Condenado en Argentina uno de los represores que secuestró al escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh

Condenado en Argentina uno de los represores que secuestró al escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh

Rodolfo Walsh, periodista y escritor argentino desaparecido durante la dictadura, en una fotografía de archivo.           Foto Romina Santarelli (Ministerio de Cultura de la Nación)

• La justicia sentenció a Gonzalo ‘Chispa’ Sánchez a 16 años de prisión por ser coautor de 178 secuestros durante la última dictadura militar

El 25 de marzo de 1977, el día posterior al primer aniversario de la dictadura que asoló Argentina hasta 1983, el escritor y periodista Rodolfo Walsh fue emboscado en una esquina de Buenos Aires mientras distribuía de forma clandestina su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, en la que denunciaba con una claridad premonitoria los crímenes que a la historia le llevó años reconstruir.

Tras resistir el secuestro con una pistola de bajo calibre, el pionero del nuevo periodismo latinoamericano y autor de Operación Masacre fue baleado y trasladado a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático del régimen militar. En ese lugar se perdió el rastro de su cuerpo. Uno de los hombres que participó de esa emboscada fue el represor Gonzalo Chispa Sánchez, a quien este miércoles la justicia condenó a 16 años y 8 meses de prisión al considerarlo coautor de ese hecho y de otros 177 secuestros.

El veredicto del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue unánime y cerró el noveno tramo de la llamada megacausa ESMA, un gran proceso judicial que investigó y juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, por el que se estima que pasaron alrededor de 5.000 víctimas, de las que sobrevivieron apenas 200. El único imputado en este juicio fue Sánchez, exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada, quien permaneció prófugo durante 15 años y en 2020 fue extraditado desde Brasil.

Durante 1977, Sánchez —hoy de 75 años— actuaba en el Servicio de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, dependiente de la Armada, y según las pruebas recabadas en la causa, ejercía como nexo entre ambas fuerzas. Decenas de sobrevivientes reconocieron a Sánchez como uno de los hombres que intervenía en los secuestros, torturas y traslado de personas detenidas.

Según la investigación, Sánchez también les hizo saber a los cautivos sobre los “vuelos de la muerte”, una de las metodologías que utilizaba la dictadura para eliminar a las víctimas: a los detenidos-desparecidos les inyectaban una sustancia que los dejaba adormecidos, luego los subían a un avión y desde la altura los arrojaban al mar.

Fotografías del legajo de Gonzalo Sánchez, imputado por la desaparición de Rodolfo Walsh. Foto Ministerio Público Fiscal

En el juicio, que se inició en octubre de 2025 y concluyó esta semana, se investigaron 193 secuestros cometidos en el ámbito de la ESMA entre 1976 y 1978. Del total de casos, 19 están ligados a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, por hechos que padecieron tanto niños nacidos en cautiverio como sus padres mientras se encontraban privados ilegalmente de la libertad, los cuales en su mayoría continúan desaparecidos. Se estima que a lo largo de siete años de dictadura unos 500 bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres fueron apropiados, entregados como botín de guerra y criados bajo identidades adulteradas. Gracias al trabajo de Abuelas, 140 casos han sido resueltos entre 1978 y la actualidad.

“Sánchez se convierte en el genocida número 1.251 en ser condenado en Argentina. Todavía tiene una instancia para apelar la sentencia, pero igualmente significa un avance dentro de la causa ESMA, en la que todavía queda mucho por juzgar”, apunta Pablo Llonto, abogado de familiares de víctimas.

Los fiscales Félix Crous y Marcela Obetko, al igual que la querella, habían solicitado 25 años de prisión para Sánchez. Finalmente, los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Adriana Palliotti otorgaron una pena de 16 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por considerarlo coautor del delito de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por haber sido cometido por un funcionario público, por mediar violencia y amenazas y por su duración superior a un mes. Permanecerá, como hasta ahora, detenido en la cárcel de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires.