Tres niñas muertas, una madre detenida y un reclamo que la justicia ignoró: “Nunca nos escucharon”

Tres niñas muertas, una madre detenida y un reclamo que la justicia ignoró: “Nunca nos escucharon”

Detención de Lucía Sosa en Buenos Aires. Foto DDI Dolores

• Investigan en Argentina a una mujer que perdió a tres hijas pequeñas por ahogamiento en distintos episodios. Sus hijos mayores aseguran que durante años denunciaron situaciones de violencia, pero nunca atendieron sus reclamos

El martes de la semana pasada Isabella Aguirre, de dos años, ingresó al hospital de la ciudad argentina de Villa Gesell sin pulso.

La autopsia posterior determinó que había muerto por asfixia a partir de una obstrucción en su sistema respiratorio y la explicación de su madre, Lucía Sosa, fue que se había ahogado con leche. El caso tomó relevancia en los medios locales cuando Sosa fue detenida y se conocieron sus antecedentes: la mujer ya había sido investigada antes por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares. Los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, una localidad cercana en la que vivía antes, habían denunciado reiteradamente el ingreso de hijos suyos por cuadros de asfixia y lesiones y habían consignado cada vez en la historia clínica un contexto de “alto riesgo social” para los niños.

Rocío A., de 19 años, y Lucas R., de 17, son los mayores de Sosa, o al menos eso es lo que suponen; no tienen en claro cuántos hijos tuvo ella, pero podrían ser diez. Ambos estuvieron internados en estado grave cuando eran bebés, ingresados con síntomas de asfixia, y fueron adoptados luego por otras familias, en las que se han sentido amados y cuidados, pero todavía sufren al recordar el largo período correspondiente a “la revinculación”: los años en los que la justicia insistió en construir lazos con su núcleo biológico antes de otorgarles la tenencia definitiva a sus familias de abrigo. A partir de la muerte de Isabella, decidieron hacer público su testimonio para evitar nuevas tragedias y pedir que Sosa “esté presa o en un psiquiátrico“.

“Yo entré al hospital con 21 días de vida y estuve hasta los seis o siete años con la obligación de tener que volver a esa casa del terror”, cuenta Lucas desde la ciudad costera de Mar del Plata, acompañado en la videollamada por su abogada. “El día de mi cumpleaños de tres años el juzgado me obligó a volver por el fin de semana y me acuerdo de que recibí una golpiza muy grande. Si lloraba o pedía que me vinieran a buscar me golpeaban más fuerte. Me encerraron en un cuarto muy oscuro y golpeaban no sé con qué, pero hacía mucho ruido. Yo quedé con mucho temor a los ruidos fuertes, a la oscuridad. Me acuerdo de que me agarraban de las orejas para golpearme la cabeza contra el piso y cuando llegué el lunes de regreso al juzgado estaba muy alterado, hacía gestos para explicar lo que había pasado y tenía toda la cara hinchada de haber llorado tanto”, narra.

Durante esos años, Sosa estaba en pareja con Héctor Javier Picart, que no es el padre biológico de Rocío y no está claro si es el de Lucas, dado que, si bien así figura en su documento, no ha accedido a hacerse un ADN y en los últimos días negó su paternidad en una nota periodística. Por fuera de ellos, la pareja tuvo cuatro hijos, de los cuales dos murieron en circunstancias similares a las de Isabella. Candela, de seis meses, falleció en 2013 y Yasmín, de once meses, en 2016. Por este segundo caso, Sosa y Picart estuvieron alrededor de dos años detenidos bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Finalmente, ambos fueron absueltos por falta de pruebas.

Luego de ese episodio, Sosa se mudó desde la ciudad de Mar del Plata a Villa Gesell, a 100 kilómetros de distancia, donde formó nuevamente pareja y tuvo otros dos hijos: Isabella y un niño mayor, que actualmente tiene cuatro años y que, a partir de los hechos recientes, se encuentra bajo custodia judicial.

“Ni Sosa ni Picart tienen sentimientos ni corazón. Son personas que lo único que saben hacer es el mal: dañar a las personas, lastimarlas y hacerlas sufrir. Tienen un hijo y lo único que buscan es matarlo o hacerle daño”, dice Lucas, que pone en la misma jerarquía de peligrosidad a ambos, aunque los medios locales se hayan concentrado en Sosa e incluso le hayan dado lugar a Picart en notas en las que se presentó como una víctima de la situación y acusó a su expareja de haber asesinado a sus dos hijas.

Rocío cuenta que desde que tenía un año y tres meses vive con su tía, la hermana de su padre biológico, pero hasta los siete años atravesó el proceso de revinculación con Sosa, en contra de su voluntad. “Eran los dos [Sosa y Picart] muy violentos. Me acuerdo de que a los cinco o seis años me obligaron a dormir una siesta que yo no quería dormir y Picart se acostó al lado mío sin ropa”, dice Rocío, que este viernes declaró ante el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Pinamar, y sumó esta denuncia de abuso sexual al caso. El miércoles había sido el turno de la declaración de Lucas, su madre adoptiva y su abogada, Erika Hooft.

“Nunca nos escucharon”, insiste Lucas sobre la justicia, a la que le atribuye parte de la responsabilidad por la muerte de sus hermanas. El terror durante el proceso de revinculación era también el de sus familias de abrigo, que debían entregar a los niños a esa experiencia, atemorizadas por la posibilidad de perderlos si no cumplían con los procedimientos judiciales. “Vamos a hacer una última prueba de fuego”, le dijeron a la madre adoptiva de Lucas cuando se lo llevaron por última vez, antes de otorgarle la custodia definitiva.

Para la abogada, las fallas judiciales convivieron además con un cuadro psiquiátrico de Sosa que, sostiene, nunca fue debidamente considerado. Según explica Hooft, en el marco del expediente de Lucas se le diagnosticó el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno que lleva a inventar síntomas o provocar dolencias en sus hijos para simular enfermedades. “Las entradas al hospital eran por asfixia, además de otros cuadros que venían en cadena. A uno le fracturó un cráneo, por ejemplo, pero lo otro era como un anexo: todos entraban por asfixia porque [Sosa] ahoga a los hijos. Los ahoga con la leche, pero también les pone una almohada en la boca. Nosotros avisamos que iba a matar a los hijos y los mató”, acusa Hooft, que sigue causas vinculadas a la familia desde 2008, año del nacimiento de Lucas.

“El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y, como tal, tiene un carácter transversal en todos los procesos que los involucran”, apunta Sebastián Medina, autoridad a cargo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Asimismo, remarca que este derecho “no se agota en un único acto procesal ni en una sola oportunidad”, sino que debe ser atendido como un proceso complejo y continuo.

Consultado por las revinculaciones forzadas, Medina asegura que deberían adoptarse “medidas urgentes para la protección efectiva de los niños ante la sospecha de situaciones de violencia o maltrato” y que para eso es clave articular todos los procesos judiciales y administrativos que involucren a la víctima, considerando antecedentes, intervenciones previas o procesos simultáneos llevados adelante por otros organismos públicos. “En este caso se aprecia, precisamente, la desarticulación entre los expedientes penales y civiles”, señala.

Actualmente, Sosa está acusada por el delito de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” y fue citada a declaración indagatoria pero, por recomendación de su defensor, optó por el silencio. De acuerdo con la abogada Hooft, a partir de este último episodio y de las nuevas declaraciones tomadas por la justicia se sumaron nuevas acusaciones contra Sosa y Picart que incluyen delitos vinculados al abuso sexual, las drogas y la venta de bebés.

Según apunta, la investigación podría ampliarse en busca de rastros también en la provincia norteña de Formosa, de donde Sosa es oriunda y a donde viajaba con asiduidad. “Además de las condenas para ellos, queremos medidas para el poder judicial”, agrega. “Tiene que haber realmente un cambio radical en la escucha de los menores en los procesos de revinculación. Esto no puede seguir así”.