Durante dos décadas, Gustavo Petro hizo política apuntando el dedo acusador y destapando escándalos en Colombia, desde la parapolítica —esa alianza entre paramilitares y políticos para las legislativas de 2006— hasta el llamado carrusel de la contratación, un robo de recursos públicos de Bogotá encabezado por políticos de la izquierda a la que él mismo pertenecía.

Ese historial fue fundamental para que un poco conocido congresista de la naciente izquierda colombiana de los años noventa se convirtiera en una figura nacional: candidato presidencial en 2010, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, que luego fue destituido y de nuevo candidato en 2018 y en 2022, cuando finalmente llevó a la izquierda a ganar una presidencia esquiva por décadas.

Sin embargo, los cuatro años de su mandato, que terminan en nueve días, han quedado salpicados por una serie de escándalos que afectan a algunas de las personas más cercanas a él, y que no dan tregua ni siquiera en esta recta final.

Angie Rodríguez, quien fuera directora de la Presidencia (DAPRE) hasta enero y hoy gerente del Fondo de Adaptación, ha insistido en múltiples denuncias de corrupción que ya venía haciendo: asegura que frenó una maniobra de Petro para desviar más de 1,2 billones de pesos de esa entidad hacia una entidad que permite gastarlos rápidamente y sin controles, y había señalado tanto al entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Este martes, en Blu Radio, dijo que Petro la presionó a renunciar tras hacer esas denuncias, y dijo que la insultó, acusó y amenazó. Aseguró incluso que teme por su vida. Petro respondió que la demandará: “No la conocía hasta que tomó su puesto, y fue un desastre”, se justificó en X, y la acusó de tener una “relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo”. En medio del cruce, el mandatario reveló que Rodríguez tiene una incapacidad médica por razones psiquiátricas, algo que ella calificó de estigmatizante.

No se trata de un hecho aislado. Antes de su elección en junio de 2022, Petro recibió cuestionamientos por las reuniones de su hermano Juan Fernando con delincuentes privados de la libertad, incluyendo narcotraficantes. Al verse delatado, el hermano mayor del mandatario argumentó que buscaba caminos para la paz de Colombia, mientras voces de la derecha lo señalaban de conseguir dineros o alianzas oscuras para las votaciones.

Esa sombra, que parecía marginal, pasó casi al olvido cuando llegó un caso más fuerte y directamente vinculado con el presidente. Su primogénito, Nicolás, había sido parte de la campaña presidencial en el Caribe. Era diputado del partido del mandatario en el Departamento del Atlántico cuando fue señalado por su exesposa, Day Vásquez, de haber recibido grandes cantidades de dinero para la campaña de un antiguo contrabandista y un cuestionado contratista.

Nicolás fue detenido, aceptó los cargos y dijo que su papá sabía de todas sus acciones; el expresidente negó todo y dijo de su hijo: “Yo no lo crié”, en referencia a que Nicolás creció con la familia de su madre mientras su padre pertenecía a la extinta guerrilla del M-19. Padre e hijo se reconciliaron poco después, y desde entonces Nicolás, cambió de posición y ha negado lo que inicialmente aceptó. El juicio en su contra está en proceso.

Si con el caso del hijo del presidente el fantasma de la corrupción se instaló alrededor de Petro, el gran estallido lo dio la confusa situación que afectó a inicios de 2023 a quien fuera la mano derecha del presidente a inicios del Gobierno, Laura Sarabia. La pérdida de una maleta con varios cientos de millones de pesos en efectivo escondida en su vivienda llevó a que personas de la seguridad de Palacio usaran un polígrafo contra su niñera, Marelbys Meza, como chivo espiatorio, algo que luego se vio como un abuso de fuerza. En medio de esas confusas investigaciones —sobre la procedencia y el destino del dinero, y sobre cómo se decidió llevar a la mujer a un sótano cerca de la Presidencia— un oficial de la Policía que trabajaba en la seguridad de Palacio, el coronel Óscar Dávila, investigado por unas escuchas ilegales en los primeros meses del Gobierno, murió misteriosamente de un tiro. Las autoridades han señalado que se trató de un suicidio, aunque Angie Rodríguez ha dicho, sin aportar pruebas, por promesas de anonimato, que policías de la Presidencia le confiaron que no fue así.

Pero no fue el último escándalo. Luego vino el de la UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. La institución, que tiene mecanismos de contratación con pocos controles para responder rápido ante emergencias, compró 40 carrotanques para llevar agua al árido departamento de La Guajira. Nunca llegaron, se deterioraron y las investigaciones periodísticas y judiciales demostraron que habían sido adquiridos con enormes sobrecostos.

Se trataba de un entramado corrupto encabezado por el propio director de la entidad, Olmedo López, un político de izquierda de vieja data guerrillera  a quien Petro había puesto en el cargo. El caso afectó especialmente a Petro cuando las investigaciones señalaron que el dinero se había destinado en parte para sobornar a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para asegurar que facilitaran la aprobación de proyectos de ley del Ejecutivo. El escándalo sigue vivo, tiene detenidos a los dos excongresistas y a la primera consejera presidencial para las regiones de Petro, Sandra Ortiz, y ha llevado a dos exministros de Petro a enfrentar un juicio.

Mientras ese entramado se develaba poco a poco y Petro buscaba rebobinar su gobierno con cambios de gabinete, apareció una joven llamada Juliana Guerrero. Se trata de una activista de base de la izquierda, de 24 años, a quien el presidente presentó públicamente en un Consejo de Ministros televisado a inicios de 2025: “Que pueda conocer la gente a Juliana… Juliana es un poco joven, pero muy activa, rebelde”, dijo sobre la mujer a la que enfocaban las cámaras y estaba sentada a la misma mesa que todos los ministros. En las semanas siguientes, tras la pregunta de quién era la mujer a la que Petro había señalado como parte de la jefatura de despacho, empezaron a circular versiones de que la entonces asesora del ministro del Interior acumulaba poder en distintas instituciones y pasillos. Se supo que Petro la había designado delegada de la Presidencia en el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, la institución pública del departamento de origen de Guerrero, y luego fue candidata al viceministerio de las Juventudes. El escándalo estalló cuando quedó claro que, para lograr ese cargo, había presentado un título universitario con sustentos falsos, un caso por el cual hoy está llamada a juicio penal.

Su nombre revivió este fin de semana, cuando la revista Semana reveló una denuncia de varios empresarios: Guerrero y su hermana Verónica les habían cobrado coimas a cambio de contratos con entidades del Estado, que nunca se dieron. Guerrero lo ha negado y Petro la ha defendido, pero ella se vio obligada a renunciar este lunes a su rol en la Universidad Popular del Cesar y Angie Rodríguez ha reiterado que ella ya había avisado a Petro de las conductas irregulares de Guerrero, así como de otros casos de corrupción.

En paralelo a todo ello, el gerente de la campaña presidencial y presidente de la mayor empresa del país, Ecopetrol, enfrenta otros escándalos por corrupción. Uno derivado de una violación de las reglas de financiación electoral; otro por una compra de un apartamento por lo que parecería ser un valor inusualmente bajo a un empresario del sector petrolero. Petro no solo llevó a Ricardo Roa a encabezar la compañía de mayoría estatal, sino que lo ha defendido y lo sostuvo pese a las críticas; la semana pasada, sin embargo, los vientos empezaron a cambiar en la junta directiva y Roa dejará su cargo este jueves. Esa determinación, como los avances en los procesos judiciales contra los ministros por el caso de la UNGRD o las denuncias contra Juliana Guerrero, han empañado los últimos días de la administración de izquierda.

El presidente entrante y férreo crítico de Petro, Abelardo de la Espriella, ha aprovechado el ruido. Si las promesas de luchar contra la corrupción que hizo Petro en 2022 resultaron insatisfactorias para muchos, las que hizo De la Espriella durante su reciente campaña presidencial están aún vigentes. Por ahora, su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, señala que protegerán a Angie Rodríguez, quien dice tener miedo por su vida.