La cuota alimentaria llegó al Mundial de fútbol: la inédita sanción para los padres argentinos que no mantienen a sus hijos

La cuota alimentaria llegó al Mundial de fútbol: la inédita sanción para los padres argentinos que no mantienen a sus hijos

Aficionados de la selección argentina en Atlanta, el 7 de julio. Foto Ayman Aref (Getty Images)

• Argentina envía a los organizadores del torneo el registro de 13.000 deudores alimentarios para impedir su entrada a los estadios

Los deudores alimentarios argentinos no pueden ingresar a los estadios durante una Copa del Mundo. El Gobierno de Argentina envió a Estados Unidos, México y Canadá la base de datos del Registro Público de Alimentantes Morosos para que quienes incumplen con la obligación de mantener económicamente a sus hijos no puedan acceder a los partidos del Mundial 2026.

La medida, inédita a nivel internacional, amplía una política que ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Desde marzo de 2025, quienes figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos no pueden ingresar a los estadios porteños ni a espectáculos masivos. Ahora esa restricción ha cruzado las fronteras: si el documento de una persona incluida en el registro es escaneado en los controles de ingreso a un estadio mundialista, el sistema bloquea su acceso.

El registro reúne actualmente unos 13.000 deudores provenientes de la capital argentina y de trece provincias que firmaron convenios de cooperación. El 98,5% de las personas inscritas son varones. En apenas un año y medio de controles en Buenos Aires se realizaron más de 210 operativos y fueron detectados 189 deudores que intentaron ingresar a las canchas.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”, resumió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar que la base de datos había sido incorporada al sistema nacional Tribuna Segura y compartida con las autoridades organizadoras del Mundial.

La noticia llamó la atención porque, por primera vez, el incumplimiento de una obligación familiar tiene consecuencias en un evento deportivo global. Sin embargo, detrás de esa decisión existe un problema mucho más profundo: en Argentina, el incumplimiento de la cuota alimentaria es una de las formas más extendidas y naturalizadas de violencia económica contra las mujeres y, sobre todo, contra niñas, niños y adolescentes.

Una deuda que no es entre adultos

Cuando una pareja se separa, la obligación de sostener económicamente a los hijos no desaparece. Sin embargo, en la práctica, miles de madres afrontan solas el costo de la crianza. Según datos de UNICEF, el 68% de los padres no paga la cuota alimentaria o lo hace de manera irregular. Eso significa que casi siete de cada diez hogares, donde la crianza queda principalmente a cargo de una mujer, deben enfrentar solas los gastos de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, ropa y actividades cotidianas.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, el 85% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer. Entre esos hogares, el 68,3% vive por debajo de la línea de pobreza y casi uno de cada cuatro se encuentra en situación de indigencia. Para muchas madres, la falta de la cuota implica reorganizar toda la vida cotidiana. Deben trabajar más horas, aceptar empleos precarios, endeudarse o reasignar tiempo de cuidado para compensar el dinero que no les llega.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sostiene desde hace años que el incumplimiento alimentario no constituye un conflicto privado entre exparejas, sino un problema estructural que reproduce desigualdades y vulnera derechos fundamentales. Un informe reciente de la organización describe esta realidad como un círculo de vulnerabilidad entre pobreza de ingresos y pobreza de tiempo. Mientras más responsabilidades de cuidado recaen sobre una sola persona, menos posibilidades tiene de acceder a empleos estables y mejores salarios. Y cuanto menores son sus ingresos, más difícil resulta garantizar condiciones adecuadas de crianza.

Lo que está en juego son derechos básicos de niñas y niños: una alimentación adecuada, controles médicos, útiles escolares, vivienda, recreación y oportunidades de desarrollo. La Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres plantea que la violencia económica y patrimonial es una modalidad de violencia de género.

Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, que el Estado incorpore nuevas sanciones “envía un mensaje importante: sostener económicamente a los hijos e hijas no es optativo”. Sin embargo, advierte que estas medidas “deben formar parte de una estrategia mucho más amplia”.

“Sirven en la medida en que generan incentivos para cumplir y muestran que el incumplimiento tiene consecuencias. Pero el problema no se resuelve solamente con sanciones. Hace falta mejorar el acceso a la Justicia. Muchas mujeres tardan meses o años en obtener una cuota adecuada o en lograr efectivamente cobrarla. Mientras tanto siguen sosteniendo la crianza todos los días”, señala.

En esa línea, ELA impulsó junto con otros organismos la Canasta de Crianza, una herramienta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que permite calcular objetivamente cuánto cuesta criar a un hijo según su edad, incorporando tanto los gastos directos como el tiempo de cuidado que históricamente permanecía invisible.

Una deuda histórica

Argentina viene incorporando progresivamente herramientas para desalentar el incumplimiento. Desde 1950 existe la Ley 13.944, que tipifica como delito el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La norma prevé penas de prisión de un mes a dos años o multas. Sin embargo, desde distintas organizaciones feministas se sostiene que la cárcel no es una solución efectiva porque si una persona está presa no puede generar ingresos.

Un cambio fundamental llegó con el Código Civil y Comercial de 2015. Allí se consolidó el principio de responsabilidad parental compartida y, especialmente, el artículo 553 habilitó a los jueces a dictar “medidas razonables” frente al incumplimiento alimentario. Esas medidas abrieron la puerta a decisiones novedosas como impedir la renovación de licencias de conducir, prohibir la salida del país, restringir el ingreso a recitales, partidos de fútbol y hasta suspender matrículas profesionales.

“La lógica cambió completamente”, explica la abogada Sabrina Cartabia. “Ya no se trata solamente de intentar ejecutar bienes que muchas veces no aparecen. Existen herramientas de derecho blando que buscan generar incentivos para que la persona decida pagar. Lo que hacen es volver incómodo el incumplimiento”.

Cartabia explica que el problema muchas veces no es la inexistencia de recursos sino la dificultad para detectarlos: “Vivimos en una economía con altos niveles de informalidad. Hay personas que trabajan sin registrar ingresos o ponen bienes a nombre de terceros. Es muy difícil ejecutar una sentencia cuando formalmente no tienen patrimonio, aunque en la práctica viajen al exterior o puedan comprar entradas para un Mundial. Impedir el ingreso a los estadios es una medida razonable dentro de las facultades que hoy tienen los jueces y el Estado para promover el cumplimiento”.

El acceso a la Justicia también tiene barreras

Las especialistas coinciden en que el universo de los registros de deudores representa apenas una parte del problema. Para ingresar al Registro Público de Alimentantes Morosos debe existir previamente una sentencia judicial firme y, en la mayoría de las jurisdicciones, varios incumplimientos consecutivos.

“Eso significa que muchas mujeres nunca llegan siquiera a esa instancia. La judicialización sigue siendo lenta, costosa y desgastante. Muchas madres no pueden afrontar honorarios profesionales o desisten porque saben que, aun obteniendo una sentencia, será muy difícil cobrar”, explica Cartabia.

Los números muestran la dimensión del problema. Entre 2020 y 2025, la cantidad de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Buenos Aires aumentó un 358%. Para Carolina Rodríguez, integrante de Abogadas Feministas AMBA, el aumento de las consultas también refleja el deterioro económico. “Tenemos muchos más casos de incumplimiento alimentario. Con la crisis, muchas madres que antes no reclamaban porque conocían las dificultades y la burocracia del sistema, pero ahora lo hacen porque no les queda otra”, explica.

La abogada señala que la creciente informalidad laboral se convirtió en uno de los principales obstáculos para hacer efectiva una sentencia. “Cuando el demandado tiene un empleo registrado es posible pedir que el empleador retenga directamente la cuota y la deposite en la cuenta de la madre. Pero cuando trabaja en la informalidad todo se vuelve mucho más complejo.”

Según relata, hoy los tribunales recurren cada vez más a oficios dirigidos al Banco Central para detectar cuentas bancarias y billeteras virtuales. Sin embargo, tampoco siempre alcanza. “Muchos cobran a través del alias de una pareja, de un familiar o de un tercero para evitar embargos. Esa economía informal muchas veces termina siendo una estrategia para eludir las obligaciones alimentarias.”

La novedad de que quienes incumplen con sus hijos puedan quedarse afuera del mayor espectáculo deportivo del planeta no solo tiene un fuerte valor simbólico, sino que también hace visible que la cuota alimentaria no es un favor ni una ayuda voluntaria. Las sanciones pueden incomodar, restringir privilegios o impedir el ingreso a una cancha, pero lo importante es que detrás de cada cuota impaga hay una infancia con derechos vulnerados.