La tregua, si alguna vez la hubo, se ha roto.

La aparente calma que mantuvo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al margen de los grandes titulares de los medios en los últimos meses ha dado paso a una potente tormenta. En el plazo de solo una semana, el látigo de la agencia migratoria ha golpeado fuerte en Estados Unidos, dejando un rastro de cuatro cadáveres; dos de ellos, tiroteados por agentes migratorios.

El mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió por los disparos de un agente en Houston el 7 de julio; el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero perdió la vida por los tiros de otro agente en Maine el día 13; ese mismo día, Jesús Manuel Arenas Silva, venezolano, falleció mientras era trasladado de un centro de detención a otro en Georgia; y el 14 de julio el hondureño Juan Jairo Coronilla Durán fue atropellado mortalmente por un camión de carga cuando huía de la persecución de un oficial en Florida.

“¿Por qué se utilizó fuerza letal el lunes por la mañana y por qué murió el señor Durán Guerrero? La familia merece respuestas y el país merece que se rindan cuentas. Queremos que el ICE y los funcionarios respondan por qué esto sigue ocurriendo en comunidades de todo el país”, reclama Ryan D. Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes de Maine.

Fecteau, demócrata, fue la primera persona en dar la noticia de la muerte del joven de 26 años, que perdió la vida cuando un agente del ICE le disparó mientras conducía a su trabajo en Biddeford, una pequeña ciudad costera del sur del Estado de Maine. El diputado lo escribió en redes sociales y la noticia se difundió como la pólvora, mezclándose con las que aún se publicaban sobre la muerte de Salgado Araujo, fallecido en circunstancias similares solo seis días antes.

Atrás quedaba el propósito que manifestó en el Senado el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, cuando tomó el relevo de su antecesora, Kristi Noem, el pasado marzo. Entonces, en la audiencia para su confirmación al mando del departamento que dirige la campaña antiinmigración de la Administración de Donald Trump, el exsenador de Oklahoma declaró que su objetivo para los siguientes seis meses era este: “Que no seamos la noticia principal todos y cada uno de los días”.

Mullin llegó al DHS en las horas más bajas, tras la muerte a manos de agentes migratorios de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti durante las protestas que se multiplicaron en Minneapolis en enero. Esas muertes provocaron la ira de gran parte de la población, incluso entre las filas republicanas. Miles de agentes se habían desplegado en Minnesota para realizar detenciones masivas de migrantes, como hicieron en otras ciudades: Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans.

A su paso dejaron un rastro de dolor y violencia inaudita, con dramáticas imágenes que mostraban a los agentes tirando a las personas al suelo, golpeándolas y separándolas por la fuerza de sus seres queridos. El resultado fue que las acciones de una agencia que era desconocida para la mayoría de la población un año antes tuvieron graves consecuencias políticas.

Carteles de las víctimas Renée Good y Alex Pretti, en Minneapolis, Minnesota, el 29 de enero. Foto Seth Herald (REUTERS)

El apoyo inicial a la política migratoria de Trump, que le sirvió para ganar votos en las elecciones de 2024, cayó a mínimos en febrero de este año y así se ha mantenido. La última encuesta de Ipsos y The Washington Post muestra que casi el 60% de la población desaprueba su política migratoria. Otros factores como la guerra en Irán y el alto coste de vida han hecho caer la aprobación general del presidente hasta el 30%, el mismo nivel con el que perdió la reelección en 2020. En enero de 2025 tenía un 47% de aprobación.

La relativa calma de los meses posteriores a la llegada de Mullin se debió a los cambios que quiso introducir en el departamento, entre ellos sustituir las redadas espectaculares en las calles y lugares de trabajo frecuentados por migrantes —como las afueras de los almacenes Home Depot y los lavacoches, que tanto gustaban a Noem— por la caza de objetivos concretos.

Agentes incapaces

De poco ha servido el cambio de estrategia en el caso de Durán Guerrero y Salgado Araujo. Ninguno de los dos era el objetivo tras el que iban los agentes. La falta de profesionalidad de los funcionarios es uno de los factores que más se ha criticado de las operaciones del ICE. Los alrededor de 10.000 agentes de campo que había a comienzos del segundo mandato de Trump no eran suficientes para lograr su anhelada mayor deportación de la historia, por lo que en 2025, gracias a los paquetes de financiación legislativos y las campañas de contratación aceleradas, la agencia más que duplicó sus efectivos, hasta los 22.000 actuales.

“La Administración Trump desplegó precipitadamente a 12.000 agentes en nuestras calles sin asegurarse de que estuvieran capacitados para portar placa y arma; además, los republicanos otorgaron a esta agencia descontrolada un enorme poder y la eximieron de rendir cuentas”, declaró el viernes el portavoz de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Bajo la dirección de Noem, para incentivar a los candidatos a policía, el ICE había ofrecido bonificaciones por contratación de hasta 50.000 dólares, anunció que no se requerían títulos universitarios y redujo a 18 años la edad mínima para los nuevos reclutas. Además, rebajó la duración del entrenamiento a entre seis y ocho semanas, frente al curso de formación básica de 72 días que recibían antes los reclutas.

La falta de una preparación mínima se ha considerado una de las razones de los abusos cometidos por los agentes. En febrero, Ryan Schwank, exinstructor del ICE, presentó ante el Congreso una denuncia en la que calificaba el proceso de capacitación de la agencia de “deficiente, defectuoso e inoperante”.

Tampoco se llevan a cabo las verificaciones de antecedentes reglamentarias. El viernes trascendió que David Brouillette, el agente que mató a Durán Guerrero, padece graves problemas de salud mental desde la infancia y había sido denunciado repetidas veces por violencia machista por su exesposa y sus hijas.

Mullin anunció que desde el 1 de julio los agentes volverían a retomar la formación anterior que tenían, una medida que muchos consideran insuficiente para atajar los abusos cometidos por el ICE. Al menos diez personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Trump inició su segundo mandato, según un recuento de la agencia AP a falta de cifras oficiales.

Agentes detienen a una persona en Minneapolis, el 3 de febrero. Foto Ryan Murphy (AP)

“Hemos visto las directrices presidenciales sobre el establecimiento de cuotas; cuando existe una cuota [un objetivo mínimo de detenciones], los agentes federales sufren una presión inmensa para alcanzar esa cifra mágica e imaginaria y, como resultado, van tras cualquier persona que crean que puede ayudarles a cumplirla. Es una problemática compleja que abarca desde la capacitación hasta las directrices de los mandos superiores sobre cómo deben comportarse y cómo han de desempeñar su labor los agentes del ICE”, sostiene Fecteau.

En silencio, el DHS ha presionado para que se dupliquen las detenciones diarias hasta conseguir 2.000 por día. A finales de junio se registraron 10.000 detenciones en tan solo cinco días, según adelantó The New York Times citando documentos confidenciales. La Casa Blanca quiere más arrestos porque su campaña de deportaciones no consigue los resultados esperados. A comienzos de mandato, el presidente Trump exigió que se expulsara a un millón de personas, pero hasta diciembre de 2025 apenas se superaban los 600.000.

“El verdadero problema es la presión para realizar más detenciones y hacerlo con mayor rapidez. Y cuando existe esa presión incesante por hacer más, más, más y más, los agentes cometen errores”, declaraba esta semana en la cadena CNN Deborah Fleischaker, subdirectora de política del ICE durante la Administración del demócrata Joe Biden.

Sin cámaras corporales

El DHS siempre ha salido en defensa de los agentes en los casos de muertes, pero las versiones oficiales se contradicen a menudo con las de los testigos presenciales. Tras la muerte de Good y Pretti, el departamento se comprometió a que los agentes portaran cámaras corporales para registrar los arrestos; sin embargo, ni en el caso de Durán Guerrero ni en el de Salgado Araujo las tenían.

“Es inaceptable, dada la cantidad de dinero que se destina a esa agencia. El presupuesto del departamento de policía de Biddeford no llega a los diez millones de dólares y nosotros sí somos capaces de ofrecer eso. ¿Por qué el Gobierno federal no lo hace?”, criticaba esta semana Liam LaFontaine, el alcalde de Biddeford.

Al DHS le sobra dinero para proporcionar las cámaras. En junio, el Congreso aprobó, sin el apoyo de los demócratas, una partida de 70.000 millones de dólares más para financiar la campaña contra la inmigración, de los que 38.000 millones se destinan al ICE.

El presupuesto recién aprobado se suma a los 170.000 millones de dólares que se asignaron para la cruzada contra los migrantes en la ley presupuestaria (bautizada como “gran y hermosa” por el presidente) que se aprobó en julio de 2025. En total, la astronómica cantidad de 240.000 millones de dólares se destinará hasta el final del mandato de Trump a tratar de conseguir la mayor deportación de la historia que él prometió.

El impulso a los arrestos de migrantes ha supuesto un aumento de 4.000 personas en los centros del ICE, hasta llegar a las 63.000 que hay actualmente, según The New York Times. Los detenidos denuncian que las condiciones son inhumanas, con infraestructuras deficientes, alimentos en mal estado y falta de acceso a la atención médica necesaria. Como resultado, en lo que va de año, al menos 22 personas han fallecido en centros del ICE. Este ejercicio lleva camino de superar las 33 muertes ocurridas en 2025, la cifra más alta en más de dos décadas.

“[Los agentes] Están sacrificándose para que estemos a salvo y, por alguna razón, el ICE ha sido demonizado”, protestó Mullin en mayo, durante un discurso pronunciado en un evento conmemorativo de la Semana Nacional de la Policía en la capital. Razones, opina la población estadounidense, no han faltado.