La lucha de familias indígenas contra uno de los empresarios más ricos de Argentina

La lucha de familias indígenas contra uno de los empresarios más ricos de Argentina

Mariano Peñaloza en su chacra de Pampa del Indio, Chaco (Argentina), contempla las hojas manchadas y secas de su huerta, en septiembre de 2010. Foto Red Salud

• Hace veinte años que las comunidades rurales del pueblo Qom de Chaco denuncian afecciones a la salud y daños sobre cultivos provocados por fumigaciones

Es una contienda muy dispareja, casi improbable: de un lado, familias indígenas de la zona más pobre de la Argentina. En el otro, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país.

La insistencia, sin embargo, tiene sus ventajas. Después de veinte años de reclamos y denuncias, un tribunal de justicia condenó a las firmas Unitec Bio —de la corporación del magnate Eduardo Eurnekian— y la arrendataria Marfra S.A. por las fumigaciones realizadas en el establecimiento Don Panos, un gigante de 50.000 hectáreas dedicado a la agricultura, la ganadería y la producción de biocombustibles, ubicado entre las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca, en la provincia de Chaco.

“Esta situación afecta directamente a las comunidades rurales, integradas mayoritariamente por población perteneciente a la etnia Qom, de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco”, se lee en la sentencia. “Desde al menos el año 2006 vienen denunciando ante organismos policiales, fiscales, legislativos y administrativos la persistencia de las fumigaciones y sus consecuencias sobre su salud, sus cultivos, sus animales y sus fuentes de agua”, es como se presenta el documento que da lugar a la acción de amparo presentada por las familias damnificadas.

Pampa del Indio es un lugar extremo. Está ubicado al noroeste del Departamento Libertador General San Martín, a unos 220 kilómetros de la ciudad capital (Resistencia), donde el Río Bermejo oficia de límite natural con la provincia de Formosa.

Históricamente, los grupos indígenas que habitaban la zona se dedicaban a la caza y la recolección. Tras la llegada de los colonos, algunas familias recibieron pequeñas parcelas para producir algodón y cultivos de subsistencia. A partir de los años 70, la llamada Revolución Verde transformó el modelo agrícola de Argentina con semillas híbridas, mecanización y agroquímicos, aunque la ruptura brusca recién se produjo en 1996 con el desembarco de la biotecnología y su producto estrella: la soja transgénica.

Daños causados en huertas aledañas al Establecimiento Don Panos por la deriva de las fumigaciones aéreas, en noviembre de 2021.Foto Red Salud

Impulsado por el nuevo paradigma productivo, Don Panos desmontó grandes extensiones de tierra para sembrar principalmente soja y algodón, en medio de denuncias por incumplimientos ambientales como la quema de material forestal o el uso de agroquímicos sin las medidas de seguridad, lo que derivó en actuaciones administrativas y denuncias públicas. En 2006, activistas de Greenpeace sortearon el alambrado de Don Panos y desplegaron un cartel kilométrico con la advertencia: “Eurnekian: matar al bosque no es negocio”. La organización ecologista ya había apuntado contra el empresario en el informe “Desmontes S.A.”, donde lo acusaban de arrasar 4.000 hectáreas.

Se intentó obtener una declaración de los directivos de Don Panos y del propio Eurnekian sobre la decisión judicial, el reclamo de los denunciantes y las antiguas denuncias, pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, la abogada Nora Rey, representante de Unitec Bio, confirmó que ya presentaron un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. En caso de que la Cámara lo considere admisible, pasará al tratamiento del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Por su parte, Alejandra Gómez, abogada de los damnificados y una de las fundadoras de la Red Popular Doctor Ramón Carrillo, organización sanitaria que brinda asesoramiento a pueblos fumigados y comunidades originarias, lamenta que se hicieran “oídos sordos” durante tanto tiempo a las denuncias de las familias Qom de estos parajes. “Y eso que existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el de 2007, que obligó al Estado Nacional y a la Provincia de Chaco a brindar asistencia humanitaria, alimentos y agua potable a las comunidades indígenas de la región”, afirma.

El reciente fallo evidenció la responsabilidad de la provincia al sentenciar que la “línea agronómica”, que delimita las zonas de exclusión, fue diseñada sin contemplar las viviendas rurales ni las fuentes de agua utilizadas por las comunidades, generando “un esquema de protección insuficiente y discriminatorio”.

Agentes de la Dirección de Fiscalización Ambiental constatan los daños causados por las fumigaciones aéreas realizadas en días previos en el Establecimiento Don Panos, en noviembre de 2021. Foto Red Salud

Para Rosalba Peñaloza, hija de Mariano Peñaloza, el primero en alzar la voz de las comunidades Qom de Pampa del Indio contra las fumigaciones en Don Panos, recordar es un ejercicio triste. “Todo lo que había en nuestra casita se nos iba muriendo: chivos, gallinas, patos, todo perdimos. Mi papá lloraba y le pedía a Dios que llegara el día en que dejaran de tirarnos venenos”. En bicicleta, el padre visitaba otras familias afectadas recolectando testimonios y pruebas. Después seguía hasta la comisaría local para denunciar el drama, ya que era el único que hablaba el idioma de los criollos. El desinterés de los policías lo llevó a recorrer cada despacho de la burocracia estatal. Finalmente, en 2011, logró exponer el caso en la Legislatura provincial. “Quiero que nos escuchen. Se enferman nuestros hijos, les agarra diarrea, manchas en la cara, y hay médicos que vienen y dicen ´les pasa esto´, pero nunca dicen que se enferman de venenos”.

Raúl Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), es una excepción a las palabras de Peñaloza. “El primer caso que atendí fue en el año 93. Una señora entró con su hijita de veinte días de nacida en brazos. Cuando le sacó la manta, la bebé no tenía brazos, eran esbozos de brazos, y la pierna derecha era mucho más corta. Fue estremecedor”, cuenta.

Protesta de Greenpeace en el Establecimiento Don Panos, en Pampa del Indio, Chaco (Argentina), 7 de noviembre de 2006. Foto Julio Pantoja / Infoto

Al laboratorio de Lucero llegaban tandas de niños con malformaciones congénitas derivadas de los hospitales de la zona. Al hablar con las familias, se constataba el mismo patrón: las embarazadas trabajaban en el campo durante las pulverizaciones.

“Descubrimos que la gente con registros más altos de venenos en sangre y orina tenía mayor riesgo de genotoxicidad; incluso, encontramos restos de glifosato en personas que vivían en la ciudad. Llegamos a la conclusión de que esos tóxicos no se eliminaban; ingresaban a los cuerpos a través de los alimentos y el agua”, recuerda Lucero, ya convertido en un veterano estudioso del tipo de daño genético conocido como “aberraciones cromosómicas” en pueblos fumigados del interior de Chaco.

“Ahora no nos fumigan”, se alivia Rosalba, aunque el recuerdo, otra vez, le entrecorta la voz. “Papá murió hace cinco años, él estaba enfermo, tenía dolor de estómago, vómitos. En mi conciencia sé que mi papá murió por el veneno”.