La nueva mano dura de Colombia amenaza con agravar el crimen hacia Ecuador

La nueva mano dura de Colombia amenaza con agravar el crimen hacia Ecuador

Soldados patrullan en la ciudad de Guayaquil durante el estado de emergencia declarado por el presidente Daniel Noboa en Ecuador, el 15 de mayo de 2026. Foto Dolores Ochoa (AP Photo/Dolores Ochoa)

• La ofensiva que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara contra los grupos armados amenaza con colocar al país vecino como el principal territorio de repliegue de los grupos criminales

El Gobierno de Daniel Noboa espera que la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia abra una nueva fase de cooperación militar y policial en los 586 kilómetros de frontera que comparten ambos países.

Noboa ha dicho públicamente que la presencia de militares en la frontera “va a ser crucial” y que ese tema “se ha conversado”, en referencia a operativos coordinados contra el narcotráfico y los grupos armados que operan en la zona. Según el mandatario, esa expectativa fue lo que motivó la ofensiva arancelaria con la que ha pasado meses presionando a Gustavo Petro para activar el contingente militar en la zona compartida. Pero la presión militar tiene un riesgo: puede empujar a las redes criminales hacia el eslabón más débil de la región.

La expectativa de Quito no es menor. Ecuador quedó atrapado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo (Colombia y Perú) y se convirtió en uno de los principales corredores para sacar droga hacia Estados Unidos y Europa. Lo que durante años fue una frontera periférica pasó a ser un territorio estratégico para las disidencias de las FARC y para bandas dedicadas al tráfico de drogas, minerales, explosivos, combustible y madera, así como a la extorsión y la trata de personas. Estas estructuras criminales transnacionales encontraron en las provincias fronterizas un espacio con escasa presencia estatal y enormes oportunidades para los negocios ilícitos.

El corredor entre Nariño, Putumayo y el norte de Ecuador funciona hoy como una misma geografía criminal. Por los pasos ilegales no solo circula cocaína hacia los puertos del Pacífico; también entran armas, dinero de contrabando y maquinaria vinculada a la minería ilegal. El riesgo, advierte Juan Carlos Buitrago, general retirado de la Policía de Colombia, es que una ofensiva simultánea de Quito y Bogotá contra las disidencias y el ELN no elimine esas estructuras, sino que las empuje a fragmentarse, desplazarse y aumentar la violencia sobre las comunidades fronterizas. El fenómeno es conocido en seguridad como “efecto globo”: la presión sobre una zona no elimina el delito, sino que lo desplaza hacia territorios donde el Estado tiene menor capacidad de control.

Buitrago considera que uno de los riesgos más inmediatos está en Nariño, donde sigue activo un proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y el Frente Comuneros del Sur del ELN, al margen del comando nacional de esa guerrilla. Aunque no ha producido acuerdos definitivos, el mecanismo ha contribuido a contener parte de la violencia en la frontera con Ecuador. “El gobierno entrante va a acabar de raíz con ese diálogo”, sostiene Buitrago, quien considera que ha sido este proceso lo que ha evitado que el Frente cometa acciones violentas. Su ruptura, advierte, podría “reactivar la violencia por parte de esta estructura del ELN en la frontera, con efectos directos sobre Nariño y la zona limítrofe ecuatoriana”.

Buitrago cuestiona además la premisa central de la estrategia que comparten Noboa y De la Espriella: que más fuerza equivale automáticamente a más seguridad. A su juicio, una ofensiva coordinada entre Colombia y Ecuador contra el ELN y las disidencias de las FARC puede desencadenar una respuesta violenta contra la sociedad civil, las comunidades, las empresas, las instituciones y la fuerza pública en la frontera. El problema, insiste, es estructural: “Hoy tenemos una fuerza pública debilitada, que ha venido trabajando con las capacidades del pasado, sin liderazgo ni experiencia en la lucha contra el terrorismo y sin las garantías jurídicas necesarias para sostener una ofensiva prolongada”.

La advertencia resulta sobre todo incómoda para Ecuador, que desde enero de 2024 —cuando Noboa declaró el país en “conflicto armado interno”— enfrenta precisamente el mismo desgaste: despliegue permanente de militares, inteligencia insuficiente, capacidades limitadas para controlar territorios fronterizos y una expansión sostenida de las economías criminales.

En ese escenario, la prometida guerra regional contra el narcotráfico —articulada bajo el Plan Colombia 2.0, la estrategia de mano dura con la que De la Espriella reemplaza la “paz total” de Petro, y el Escudo de las Américas, la alianza militar liderada por Washington a la que Colombia se sumará con el nuevo Gobierno— podría terminar fortaleciendo el fenómeno que dice combatir, al desplazar la violencia hacia los espacios donde el Estado sigue siendo débil o inexistente.

La advertencia de Buitrago no es solo una proyección sobre el futuro, sino un fenómeno con raíces más profundas. Para el coronel retirado del Ejército ecuatoriano y exjefe de inteligencia, Mario Pazmiño, Ecuador ya vivió una versión anterior de ese desplazamiento criminal. Ocurrió con el primer Plan Colombia, firmado en 1999 y luego profundizado con el expresidente Álvaro Uribe, que provocó un reacomodo regional del narcotráfico.

Según el relato de Pazmiño, la ofensiva militar contra las FARC impulsó una reunión en Sinaloa entre capos de Guatemala, México y Colombia, que buscaban responder a los bombardeos y ataques del Estado colombiano contra la guerrilla. “Los capos necesitaban articular una estrategia de hacia dónde podían llevar sus negocios ilícitos”, relata.

“Necesitaban un país con fronteras permeables, cerca de los centros de producción de coca y de los puertos, que permitiera lavar el dinero, con altos niveles de corrupción y una justicia que levantara la bandera de la impunidad. Esos países eran Ecuador y Venezuela”, enumera Pazmiño.

Con esas condiciones a su favor, los grupos armados se fueron afianzando en Ecuador y hoy mantienen control sobre buena parte de la frontera binacional. Se convirtieron, asegura Pazmiño, en una amenaza que desbordó las capacidades tanto de Colombia como de Ecuador.

Los organismos de inteligencia ecuatorianos han identificado, según Pazmiño, al menos una docena de estructuras criminales en la frontera norte, entre ellas el grupo Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Comuneros del Sur, los Comandos de la Frontera y facciones de la Segunda Marquetalia. Estas organizaciones actúan en coordinación con otras megaestructuras, añade Pazmiño: los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo y el Comando Vermelho de Brasil.

Ambos analistas coinciden en que el problema se agudizó durante el Gobierno de Gustavo Petro, que abandonó la política de erradicación forzosa para impulsar la sustitución de cultivos de coca por alimentos básicos, un plan que, a su juicio, no dio resultados. “Mientras tanto, los puertos ecuatorianos —tan cerca de la zona de producción, que permiten desplazar la droga sin complicaciones— tomaron relevancia en las estructuras delictivas”, señala Pazmiño.

Para Daniel Pontón, analista en seguridad e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito (IAEN), otro punto de inflexión en el incremento de la violencia en Ecuador se produjo tras la firma de la paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. “Se advirtió que una parte de los combatientes y de las economías ilegales podía desplazarse hacia países vecinos si no existía un control efectivo del territorio”, señala Pontón.

Una década después, Ecuador enfrenta justamente algunos de esos síntomas: presencia de disidencias colombianas en Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, expansión de la minería ilegal en la Sierra centro y la Amazonía, y una creciente articulación entre grupos armados extranjeros y las bandas ecuatorianas.

“Tampoco parece que el nuevo gobierno colombiano esté interesado en una política de desarrollo fronterizo, en hacer infraestructura, en invertir en cambiar la dinámica”, concluye Pontón.

Aunque Noboa y De la Espriella hablan de “pueblos libres” y “progreso” —consignas repetidas en sus discursos de campaña— y comparten la idea de que la mano dura y el discurso de guerra bastarán para conseguirlo, ninguno de los dos ha planteado con claridad una estrategia de inversión social, recuperación territorial o garantías de vida para las poblaciones indígenas que hoy contienen parte de la escalada de violencia en la frontera. Tampoco hay señales de que la captación de niños y adolescentes por las mafias, ni el acceso universal a la educación en esas zonas, formen parte de sus prioridades. Hasta ahora, ningún territorio fronterizo ha sido recuperado por el Estado.

La intervención del Gobierno ecuatoriano en las elecciones presidenciales de Colombia —usó la rebaja de aranceles como palanca a favor de candidatos opositores a Petro— parece haber dado los frutos que esperaba Noboa y ahora llegará al poder un aliado dispuesto a profundizar la guerra contra el crimen organizado. Queda, sin embargo, la advertencia de que Ecuador podría terminar pagando el costo de esa nueva mano dura y consolidarse como el territorio de repliegue de las economías criminales de la región.