Argentina tiene una Corte Suprema de hombres que aleja cada vez más a las mujeres de la Justicia

Argentina tiene una Corte Suprema de hombres que aleja cada vez más a las mujeres de la Justicia

Los ministros de la CSJN Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en sesión de la CSJN, el 30 de marzo. CSJN Argentina

• Desde octubre de 2021, Argentina es el único país de América Latina que no tiene una mujer en su máximo tribunal

Cuando la argentina Carmen Argibay llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 se comprometió a “luchar por la igualdad de oportunidades”.

No era una declaración menor. La primera mujer nominada por un gobierno democrático para integrar el máximo tribunal sabía que estaba ingresando a una institución históricamente reservada para los hombres. Desde allí impulsó la creación de la Oficina de la Mujer, promovió la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial y se convirtió en una de las juristas más respetadas del país. “En la Justicia, las mujeres somos tratadas como una minoría cuando todos los padrones demuestran que somos mayoría. Hay mucho que pelear para llegar a un verdadero respeto de los derechos de las mujeres. Parar es retroceder”, advertía.

Doce años después de su muerte y casi cinco desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, aquellas palabras adquieren una actualidad inquietante. Desde octubre de 2021, la Corte Suprema está integrada exclusivamente por hombres y Argentina es el único país de América Latina que no tiene una mujer en su máximo tribunal. Lejos de corregir la desigualdad, el Gobierno de Javier Milei ha decidido profundizarla.

El reciente decreto 467/2026 modificó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema y eliminó la recomendación de considerar criterios de igualdad de género, diversidad de especialidades y representación federal al momento de proponer candidatos. También derogó la instancia de participación ciudadana previa al envío de los pliegos al Senado, un mecanismo vigente desde 2003 que permitía a universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales, asociaciones de magistrados y organismos de derechos humanos formular observaciones antes de que el Poder Ejecutivo tomara la decisión definitiva.

La desigualdad evidente

Según el Mapa de Género elaborado por la propia Corte Suprema, las mujeres representan el 57% de las 133.622 personas que integran el sistema judicial argentino. Son mayoría en juzgados, fiscalías, defensorías, cámaras, organismos auxiliares y universidades. Sin embargo, esa presencia desaparece a medida que se asciende en la estructura jerárquica. Apenas ocupan el 31% de los cargos de máxima autoridad.

No faltan mujeres con trayectoria, experiencia o antecedentes para integrar la Corte. Lo que persiste es un techo de cristal que lleva más de un siglo y medio. La historia del tribunal lo demuestra. En más de 160 años de existencia, 104 hombres ocuparon sus sillones. Sólo tres mujeres lograron llegar: Margarita Argúas, designada en 1970; Argibay y Nolasco, las dos en 2005.

Para el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el decreto de Milei implica abandonar una política pública orientada a fortalecer la legitimidad de la Corte Suprema mediante una integración más plural: “La diversidad de género, las trayectorias profesionales diversas y las procedencias regionales también diversas enriquecen la deliberación judicial y acercan las instituciones a la sociedad a la que sirven”.

ELA recuerda que la igualdad en el acceso de las mujeres a los cargos públicos no constituye una concesión política sino una obligación asumida por el Estado argentino a través de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. La entidad advierte, además, que un tribunal integrado por personas con experiencias, especialidades y recorridos diferentes cuenta con más herramientas para comprender la complejidad de los conflictos que debe resolver. “Eliminar estos criterios es inconstitucional y representa un retroceso respecto de estándares que apuntaban a construir una Justicia más plural, representativa y cercana a los valores democráticos”, concluye.

Las críticas no provienen únicamente de organizaciones especializadas en género. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, cuestionó especialmente la eliminación de la instancia de participación ciudadana previa a la selección de candidatos. “La ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo. Las audiencias públicas del Senado ocurren cuando el pliego ya fue enviado. Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, explica.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincide con esa mirada. Para la organización, equiparar ambas instancias desconoce que cumplen funciones completamente distintas. Mientras el debate parlamentario examina una candidatura ya definida, la consulta previa permitía aportar información y observaciones capaces de modificar la decisión presidencial antes de su formalización.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez llevó el debate a los tribunales. Presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto al considerar que elimina mecanismos de transparencia y participación ciudadana y supone una regresión en materia de igualdad. “Milei quiere una Corte totalmente de hombres, donde no haya diversidad ni representación federal”, afirmó. En su presentación sostuvo que el decreto implica “una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente”, además de afectar el principio de igualdad y el federalismo.

Meses atrás, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el principal órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, instó a Argentina a adoptar medidas especiales para garantizar una participación más igualitaria de las mujeres en los cargos públicos, especialmente en el Poder Judicial. La derogación del artículo 3° del Decreto 222/2003 avanza exactamente en sentido contrario.

El decreto tampoco puede leerse aislado del contexto político. Forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de las políticas de género impulsado por el Gobierno nacional como la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre de programas de asistencia y prevención, el cuestionamiento permanente a la perspectiva de género y el discurso oficial que niega la existencia de desigualdades estructurales.

Según el Perfil de País Argentina 2024, elaborado por ONU Mujeres, entre las personas que viven en pobreza extrema hay 109 mujeres por cada 100 varones. Entre el 21% y el 26% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios. El 45% atravesó situaciones de violencia machista en el ámbito doméstico y apenas el 21% realizó una denuncia. Y, respecto de la participación en espacios de decisión, el informe señala al Poder Judicial como uno de los ámbitos donde el techo de cristal permanece intacto.

ONU Mujeres advierte además de que, pese a que Argentina cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados de la región en materia de igualdad de género, en los últimos años se produjo el desmantelamiento de las instituciones encargadas de diseñar e implementar esas políticas.

Una narrativa contra las mujeres

En este contexto es que comenzó a instalarse con fuerza otra narrativa: la de una supuesta epidemia de falsas denuncias por violencia machista. El oficialismo y sectores anti derechos sostienen que existe un aumento significativo de denuncias falsas que perjudican a los varones. Sin embargo, los datos oficiales muestran otra realidad. Un informe de los Ministerios Públicos Fiscales concluye que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las causas penales, es decir, estadísticamente son excepcionales. El principal problema continúa siendo el contrario: miles de mujeres nunca denuncian la violencia que padecen.

Aun así, en 2025 la senadora Carolina Losada presentó un proyecto para elevar hasta seis años la pena por falsa denuncia e incorporar agravantes cuando se trate de acusaciones vinculadas con violencia de género, delitos sexuales o hechos contra menores de edad.

Ese cambio de prioridades va de la mano con la decisión de eliminar los criterios de igualdad de género para la integración del máximo tribunal de Justicia. La Corte Suprema es el órgano que interpreta la Constitución Nacional, fija precedentes para todos los tribunales del país y define el alcance de derechos vinculados con la igualdad, la libertad de expresión, el trabajo, la salud, el ambiente, la educación, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Su integración influye directamente sobre la calidad de la democracia.

Por eso, el reclamo de diversidad no es un capricho. Es una condición que fortalece la legitimidad de las instituciones. Una Corte integrada por personas con trayectorias, experiencias y miradas diferentes está en mejores condiciones de comprender una sociedad compleja y desigual.

Argibay dijo dos décadas atrás que quería luchar para que todas las mujeres tuvieran las mismas oportunidades y advirtió de que detenerse significaba retroceder. Aquellas palabras hoy resuenan con una fuerza inesperada. El problema no es solo cuántas mujeres ocupan un sillón en la Corte Suprema sino qué calidad democrática puede tener un país cuando el tribunal encargado de garantizar los derechos de toda la ciudadanía no representa a la sociedad que debe proteger.