La Fiscalía de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales

Evo Morales durante un evento público, en Chimoré (Bolivia), el 19 de febrero. Foto Jorge Abrego (EFE)

• El exmandatario es acusado de terrorismo y alzamiento contra el Estado por su participación en los bloqueos y las protestas de mayo y junio pasados

La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha emitido una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por haber instigado las manifestaciones sociales de mayo y junio que pedían la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

Morales es acusado en esta ocasión de seis delitos, entre ellos terrorismo o alzamiento armado contra el Estado, crímenes que se habrían cometido durante las protestas que duraron 53 días y dejaron 22 fallecidos. La Policía ya tiene pendiente desde octubre de 2024 ejecutar otra orden de detención contra el exmandatario, por no haberse presentado al juicio en su contra por abuso de una menor.

Morales calificó la acción judicial como una persecución política y aseguró que es un “desvío de atención” de la crisis económica que atraviesa el país. “Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico (…) No nos intimidarán”, escribió en su cuenta de la red X, desde su feudo político del Chapare, la región tropical de Cochabamba. Allí permanece refugiado y resguardado por campesinos cocaleros armados con lanzas improvisadas y escudos fabricados a partir de latas de basura.

Desde su guarida ordenó en los meses pasados que sus seguidores se unieran a las movilizaciones que ya habían comenzado los indígenas aimaras de La Paz y los sindicatos obreros. Las organizaciones sociales demandaban una mayor inclusión en las decisiones políticas del Gobierno, por lo que sitiaron la capital administrativa durante casi dos meses.

Por las pérdidas económicas causadas y la intransitabilidad, el Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la urbe más productiva y conservadora del país, presentó una demanda contra Morales, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno.

La ofensiva judicial del Comité Cívico alcanza a otros líderes de movimientos sociales que habrían protagonizado los disturbios. La terna de acusados incluye al jefe aimara Vicente Salazar, en detención preventiva desde el 6 de julio junto con al menos otros tres rebeldes, y a Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). La detención de este último es un tema sensible para el Gobierno, ya que fue el principal negociador para la pacificación con el presidente Paz, quien firmó un acuerdo en el que una de las estipulaciones era respetar el fuero sindical y renunciar a cualquier proceso judicial contra los miembros de la central.