La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz de 2016, ha imputado este martes a 27 antiguos comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Los hechos investigados incluyen un sinnúmero de desapariciones forzadas, masacres, atentados, desplazamientos forzados, torturas y violaciones en 15 departamentos de Colombia. Los implicados pertenecían al bloque Oriental, que tenía el mandato de rodear a Bogotá, y al Sur, encargado de aislar al Putumayo y Caquetá del resto del país. Es la primera imputación del macrocaso 10, que investiga los delitos que no se abordan en los otros procesos especializados que tiene la jurisdicción. Se hace de manera conjunta con el 11, enfocado en género: durante sus actividades para consolidar su control territorial, los exintegrantes de las FARC utilizaron la violencia sexual como castigo contra mujeres campesinas.

“Es un hito porque sistematiza una diversidad de cientos y miles de testimonios de las víctimas que no se habían visto nunca antes”, ha declarado durante una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidente de la Sala de Reconocimiento. Los crímenes son muy variados. Algunos marcaron la historia del país, como el magnicidio del político Álvaro Gómez Hurtado en 1995 en Bogotá, el atentado al Club El Nogal en 2003 en la misma ciudad y la toma guerrillera de Mitú (Vaupés) en 1998. Otros ocupan un lugar menor en la memoria nacional. La magistrada ha narrado como ejemplo un atentado con un caballo bomba en Chita (Boyacá), en el que murieron ocho personas. “El hecho dejó una sensación de terror cada vez que la comunidad veía caballos, animales que eran parte de su cotidianidad”, ha relatado.

Los imputados incluyen a cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada; Jaime Alberto Marra, cuyos nombres de guerra eran Mauricio Jaramillo y El Médico; y Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez. Los otros 23 comandantes, en tanto, tuvieron “mando y control” sobre tropas de los Bloques Oriental y Sur, que operaban en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas. Solo 5 de los 27 comparecientes han estado en una cárcel por sus crímenes. Casi la mitad de los comandantes de los bloques Sur y Oriental murieron como parte de las hostilidades.

La imputación ocurre a solo tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que ha calificado a la JEP como un tribunal que busca “lavarle la cara” a los cabecillas de las FARC y dejar sus crímenes en la impunidad. El presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, ha refutado estos señalamientos sin nombrar al mandatario electo. “No me canso de decirlo: nunca se ha investigado tanto a las FARC como lo hemos hecho en esta jurisdicción y este auto es una prueba más”, ha subrayado. Ha señalado que, con estas nuevas imputaciones, suman 109 exintegrantes de la extinta guerrilla que han sido identificados como máximos responsables. “Seguimos avanzando, profundizando, en investigaciones de las FARC y la fuerza pública”, ha resaltado.

Díaz Gómez, por su parte, se ha referido a “el panorama de impunidad” que recibieron hace seis años desde la justicia ordinaria. “En casi 10.000 expedientes de la Fiscalía, no hubo condenas en el 97%. En más del 90% ni siquiera se había superado la etapa preliminar.

El aparato judicial del Estado colombiano desconocía qué crímenes se habían cometido, quiénes eran los responsables y bajo qué lógicas de guerra habían actuado”, ha enfatizado. Según la magistrada, este vacío no se debía solo al temor de denunciar, sino a la imposibilidad de la justicia ordinaria de llegar a territorios aislados que estaban bajo el dominio de actores armados. “Como resultado, quienes hicieron la guerra casi nunca fueron llamados a rendir cuentas. Y, cuando lo fueron, respondieron apenas por una mínima parte de los crímenes cometidos”.

Al igual que con las demás imputaciones de la JEP, los comparecientes tienen 30 días hábiles para decidir si reconocen los crímenes. En caso de hacerlo, irán a una audiencia pública en la que deberán asumir su responsabilidad “frente a las víctimas, la justicia y el país”, según se lee en un comunicado que la magistrada Julieta Lemaitre leyó durante la rueda de prensa. Después, se les impondrán sanciones, como la participación en proyectos restaurativos que definan las víctimas y que hasta ahora han incluido la construcción de vías, la creación de centros memoria, el desminado de explosivos y la siembra de árboles. Los comparecientes que no reconozcan sus crímenes enfrentarán procesos en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida popularmente como la Fiscalía de la JEP. “De ser hallados responsables, tendrían que pagar penas de hasta 20 años de cárcel”, recuerda el comunicado.

Los magistrados han enfatizado que una gran parte de las 2.436 víctimas reconocidas en la imputación “fueron olvidadas” durante décadas. “Hay muchos hechos en este caso, pero el grito que hemos escuchado con más compasión y responsabilidad es aquella parte de Colombia que ha sido olvidada por el cubrimiento noticioso y a veces por la memoria misma de lo que sucedió en el conflicto armado”, ha señalado la magistrada Lemaitre. Díaz Gómez, en tanto, ha recordado a una mujer que vendía carne en Cartagena del Chairá, Caquetá. “Unos hombres las FARC la violaron y la obligaron a desplazarse. Le dijeron que no merecía vivir por darle de comer al Ejército cuando llegaba”, ha relatado.

Aunque aún faltan las sanciones, que ya existen en dos sentencias que la JEP profirió en segunda instancia, la magistrada ha reivindicado las imputaciones como un primer paso: “Hoy la Justicia Especial para la Paz revierte ese legado atroz de impunidad y entrega la radiografía judicial más completa sobre los frentes Sur y Oriental [de las FARC]”.