Milei designa más de 160 nuevos magistrados y los tribunales responden con fallos favorables al Gobierno ultra

Milei designa más de 160 nuevos magistrados y los tribunales responden con fallos favorables al Gobierno ultra

Javier Milei en la Jura del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Foto Presidencia

• El presidente argentino nombra jueces, fiscales y defensores públicos en acuerdo con un amplio sector del poder judicial y con apoyo de la oposición

Las grandes promesas de Javier Milei para llegar al Gobierno argentino fueron recortar el gasto público, desregular la economía y combatir a “la casta”, el difuso conjunto de los supuestos beneficiados por el Estado. Pero sus mejores resultados en este, su tercer año de mandato, radican en un área inesperada, la justicia. El Gobierno ultra ha conseguido, en lo que va de 2026, designar a a 166 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos, con apoyo de casi todo el arco político. También ha anunciado que impulsará una reforma de los tribunales federales de Buenos Aires, un fuero clave para las causas de corrupción de la Administración nacional. Claro que, para hacer todo eso, el presidente tuvo que resignar una de aquellas promesas: el avance sobre el sistema de justicia se basa en un pacto tácito con un poderoso sector de la comunidad judicial, es decir, una de las corporaciones que antes consideraba parte de “la casta”.

El acuerdo y las designaciones, cuestionadas por organizaciones especializadas, ya parecen rendir frutos para el Gobierno. En los últimos días, Milei y sus aliados fueron beneficiados por múltiples fallos favorables en causas sensibles de presunta corrupción.

Hasta hace seis meses, avanzado este año, Milei no había propuesto ni nombrado a ningún juez y agudizaba el atraso heredado en la cobertura de cargos del sistema federal y nacional: sobre un total de más de 1.600 puestos, había alrededor de 560 vacantes para magistrados, fiscales y defensores. Faltaba designar al 35%.

El escenario cambió con la decisión del presidente, en marzo pasado, de nombrar como nuevo ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, un influyente miembro de la llamada familia judicial. De aceitados contactos con el poder político y económico, Mahiques es un abogado de 46 años, hijo de un veterano juez de la Cámara de Casación Penal y con paso como funcionario por varios tribunales. Desde 2015 ha ocupado diversos cargos en el sistema de justicia, a nivel nacional y de la ciudad de Buenos Aires, bajo gobiernos del PRO, el partido conservador liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). La alianza informal de ese partido con la ultraderecha, así como su red de influencias en los tribunales, llevaron a Mahiques hasta el ministerio, apoyado por Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

La designación de magistrados es un proceso complejo en Argentina. Un organismo colegiado, el Consejo de la Magistratura, concursa los cargos y define una terna vinculante de candidatos. El Ejecutivo elige entre esos tres postulantes y eleva su propuesta al Senado de la Nación. La Cámara alta evalúa los pliegos en audiencias públicas y luego decide por voto de la mayoría. Finalmente, el presidente nombra a los jueces, fiscales y defensores con un decreto.

Con el impulso de Mahiques, el Gobierno envió al Congreso más de 200 pliegos de magistrados desde mayo pasado. En tiempo récord, el Senado ya prestó su acuerdo para nombrar la mayoría, casi todos por unanimidad. Con apoyo, incluso, de los senadores de la oposición. En algunas designaciones, ese voto a favor despertó fuertes críticas internas en el peronismo: muchos militantes interpretaron como una traición el respaldo de sus dirigentes a integrantes de la familia judicial que esa misma dirigencia venía acusando, desde hace años, por hacer uso político de la justicia, el mentado lawfare, con el caso de la condenada expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) como emblema.

“Javier Milei alcanzó las 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores en un solo año, la cifra más alta registrada en el país para un mismo período”, celebró Mahiques el martes pasado, a través de sus redes sociales. “Un verdadero cambio de época para el Poder Judicial. La cobertura acelerada de vacantes históricamente frenadas permite aliviar la carga en los tribunales, agilizar los tiempos procesales y modernizar la estructura de la justicia”, consideró el ministro, después de que el presidente firmara los decretos con los nombramientos. De los 166 nombramientos, 129 son nuevos jueces.

Irregularidades y favores

Aunque la decisión del Gobierno de cubrir las vacantes judiciales fue mayoritariamente avalada, el proceso de elección de los magistrados recibió fuertes críticas. “Hubo un cúmulo de irregularidades en todas las instancias del proceso de selección”, señala Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En los concursos del Consejo de la Magistratura, detalló, la entrevista oral con los candidatos opera como una instancia discrecional: “Hay candidatos que tenían una nota baja en el examen escrito y, de pronto, suben 30 puestos en la entrevista”.

Pero los mayores problemas, agregó Fernández, se verificaron al llegar las ternas de candidatos al Ejecutivo. Por un lado, con el uso de las listas complementarias de postulantes sin que se verificaran los requisitos para utilizarlas. Y por otro lado, con una maniobra que ya se había registrado durante el Gobierno anterior. En varios casos,el Ejecutivo combinó a los integrantes de distintas ternas, eligió a más de uno de la misma y excluyó por completo a otras ternas, desconociendo el carácter vinculante que, según la Constitución, cada propuesta tiene para cada cargo. Con esos argumentos, ACIJ denunció ante la justicia el nombramiento de 14 magistrados.

Para Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el avance de Milei sobre la justicia se basa en “el proceso de nombramientos más grande en cantidad de los últimos tiempos y también el más trascendente, porque va a tener un impacto largo,se trata de personas jóvenes que se van a quedar por mucho tiempo”. Desde su perspectiva, es el resultado de la confluencia circunstancial de los intereses del Gobierno con los de un sector importante de la justicia federal, representado por el ministro Mahiques.

“Vemos con preocupación un proceso que está reproduciendo una lógica muy negativa en la conformación del Poder Judicial”, afirma Litvachky, “una lógica de funcionamiento muy cuestionada por los conflictos de intereses, la falta de independencia y también por la defensa de sus propios privilegios, negocios y relaciones políticas”.

Durante la última decena de días, una llamativa serie de fallos judiciales favoreció al Gobierno de Milei y sus aliados. La nueva conformación de la Cámara Federal de Buenos Aires excluyó a los querellantes de la causa $Libra (la presunta estafa con una criptomoneda que involucra a Milei), una causa que se mantenía activa, justamente, por los planteos de los ahora apartados. El mismo tribunal confirmó el cierre de un expediente que investigaba al ministro de Economía, Luis Caputo, por negociaciones incompatibles con la función pública, y también ratificó la clausura de otra causa contra el expresidente Macri, Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por irregularidades en la toma de un multimillonario préstamo del FMI en 2018. Un juez recién ascendido archivó el expediente centrado en el ingreso al país,sin pasar por controles aduaneros, de diez valijas en un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con dirigentes ultraderechistas de Argentina y de EE UU. No fueron las únicas resoluciones en el mismo sentido.

El Gobierno de Milei adelantó que, a partir de ahora, intentará profundizar los cambios iniciados en la justicia. Mahiques anunció que empujará una reforma de la justicia federal que, entre otras iniciativas, intentará reducir los tribunales de Buenos Aires, donde se concentran las causas por corrupción que involucran a funcionarios nacionales. El Ejecutivo también buscará, en un plazo aún incierto,nombrar a los dos jueces que faltan para completar la Corte Suprema: allanando ese camino, Milei ya eliminó por decreto instancias de participación ciudadana y recomendaciones para atender criterios de diversidad de género, especialidad y origen regional que, desde 2003, regían el proceso para elegir magistrados del máximo tribunal.