Daniel Ortega consuma en Nicaragua la última tiranía de América Latina

Daniel Ortega consuma en Nicaragua la última tiranía de América Latina

• El anuncio del dictador de erradicar los procesos electorales sella la deriva autocrática en el país centroamericano y abre paso a una nueva dinastía familiar

A la exguerrillera e historiadora nicaragüense Mónica Baltodano —quien en su juventud arriesgó la vida para derrocar a la dictadura somocista— el anuncio lanzado por Daniel Ortega este pasado 19 de julio la dejó perpleja: en Nicaragua, proclamó el mandatario, se acabaron las elecciones. “Lo recibí primero con asombro. Las elecciones que han organizado son procesos dudosos, por no decir claramente fraudulentos, desde hace décadas, así que las palabras no fueron más que una expresión del descaro con el que están manejando desde hace rato el poder”, señala la excomandante guerrillera exiliada en Costa Rica.

Que la sentencia de muerte a los procesos electorales se pronunciara precisamente el día en que se conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista terminó de sellar la ironía más amarga: la misma fecha que en 1979 prometía el nacimiento de la democracia en el país sirvió, casi medio siglo después, para sepultar de forma definitiva sus últimos vestigios. Ortega no solo pone una lápida a la ya ahogada democracia nicaragüense, sino que consuma la última dictadura en América Latina, sella la deriva autocrática en el país centroamericano y abre paso a una nueva dinastía familiar. “Es una expresión de la antítesis de lo que significó aquella lucha, de los propósitos y compromisos de una lucha que costó muchísimas vidas. Es como una burla hacer ese anuncio en el aniversario del fin de una dictadura”, critica Baltodano.

A lo largo de casi dos décadas en el poder, Ortega ha consolidado su régimen autocrático mediante una estrategia progresiva de captación institucional y represión sistemática. Ha cooptado la independencia del Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional. Impulsó reformas constitucionales para eliminar los límites a la reelección e instaurar su designación indefinida. El fraude recurrente y la ilegalización de los partidos de oposición fueron su medida para socavar las elecciones. El viejo exguerrillero, de 80 años, también implementó un Estado policial de facto tras la violenta represión a las manifestaciones de 2018 que exigían el fin del régimen.

Ortega encarceló a los principales precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas y miembros de la Iglesia católica previo a las elecciones de 2021, que él dijo haber ganado con más del 75% de los votos. Además, decretó el cierre masivo y la confiscación de ONG, medios de comunicación y universidades independientes. Y ha privado de la nacionalidad, ha despojado de sus derechos y obligado al destierro a miles de disidentes declarados “traidores a la patria”. Todo eso ha tenido como consecuencia la centralización absoluta del poder junto a su esposa y copresidente, Rosario Murillo, autonombrada heredera del régimen.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Managua, en 2022.             Foto CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía               Europa Press)

Para Mónica Baltodano, la nueva decisión de Ortega no es otra cosa que formalizar lo que en la práctica ya funcionaba. Sin embargo, advierte de que aún falta ver la ingeniería jurídica con la que pretenden consumar el modelo autocrático, comparándolo con esquemas totalitarios como el de Corea del Norte. La Asamblea Nacional —el Parlamento de Nicaragua controlado totalmente por Ortega— se prepara para aprobar las reformas constitucionales necesarias para poner en marcha el plan del mandatario de acabar con las elecciones. “Ya la democracia en Nicaragua no existe, pero esto termina de ponerle una losa. Todavía tengo dudas de cuál es la ruta que van a seguir. Puede ser la creación de órganos de mentira, como una gran asamblea que se encargue de ratificar a Ortega en el poder, pero que realmente no funciona como tal, sino que es una mascarada”, comenta Baltodano.

La historiadora enfatiza que el objetivo de fondo no es solo neutralizar cualquier vestigio de institucionalidad, sino asfixiar definitivamente a la oposición en el exilio y a los despojados de su nacionalidad. “Lo que sí no admite duda es que lo que propongan va a tener un propósito: garantizar la perpetuidad o establecer más dificultades para ser desplazados del poder. Quieren generar una imposibilidad absoluta de que la oposición en el exilio pueda tener alguna oportunidad de pensar en participar en comicios”, explica.

La sucesión familiar

Con la oposición totalmente bloqueada en un régimen sin elecciones, la cuestión que genera más debate es el proceso de sucesión familiar del poder. Aunque Ortega afirmó que espera gobernar durante diez años más, su avanzada edad genera dudas sobre sus posibilidades reales de mantenerse más tiempo al frente del régimen. Queda entonces su esposa, la esotérica Murillo, quien ha anhelado por largo tiempo gobernar Nicaragua. Y tras ella están sus nueve hijos. Sobre la viabilidad de imponer a los vástagos de la pareja presidencial en el poder —al estilo de la dinastía somocista que ellos mismos combatieron—, Baltodano marca matices importantes: “No creo que existan condiciones para que el Ejército aceptase una dictadura dinástica que se hereda a los hijos”, afirma.

Hasta ahora el Ejército nicaragüense ha mantenido una lealtad inquebrantable con Ortega, a pesar de que Murillo ha desatado una purga contra figuras clave relacionadas con el órgano militar, como la de Bayardo Arce Castaño, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista y figura históricamente cercana a Ortega, o Humberto Ortega, antiguo estratega militar del sandinismo y jefe del Ejército que murió en 2024 a los 77 años bajo el cautiverio de su hermano mayor y su cuñada.

Camisetas estampadas con la imagen de varios líderes políticos de la izquierda latinoamericana, en Managua, el 27 de julio. Foto STR (EFE)

A pesar del aparato represivo y la imagen de control monolítico, la historiadora Baltodano subraya que dentro de la estructura del Estado, la Policía y las fuerzas armadas existe un malestar latente que el régimen solo logra contener mediante el sometimiento coercitivo. “Ellos están operando con el terror, pero la molestia existe. No dudo que haya desacuerdos dentro del militares, de la Policía, de los empleados del Estado. No hay manera de que eso se sostenga por mucho tiempo sin que surjan nuevos estallidos de rebelión”, prevé.

Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas (Dallas), recalca que el plan de los Ortega-Murillo busca asentar la línea de sucesión en la copresidenta y, en un horizonte posterior, en sus hijos, particularmente Laureano Ortega Murillo, enlace del régimen con los gobiernos de Rusia y China. No obstante, advierte de que la viabilidad de una dinastía familiar se topa con ese actor clave dentro del país que son las fuerzas armadas. “La pregunta que yo me hago, que se hacen muchos analistas, es si el Ejército de Nicaragua permitiría esa sucesión. Creo que es la única institución dentro de Nicaragua que pudiera en última instancia ser algún poder moderador”.

Pese a ese potencial rol, el politólogo aclara que la institución castrense ha sufrido una constante degradación en su autonomía: “Ortega y Murillo han purgado la gran mayoría de oficiales de alto y medio rango, y han ido calando la profesionalidad del Ejército, creando uno plegado y subordinado a la familia. Hoy están totalmente subordinados al régimen”.

En medio de las apuestas por la sucesión está un sistema único en Latinoamérica: el de un país gobernado por una familia, una situación que no se veía desde hace décadas, cuando la región estaba gobernada por regímenes militares. “Nicaragua es un caso sui generis”, dice Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington. “Creo que en otras épocas de la historia podría ser catalogada como monarquía, porque gobierno no es. La pareja presidencial hace lo que quiere y esta decisión de que ya no va a haber más elecciones es parte de esa locura”, asegura.

La paradoja de Washington

El zarpazo definitivo a la democracia de parte de Ortega se da en un entorno regional convulso, con la presión de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre regímenes vecinos como el cubano y un escenario internacional complejo. Sin embargo, llama la atención la tibieza con la que Washington ha reaccionado frente a la nueva escalada de Ortega. Baltodano apunta a una lectura fría por parte del mandatario: “El cálculo es precisamente que Nicaragua no está en el foco internacional. Ha pasado completamente a segundo plano. Ortega vio que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ningún problema para entenderse con dictadores en Venezuela, siempre y cuando sus problemas económicos o el control sobre el petróleo sean resueltos”.

Protestas en Masagua, Nicaragua, en 2018. Foto Carlos Herrera (Picture alliance vía Getty Images)

A diferencia de otros focos de crisis en la región u Oriente Próximo, Nicaragua ocupa hoy un lugar secundario en la agenda de la diplomacia estadounidense. A juicio del politólogo Pérez, el Gobierno de EE UU enfrenta limitaciones pragmáticas y contradicciones en su trato con Managua, donde la retórica choca con áreas de cooperación funcional. “El Gobierno estadounidense y el de Nicaragua continúan cooperando, por ejemplo, en el tema migratorio. Además, Estados Unidos le compra oro a Nicaragua, que es una exportación importante, y Nicaragua sigue siendo miembro del CAFTA-DR”, explica el especialista, en referencia al tratado de libre comercio entre EE UU, Centroamérica y República Dominicana.

Según el análisis de Pérez, la única medida punitiva de gran calado que le resta a Washington es expulsar a Nicaragua de ese acuerdo regional, aunque se trata de una opción con efectos colaterales indeseados para toda la región. “Esa es la última palanca que se pueda mover, pero tendría repercusiones no tan solo sobre Nicaragua, sino sobre los otros miembros. Afectaría a trabajadores de la zona franca en forma muy aguda, afectaría la cadena de suministros de textiles en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y crearía fuertes presiones migratorias. Por eso lo veo difícil”, asegura.

A ello se suma una realidad de peso sociopolítico en Estados Unidos: la diáspora nicaragüense no posee el músculo e influencia electoral que ostentan las comunidades cubana o venezolana en Washington y en Estados clave como Florida.

Katya Salazar también se pregunta qué medidas puede tomar Estados Unidos cuando desde su Gobierno reiteran la intención de terminar con regímenes autoritarios en la región. “La pregunta es si Estados Unidos sigue la doctrina Monroe, o Donroe ahora, como lo ha hecho con el resto de la región, si se decidirá a hacer algo como lo que hizo en Venezuela. Nicaragua sobrevive gracias al comercio que se da con países de Norteamérica. ¿Estados Unidos está dispuesto a cortar eso, afectar eso? ¿Canadá está dispuesta a limitar eso?“, cuestiona.

Mientras el Gobierno estadounidense se desgasta en varios frentes (Irán es una pesadilla que le puede pasar la cuenta a Trump con el electorado), Ortega ha logrado imponer sin resistencia su sistema de partido único y régimen familiar. La última dictadura de Latinoamérica. “Lo que pasa en Nicaragua es un caso lejano al resto de la región. Diría que es un caso más bien para la psiquiatría”, afirma Katya Salazar. En un mundo con los ojos puestos en otras crisis, Salazar no descarta que Ortega pueda salirse con la suya. “Esto va a terminar el día que se mueran estos personajes”, zanja.