Milei sigue el rumbo de Trump y despliega un régimen restrictivo para los migrantes en Argentina

Milei sigue el rumbo de Trump y despliega un régimen restrictivo para los migrantes en Argentina

Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio. Foto Mariana Nedelcu (REUTERS)

• El presidente ultra desmantela el sistema de derechos para extranjeros vigente durante 20 años en el país y lo reemplaza por otro que asume a la migración como un problema de seguridad

Desde su nacimiento, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración, su población así lo atestigua: es el resultado del encuentro entre pueblos originarios, descendientes de colonos españoles y millones de personas llegadas, mayoritariamente, desde Europa y otras regiones de América Latina. Aunque la Constitución nacional aún invita a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, el presidente Javier Milei ha hecho suya la bandera antiinmigración que agitan otros líderes de la ultraderecha global, como Donald Trump, a quien sigue como perro fiel. Su Gobierno ha catalogado la cuestión migratoria como un problema de seguridad, asociando extranjería con delincuencia o terrorismo, y ha comenzado a cerrar la puerta de ingreso con un régimen cada vez más restrictivo y regresivo para los migrantes. No para todos, claro, porque a la vez ha propiciado vías de acceso especial para personas extranjeras que traigan su dinero al país; lo mismo que ha hecho Trump.

De acuerdo con los datos oficiales, en Argentina hoy viven casi 2 millones de extranjeros. Si bien la cantidad se ha mantenido estable en el tiempo, supone una disminución relativa: el último censo (2022) indica que son el 4,2% de una población total de 45,8 millones de personas, mientras que según el registro previo (2010) eran el 4,5%, con menos habitantes en total.

Con leyes sancionadas por el Congreso hace dos décadas, y con todas sus dificultades políticas, económicas y sociales a cuestas, el país había diseñado y sostenido un esquema de atención a la migración basado en “un paradigma de derechos humanos”, explica la investigadora Ana Paula Penchaszadeh, doctora en Ciencias Sociales y en Filosofía. “Argentina reconoció el derecho a migrar de todas las personas y estableció la obligación del Estado a regularizarlas”, dice. Simultáneamente, desligó la situación documental del acceso a derechos, como salud y educación públicas, seguridad social o justicia. Ese régimen “permitió sacar de la irregularidad a más de un millón de personas” y “mejoró la integración de los migrantes, reduciendo la brecha social”. Argentina consiguió “los niveles de irregularidad más bajos del mundo”, resume Penchaszadeh.

El Gobierno ultra está desmantelando ese régimen migratorio sin debatirlo en el Congreso. Mediante una batería de decretos dictados en los últimos dos años, Milei modificó la ley de reconocimiento y protección de refugiados y reformó las leyes de migraciones y de ciudadanía. Así, entre otras cosas, endureció los requisitos para entrar y permanecer en el país (ahora se exige demostrar cierto nivel de ingresos, poseer seguro de salud); dispuso agilizar los trámites para deportar personas con antecedentes penales; estableció condiciones más severas para solicitar y admitir el asilo; cesó la atención gratuita en hospitales públicos para extranjeros sin radicación permanente; y también instó a las universidades nacionales a cobrar un arancel a las personas no residentes.

Como parte de esas reformas, a fines del año pasado el Gobierno creó una Agencia Nacional de Migraciones para reemplazar a la dirección que operaba antes, trasladando el área desde el Ministerio del Interior hasta la cartera de Seguridad. La nueva Agencia fue lanzada para coordinar el trabajo de la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería, con el propósito final de conformar una policía migratoria inspirada en la US Border Patrol, la patrulla de fronteras que es clave en el modelo de control instrumentado por Trump en Estados Unidos.

En febrero pasado, fue lanzado un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza, para incrementar la vigilancia de fronteras. Y en junio se pusieron en marcha Unidades de Seguridad Migratoria, con amplias facultades para cumplir tareas de inteligencia y detención de extranjeros. Con esas herramientas, el Estado ha comenzado a realizar operativos en el espacio público, en busca de personas en situación migratoria irregular.

Todo el proceso está acompañado de un repetido discurso de las autoridades que enfatiza la vinculación entre migrantes y delincuentes, lo mismo que Trump ha hecho. “En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera”, dijo hace un mes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Hay un hilo conductor en todas las modificaciones normativas, todas tienen un sentido regresivo en términos de acceso a derechos para las personas migrantes y las que solicitan asilo”, define Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). “La lógica regresiva queda plasmada en una perspectiva securitista, de criminalización del migrante.

En los fundamentos de los decretos [de Milei], hay aseveraciones casi distópicas, sin asidero en la realidad del país”. Entre ellas, observa “una clara tendencia a asociar a los solicitantes de asilo con el terrorismo” o “el planteo de que Argentina tiene que prepararse para la posible llegada de los deportados de Estados Unidos”. Las reformas introducidas por el Gobierno ultra, agrega, “se traducen en hechos muy graves. Por primera vez en nuestra historia, tener un hijo argentino ya no da acceso a una radicación permanente. Ni siquiera durante la dictadura pasó esto. Estamos viendo familias con hijos argentinos cuyos progenitores no logran regularizar su situación porque son pobres o porque no pueden demostrar sus ingresos”. La nueva Agencia de Migraciones exige ingresos registrados, en un país donde más del 40% de la población trabaja en negro, en condiciones de informalidad.

“Es necesario pensar como un todo qué tipo de soberanía están construyendo los gobiernos de extrema derecha”, remarca Penchaszadeh. Junto con “una espectacularización de la persecución de los migrantes más débiles”, observa “una invisibilización” de un proceso simultáneo que impulsa el Gobierno de Milei para “propiciar una verdadera extranjerización de los bienes y los recursos que tiene Argentina”. Allí inscribe dos iniciativas de Milei. Por un lado, el decreto que habilitó un nuevo procedimiento, administrado por el Ministerio de Economía, para que los extranjeros puedan acceder a la ciudadanía argentina a través de una inversión calificada, con el propósito declarado de atraer capitales. Y por otro lado, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros —algo que Milei ya intentó hacer por decreto pero fue frenado por la justicia—.

Las expertas consultadas coinciden en que las medidas restrictivas aplicadas por Milei no se condicen con la presencia real de extranjeros en Argentina, cuyo número ha descendido en términos relativos en los últimos años. Por eso, destacan, queda en primer plano el uso político de la figura del migrante, como un chivo expiatorio, la construcción de un otro peligroso y culpable de los males que sufre el país.