Las víctimas de décadas de represión estatal en Perú exigen a Fujimori el fin de la impunidad

Las víctimas de décadas de represión estatal en Perú exigen a Fujimori el fin de la impunidad

Familiares y deudos en el Colegio de Abogados de Lima, este martes. Foto Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

• Familiares de asesinados y desaparecidos durante la guerra interna y las protestas de los últimos años marcharán el día de la toma de posesión de la nueva mandataria

Una veintena de mujeres y hombres portan como detentes, a la altura del corazón, retratos en blanco y negro.

Algunos los tienen enmarcados y otros impresos en pancartas. La mayoría de los retratados murieron asesinados por la bala de un policía o un militar hace más de treinta años, acusados de terrorismo. Otros, por marchar o auxiliar a heridos hace unos pocos años. Son víctimas del Estado peruano durante la violencia interna de los años ochenta y dos mil; del estallido social de 2020; de las protestas masivas de 2022 y 2023; de las últimas movilizaciones en 2025; y también de feminicidios.

Familiares y deudos se han reunido este martes en el Colegio de Abogados de Lima para pronunciarse sobre el nuevo gobierno, encabezado por Keiko Fujimori, a una semana de la toma de mando. Están agrupados, como un bloque único, detrás de una frase: “Todas las víctimas, una sola voz”. Exigen la derogatoria de las leyes que, según el análisis de las organizaciones de derechos humanos, favorecen la impunidad: amnistías que blindan a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y normativas que debilitan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La ley más reciente, promovida por Fernando Rospigliosi, alfil de Fuerza Popular, el partido que está por ingresar a Palacio, dispone que las fuerzas del orden sean juzgadas en tribunales castrenses, librándose de la justicia ordinaria. Según el portal Ojo Público, esta medida pone en riesgo más de 80 investigaciones en curso por violaciones de derechos humanos.

“Ningún peruano está salvado de la impunidad cuando sea detenido, lo desaparezcan o sea encontrado muerto en una dependencia policial. La violencia estatal continúa. Las víctimas de ayer y hoy compartimos las mismas exigencias: verdad, justicia y garantías de no repetición”, dice Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Para la excongresista, la nueva gestión de Keiko Fujimori solo profundizará las fracturas del país. “No estamos ante un cambio de gobierno. Es la continuidad de un proyecto autoritario que ha capturado las instituciones, que ha modificado las leyes y que además pretende reescribir la historia”, señala. Indica que el Tribunal Constitucional ha dejado de ser un garante de justicia, que la Defensoría del Pueblo no los escucha y que los jueces que no aplican las normativas recientes son perseguidos.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Toma la palabra, desde la primera fila, Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán, un médico que murió de dos disparos de un comando militar en enero de 2023, mientras socorría a un herido, en la región Puno, en la sierra sur. “La señora Fujimori habla de reconciliación. Pero sin justicia ni perdón, no puede haber reconciliación. Nos cambiaron siete veces de fiscales. Que entreguen a los culpables”, reclama. Como el resto, le ha tocado liderar una lucha que la fatalidad le puso por delante. Su polo negro lo dice todo: es un mapa con los rostros del medio centenar de asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte. Ella sostiene que Boluarte fue blindada por un Congreso, donde el fujimorismo ha llevado la voz cantante. Por eso su desconfianza y sus reparos.

Roger Ruiz Torres es el padre de Eduardo Ruiz, un rapero apodado Trvko que fue ultimado por un policía encubierto durante una protesta en contra del presidente José Jerí, en octubre de 2025. “Mi hijo era cantante. Tenía 32 años, y su proyecto de vida se truncó. Ninguna organización del Estado se ha preocupado por mi nieto de diez años. Soy huérfano del Estado”, dice. Luis Magallanes, el suboficial que le disparó, afronta el juicio por homicidio simple en libertad, pues no hubo pedido de prisión preventiva.

Minutos después, un muchacho delgado de gorra y lentes, coge el micro. Su voz se escucha como un hilo tenue y entrecortado. Es Luis Reyes Rodríguez, un rapero conocido como Flipown. Una bomba lacrimógena le fracturó el cráneo y permaneció en coma durante dos semanas. Flipown fue amparado por Trvko, la misma noche en que este murió. “Aún no puedo hablar bien, pero ese día un ángel sin alas me rescató. Él murió luego de salvarme. Solo quiero decir que me hubiese gustado mucho conocerlo, conversar sobre esta república fallida y frustrada, y hacer música con él”, dice, mientras todos guardan silencio.

Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán.                         Fotos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes universitarios que en julio de 1992 fue masacrado por un grupo paramilitar digitado por la cúpula de Alberto Fujimori, en el emblemático caso La Cantuta, denuncia que existe una incoherencia entre lo que dice y hace la nueva jefa de Estado. Remarca que con las leyes promulgadas en el último Congreso les han arrebatado el derecho a la verdad y la justicia al “perdonar a violadores de derechos humanos”, y que la reconciliación “no debe ser un discurso, sino una práctica del Estado, porque no es posible que sigan matando a peruanos por ejercer el derecho a la protesta”.

Ortiz, quien fue ministra de Cultura durante el Gobierno de Pedro Castillo, es tajante con la hija de Alberto Fujimori, quien fue primera dama en los años noventa. “Nosotros, los deudos de La Cantuta, no nos vamos a sentar a conversar con ella y jamás la vamos a reconocer públicamente como presidenta. Ella fue parte del gobierno asesino de su padre. No le vamos a dar la mano”. En Perú existen 19.000 desaparecidos del conflicto armado entre el terrorismo y las Fuerzas Armadas.

Los familiares y deudos le darán la bienvenida a la administración de Keiko Fujimori con acciones concretas: una vigilia frente a Palacio de Justicia el 27 de julio, en la víspera de la toma de mando; y una marcha, con lavado de bandera nacional incluida, el 28, el día de la Independencia y el mismo día en que se cruzará la banda presidencial.