 de aves, la minería ilegal ya ha alcanzado las profundidades de la reserva. Un monitoreo de Ecociencia muestra un crecimiento del 125 % de las actividades mineras ilegales entre 2023 y 2024. La superficie pasó de 22 hectáreas en julio de 2023 a 50 en septiembre de 2024.

La expansión de estas actividades ha obligado a las autoridades a desplegar operativos dentro del parque, aunque muchas veces sin éxito o sin resultados duraderos. En una reciente intervención, las Fuerzas Armadas destruyeron 67 campamentos clandestinos de minería ilegal en medio de esta área, ubicada entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, fronterizas con Perú.

Para muchos guardaparques, como Carlos, ese aumento no es una sorpresa: “En el Podocarpus existe minería hace tiempo. Incluso vive mucha gente dentro del área haciendo esta actividad [minería ilegal]”. Carlos asegura que han enviado oficios para alertar a las autoridades, pero las respuestas no llegan o quedan traspapeladas en los archivos del Ministerio de Ambiente, Energía y Minas.

Otro de los casos más alarmantes es el del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. En mayo de 2024, se registró el avance de actividades mineras hasta los límites del parque. “Maquinaria y retroexcavadoras están en el río Punino y en el río Sardinas. Van sacando material y se forman grandes pozas”, dice Carlos. Pero las alertas se encendieron en mayo del año pasado, tras el ataque a once militares en el Alto Punino, zona limítrofe con el parque nacional.

La emboscada expuso una realidad más profunda: la presencia de grupos criminales y disidencias vinculadas a la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para Ecociencia, la presencia de estas estructuras evidencia cómo “grupos armados han aprovechado zonas recónditas para extraer minerales”.

El Parque Nacional Yasuní, considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad por metro cuadrado, tampoco ha escapado de esta plaga. Javier*, un guardaparques que trabaja allí desde hace seis años, apunta que los primeros avisos sobre minería ilegal comenzaron en 2023 y, con el paso de los años, han ido en aumento.

“Hace dos años, compañeros fueron amenazados en el sector del Curaray —cerca de la frontera con Perú— cuando encontraron personas realizando minería aluvial para extraer oro. Les dijeron que si hablaban los iban a eliminar”, relata. Pero no es un caso aislado. En 2025, durante uno de sus recorridos, guardaparques encontraron retroexcavadoras y tanques de combustible dentro del Yasuní. “Les advirtieron que tengan cuidado, que cuiden sus vidas, que saben quiénes son y hasta les habían quitado los celulares”, narra Javier.

Mientras la atención del Gobierno se concentra en las ciudades más violentas y la disputa entre bandas, la expansión de la minería ilegal ha recibido menos atención institucional. “Obviamente, por priorizar la crisis de seguridad, las áreas protegidas no cuentan con esa acción inmediata o la presencia de las fuerzas del orden”, señala Glenda Ortega. La Asociación de Guardaparques del Ecuador ha denunciado en varias ocasiones la presencia de grupos armados. Pero no ha habido respuesta por parte de las autoridades o siguen siendo limitadas.

Se solicitó información al Ministerio de Ambiente y Energía sobre las medidas adoptadas para proteger a los guardaparques y combatir la minería en el SNAP, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la sensación de abandono crece entre quienes custodian estos territorios megadiversos.

La desprotección a la que están expuestos los 598 guardaparques en Ecuador ha obligado a algunos a solicitar traslados a otras áreas protegidas. Otros han decidido renunciar a su trabajo. Quienes permanecen deben evaluar constantemente los riesgos detrás de cada patrullaje.

El miedo está modificando la gestión de las áreas protegidas. Varios guardaparques evitan patrullar en ciertas zonas, donde se conoce la presencia de grupos criminales dedicados a la minería ilegal. Otros, en cambio, continúan patrullando, pero prefieren no reportar sobre la presencia de maquinaria para la minería ilegal por temor a represalias. “Las amenazas cortan nuestro nivel de acción como guardaparques. Ya no quedamos como autoridad, sino como soplones”, zanja Javier.